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Esta semana, un par de gobernadores republicanos del sur utilizaron a grandes cantidades de migrantes para llevar a cabo una jugarreta política diseñada para golpear a los demócratas sobre la situación del sistema migratorio de Estados Unidos, subieron a los migrantes a aviones y autobuses con destino a lugares muy progresistas en el norte.
No obstante, aunque el mensaje político de los gobernadores de Florida, Ron DeSantis, y de Texas, Greg Abbott, fue claro, las entregas abruptas causaron incertidumbre sobre qué pasaría con los seres humanos involucrados y plantearon preguntas complejas sobre cómo funciona el sistema migratorio, qué derechos tienen los migrantes y qué temas legales están relacionados al respecto.
Abogados migratorios y observadores legales mencionaron que todavía estaban determinando si se violó alguna ley cuando Abbott envió por autobús a casi cien migrantes, entre ellos niños, para que fuesen dejados sin aviso previo afuera de la residencia de la vicepresidenta Kamala Harris en Washington D. C. y cuando DeSantis instruyó que alrededor de cincuenta más subieran a aviones alquilados para volar a Martha’s Vineyard, el destino turístico en una isla de Massachusetts.
A continuación, lo que sabemos hasta el momento.
Los migrantes ya estaban en un limbo migratorio
Los migrantes transportados a Martha’s Vineyard son venezolanos que hace poco cruzaron sin autorización la frontera suroeste y se entregaron a funcionarios fronterizos. Los migrantes llevados a la casa de Harris son originarios de Colombia, Cuba, Guyana, Nicaragua y Panamá e ingresaron al país de la misma manera.
Tras ser detenidos, fueron investigados y liberados para enfrentar procesos en el futuro. El gobierno de Biden ha usado este procedimiento con casi todos los migrantes cubanos y venezolanos que cruzan la frontera porque no tiene relaciones diplomáticas con esos países que serían necesarias para enviarlos de regreso.
No obstante, es probable que muchos de los migrantes planeen pedir asilo, al declarar que enfrentan violencia o persecución en sus países de origen y que tienen miedo de regresar. Según las leyes estadounidenses, cualquier migrante tiene el derecho de hacerlo, al comenzar un proceso en el cual funcionarios federales determinen si la petición es válida y pueden obtener autorización para residir de manera legal en Estados Unidos.
Ese proceso tiene un retraso de varios años, lo que significa que esos migrantes, como muchos en Estados Unidos, viven en un estado migratorio similar a un limbo.
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Es legal que los estados transporten a los migrantes, pero las entregas generan cuestionamientos
La ley indica que una vez que los migrantes han sido liberados por funcionarios fronterizos y les brindaron los documentos para presentarse ante la corte, ya no están en custodia federal y son libres de viajar dentro de Estados Unidos. No es ilegal que un gobierno estatal pague por ese viaje.
No obstante, si hay evidencia de que funcionarios estatales mintieron a los migrantes sobre adónde iban o lo que les esperaba, como algunos abogados alegan, los migrantes podrían presentar demandas por daños y perjuicios por fraude o angustia emocional grave, según Heidi Li Feldman, una profesora de la Universidad Georgetown.
Iván Espinoza-Madrigal, el director ejecutivo de Lawyers for Civil Rights Boston, quien representa a algunos de los migrantes enviados a Martha’s Vineyard, afirmó que a sus clientes les negaron el derecho constitucional al debido proceso, ya que es probable que el viaje a Massachusetts implique que no podrán asistir a sus citas ante la corte migratoria en San Antonio.
Espinoza-Madrigal opinó: “Si eres coaccionado e inducido a abordar un avión bajo promesas falsas y te dijeron que volarías a un lugar y a medio vuelo te dirigen a otro sitio, eso es una privación de la libertad que la Constitución prohíbe”.
Algunos abogados también han manifestado que agentes federales anotaron de manera deliberada direcciones incorrectas para los migrantes, lo que habría impedido que recibieran notificaciones adecuadas para sus audiencias migratorias. Sin embargo, no queda claro si se violó alguna ley; no es poco común que un agente federal que confronta a un migrante que no tiene una dirección en Estados Unidos apunte el nombre de un albergue en el destino al que el migrante indica que se dirige.
Aunque críticos han comparado las acciones de DeSantis y Abbott con tráfico de personas o secuestro, varios abogados ponen en entredicho la posibilidad de que los gobernadores sean procesados por tales delitos porque no ha surgido evidencia de que los migrantes abordaron los vuelos o subieron al autobús contra su voluntad.
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Altos funcionarios de Trump fueron los primeros en sopesar las entregas de migrantes
Desde hace años, organizaciones sin fines de lucro han ayudado a migrantes a pagar por vuelos y viajes en autobús para ir con sus amistades y familiares en todo Estados Unidos.
No obstante, el plan del gobierno de usar entregas de migrantes en ciudades demócratas data del gobierno del expresidente Trump, cuando la práctica fue adoptada por Stephen Miller, su asesor sénior y el arquitecto de sus políticas migratorias. Miller y otros opositores de línea dura a los migrantes en el gobierno consideraron la acción como una forma de tomar represalias contra las llamadas ciudades santuario que limitaron su cooperación con las autoridades migratorias federales.
Al final, la idea fue descartada después de que fuera rechazada por Matthew Albence, el entonces subdirector interino del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, quien alertó sobre cuestiones de responsabilidad si un migrante resultaba herido durante el transporte. También expresó que el presupuesto de la agencia no había sido apropiado para las entregas.
Críticos de las recientes entregas de migrantes han hecho comparativos con los llamados Viajeros de la Libertad a la Inversa organizados por segregacionistas blancos en 1962 para tomar represalias contra aquellos que protestaban contra la segregación en el sur.
Los segregacionistas prometieron con engaño empleo y alojamiento permanente a afroestadounidenses y causaron que alrededor de 200 de ellos viajaran al norte. Esas familias también llegaron a Massachusetts, cerca de la casa vacacional del entonces presidente John F. Kennedy.
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