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La propuesta del presidente de Chile, José Antonio Kast, de construir un corredor humanitario entre Chile y Venezuela para el regreso de los migrantes venezolanos a su país ha sido presentada como una iniciativa compasiva dirigida a facilitar este retorno, a pesar de que hasta el momento no se han presentado indicios que señalen que haya una intención por parte de la comunidad venezolana en el exterior de un retorno masivo.
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Pero bien podría interpretarse también como un intento por instrumentalizar una figura humanitaria diseñada para salvar vidas y preservar la dignidad de las personas con el fin de justificar la deportación masiva de migrantes, la mayoría de ellos venezolanos, que se encuentran en situación irregular en los países suramericanos, especialmente en el cinturón andino que además de Chile conforman Perú, Ecuador y Colombia, receptores del mayor porcentaje de migración venezolana.
Kast realizó esta propuesta el 23 de diciembre de 2025 luego de salir vencedor en la segunda vuelta de las elecciones celebradas pocos días antes, durante una visita que dispensó al presidente de Ecuador, Daniel Noboa. La idea la volvió a sacar a la luz el mandatario ecuatoriano con ocasión del encuentro que mantuvo con Kast el 10 de marzo en las reuniones previas a su asunción de mando.
La expulsión de los migrantes que están en situación irregular fue una de las principales promesas de campaña del ahora presidente chileno, mientras que el jefe del Ejecutivo ecuatoriano también se ha manifestado partidario de medidas de mano dura contra la migración, por lo que no han sorprendido las coincidencias que ambos han tenido en los asuntos migratorios.
Los corredores humanitarios son un instrumento del Derecho Internacional Humanitario (DIH) ideado para ser aplicado de manera temporal en regiones afectadas por conflictos armados o desastres naturales, cuyo objetivo es permitir el acceso seguro de ayuda humanitaria y la evacuación de civiles. Se ha aplicado principalmente en situaciones bélicas como las vividas recientemente en la guerra civil de Siria, la invasión rusa de Ucrania o en los enfrentamientos de Tigray en Etiopía.
Todas estas conflagraciones han originado importantes fenómenos migratorios de alcance regional y global que ameritaron la intervención de organismos como Naciones Unidas y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para implementar corredores humanitarios que garantizasen la supervivencia de la población civil atrapada, facilitasen la evacuación segura de personas vulnerables como niños, ancianos y enfermos y permitiese el acceso de organizaciones humanitarias para distribuir alimentos, medicinas y agua.
La gran diferencia entre la propuesta de Kast, apoyada por Noboa, y los casos internacionales mencionados, es que América del Sur no está viviendo un escenario bélico y que el plan se pretende implementar no para salvar vidas permitiendo la salida de personas de zonas conflictivas, sino para facilitar - ¿y forzar? - el regreso de los migrantes venezolanos a su país de origen, una nación aún inmersa en una monumental crisis económica y social y donde todavía existe una gran incertidumbre en torno a la evolución política que pueda producirse pues el régimen dictatorial se mantiene en el poder con todo su aparato represivo intacto.
Además, la migración venezolana que alcanza los 8 millones de personas es un fenómeno que no ha cesado aunque haya disminuido en su intensidad respecto a su momento de mayor auge entre los años 2017 y 2020, por lo que no luce lógico que se centren los esfuerzos en este momento en su retorno en vez de concentrarse en políticas de regularización e integración en los países de acogida.
De modo que, de materializarse este corredor humanitario, estaríamos ante una situación muy contradictoria donde se estaría utilizando un instrumento del Derecho Internacional Humanitario no para proteger a las personas sino para facilitar el programa de algunos gobiernos de desembarazarse de poblaciones migrantes que están en situación irregular.
Si existiesen migrantes que voluntariamente quisieran regresar a su país no necesitarían recurrir a un corredor humanitario que repetiría imágenes como la de los “caminantes” que en años previos recorrieron el continente, pero esta vez en sentido contrario, pues bien lo podrían hacer por sus propios medios cuando contasen con recursos o, en todo caso, con la ayuda gubernamental o de organizaciones no gubernamentales cuando no los tuviesen, para hacerlo dignamente.
El proyecto de Kast y Noboa requeriría para llegar a ser una realidad el apoyo de Perú y Colombia, países que enfrentarán próximamente elecciones presidenciales y aún no se sabe la posición que los ganadores pudiesen tener respecto a la migración. El caso más delicado es el de Colombia, pues al ser la nación fronteriza con Venezuela correría siempre mayores riesgos de convertirse en un estado tapón en términos migratorios.
*Txomin Las Heras Leizaola es presidente de Diálogo Ciudadano Colombo Venezolano y trabajó como investigador adscrito del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario.
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Por Txomin Las Heras Leizaola*
