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El juez James Boasberg, que anteriormente bloqueó la idea de Donald Trump de deportar migrantes venezolanos usando poderes de tiempos de guerra, está a cargo de una demanda que alega que los secretarios del gabinete del mandatario republicano y los funcionarios de seguridad nacional violaron las leyes federales al usar un chat de Signal para comentar los planes militares contra los hutíes en Yemen, luego de que el editor de The Atlantic fue añadido por error a la conversación, que llevó a la publicación de su contenido.
El medio de comunicación dio a conocer el miércoles el diálogo que sostuvieron el secretario de Defensa, Pete Hegseth, el vicepresidente J.D. Vance y el asesor de Seguridad Nacional, Mike Waltz, en el que también fueron incluidos el secretario de Estado, Marco Rubio, la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, y el director de la CIA, John Ratcliffe. Ahí conversaron sobre el momento específico del ataque y las armas que iban a ser utilizadas en la ofensiva. The Atlantic decidió hacer la publicación ante la postura del Gobierno, que ha desestimado y restado importancia a lo ocurrido.
El rol del juez en el caso fue confirmado por su portavoz y su asignación, que fue aleatoria, se conoció apenas dos días después de que la administración Trump, en el caso de deportación de Venezuela, invocara el privilegio de “secretos de Estado” para negarse a compartir detalles sobre los vuelos de deportación a El Salvador, pues, según los abogados, “divulgarlos representaría un peligro razonable para la seguridad nacional y las relaciones exteriores”.
De hecho, la semana pasada, Trump solicitó el impeachment de Boasberg, que fue refutado dentro de la misma Corte Suprema. Al respecto, el presidente del alto tribunal, John Roberts, declaró que esa “no es una respuesta adecuada al desacuerdo sobre una decisión judicial”, la cual puede ser apelada. Esfuerzos similares se han gestado entre legisladores republicanos, que están en contra de los togados que han obstaculizado la agenda de Trump, mientras la Casa Blanca continúa intensificando los ataques al poder judicial.
La demanda por el escándalo de la filtración la interpuso el think tank American Oversight, que argumentó que los funcionarios no implementaron medidas para evitar la eliminación automática de mensajes en el chat de Signal, en violación de sus deberes bajo la Ley de Registros Federales. La demanda busca una orden judicial que declare ilegales sus acciones y otra que requiera que Hegseth y otros funcionarios de la administración Trump preserven los registros y recuperen cualquier material eliminado en la medida de lo posible.
Si bien el Gobierno no ha respondido a la demanda, su personal ha dicho que no se compartió información clasificada en el chat de Signal, que la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, describió como una aplicación autorizada e instalada en teléfonos gubernamentales del Pentágono, el Departamento de Estado y la CIA.
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