El gobierno de Trump trasladó el jueves a todos los migrantes venezolanos que había llevado a la base militar estadounidense de Guantánamo, Cuba, vaciando repentinamente una operación de detención que había iniciado de forma igual de abrupta este mes.
Dos aviones de pasajeros operados por Global X, una empresa de vuelos chárter, volaron a la base naval el jueves por la mañana y trasladaron a la mayoría de los migrantes a un aeródromo de Honduras. Después iban a abordar un avión venezolano para su repatriación.
Tricia McLaughlin, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, dijo que 177 migrantes habían sido transferidos a custodia venezolana, y uno había sido devuelto a un centro migratorio en Estados Unidos. En una declaración presentada ante el tribunal a primera hora del jueves, un funcionario del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por su sigla en inglés) había dicho que 178 venezolanos se encontraban en la base.
No estaba claro si el gobierno tenía intención de enviar más migrantes a la base.
Este abrupto traslado de migrantes se produce en un momento en que la operación ha suscitado numerosas preguntas sobre si el gobierno tenía autoridad legal legítima para llevar a personas de las instalaciones del ICE en Estados Unidos a la base de Cuba para su detención prolongada. Los abogados defensores de los derechos de los inmigrantes han acudido a los tribunales para obtener acceso a los migrantes, y se espera que los grupos defensores de los derechos presenten un recurso más amplio contra la política del gobierno de Trump.
“Es una forma de evitar que los litigios cobren fuerza”, dijo Harold Hongju Koh, profesor de la Facultad de Derecho de Yale, quien trabajó como abogado en el Departamento de Estado durante el gobierno de Barack Obama y lleva mucho tiempo conociendo litigios sobre detenidos en Guantánamo. Y añadió: “La posesión es nueve décimas partes de la ley”.
La entrega tuvo lugar en la base aérea de Soto Cano, donde el Mando Sur del ejército estadounidense mantiene una presencia desde hace décadas, informó Honduras en un comunicado.
El gobierno hondureño dijo que facilitaba el traslado por lo que describió como razones humanitarias.
El 29 de enero, Trump ordenó al ejército estadounidense y al Departamento de Seguridad Nacional que se prepararan para ampliar un centro de operaciones para migrantes en Guantánamo, afirmando que “proporcionaría espacio de detención adicional para extranjeros delincuentes de alta prioridad presentes ilegalmente en Estados Unidos”.
El ejército empezó a transportar migrantes a la base en vuelos casi diarios desde un centro de inmigración en El Paso, a partir del 4 de febrero. Al anunciar el primer vuelo de traslado, el Pentágono calificó la operación de “medida temporal” para asegurar a los migrantes “hasta que puedan ser transportados a su país de origen o a otro destino apropiado”.
Todos los migrantes llevados a Guantánamo hasta la fecha han sido ciudadanos de Venezuela. Ha sido difícil deportar a personas a ese país debido a la ruptura de relaciones entre su gobierno autoritario y Estados Unidos.
Pero un asesor de Trump, Richard Grenell, visitó Venezuela a finales de enero y pareció lograr un avance diplomático, que incluía un acuerdo para que Venezuela volviera a aceptar deportados. El 10 de febrero, Venezuela envió dos aviones a El Paso para recoger a unos 190 de sus ciudadanos, a quienes el Departamento de Seguridad Nacional describió como bajo órdenes de deportación definitivas.
A medida que se reanudaron los vuelos, no ha quedado claro por qué algunos venezolanos fueron llevados a Guantánamo.
Los funcionarios del gobierno de Trump habían descrito inicialmente a los migrantes trasladados a Venezuela como miembros de la banda del Tren de Aragua, que el Departamento de Estado incluyó el jueves en una lista de cárteles y bandas transnacionales que el gobierno designó como organizaciones terroristas extranjeras.
Pero no está claro si esto se aplica a alguno de los migrantes: al personal del Congreso se le dijo en una reunión informativa que el único criterio real para ser enviado a la base era ser venezolano con una orden de expulsión firme.
Hasta el miércoles, McLaughlin, la portavoz de Seguridad Nacional, había dicho simplemente que el ICE utilizaba Guantánamo “para alojar a detenidos sujetos a órdenes de expulsión definitivas”. También se refirió a ellos como “extranjeros con orden final”.
En una demanda para obtener acceso legal a los migrantes, el gobierno dijo a un tribunal que había permitido a tres hombres citados en la demanda llamar a sus abogados el lunes y que “se han desarrollado procedimientos preliminares de acceso para otros en las instalaciones”.
Pero el Departamento de Justicia también instó a un juez a que no exigiera un acceso más amplio, argumentando que los migrantes solo tenían “derechos limitados” como “detenidos de inmigración con órdenes finales de expulsión, que se encuentran en fase de traslado final y en medio de una operación de expulsión”.
El gobierno de Trump ha planteado la posibilidad de alojar finalmente a decenas de miles de migrantes en la base. Dado que el futuro de esta política no está claro, Lee Gelernt, de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, abogado principal de los grupos de defensa de los derechos de los inmigrantes que solicitan acceso a los inmigrantes de Guantánamo, dijo que la lucha distaba mucho de haber terminado.
“Que el gobierno diga que ahora solo podemos tener acceso a los detenidos después de que los hayan trasladado es, en el mejor de los casos, desconcertante”, dijo. Si el gobierno intentaba hacer que la demanda fuera discutible, añadió, “no lo conseguirá”.
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Por Hamed Aleaziz, Annie Correal, Carol Rosenberg y Charlie Savage | The New York Times
