La Casa Blanca publicó la Estrategia Nacional de Control de Drogas 2026, un documento que traza la nueva ofensiva antidrogas de Washington y que, por su contenido, ha causado revuelo en la región no solo por mencionar ocho veces a Colombia y 31 veces a México, sino por la manera en la que lo hace.
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Al igual que India y China, estos países son considerados eslabones en la cadena de suministro de insumos químicos utilizados por el crimen organizado, lo que tendrá implicaciones en la cooperación de seguridad y los controles industriales.
En resumen, el documento marca el fin de la era de la “contención pasiva” para inaugurar una de “ofensiva total”, redefiniendo la soberanía y la seguridad en América Latina. ¿Qué implica esto? En primer lugar, Washington ha cruzado un límite legal. Al designar a cárteles como el de Sinaloa y el CJNG como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO), la lucha deja de ser exclusivamente policial para ser militar.
Al catalogar al fentanilo como Arma de Destrucción Masiva, EE. UU. también habilita el uso de todas las capacidades del Estado, incluyendo operativos de inteligencia agresivos fuera de su territorio, lo cual eleva las alertas de que se produzcan operaciones similares a la de Nicolás Maduro. Los instrumentos también permiten perseguir a colaboradores bajo cargos de apoyo material al terrorismo y justifica operaciones más agresiva.
Eso sí, como advierte Adam Isacson, director del programa de Veeduría de Defensa de la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), esta presión por métricas cuantitativas ignora sistemáticamente los abusos en el terreno.
“Solo encontré dos breves referencias a los ataques mortales con embarcaciones que han cobrado la vida de más de 187 personas. Quizás ellos también sepan que estos ataques son una vergüenza ilegal”, señaló.
Además, el documento también deja claro que la asistencia financiera estará condicionada a resultados “medibles” en la lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, estas son nada más las posturas “bélicas” del documento. Hay otra cara, la social y cultural, que ha pasado desapercibida en la estrategia y que, a nivel interno, es también muy preocupante. Se trata de los esfuerzos de prevención y recuperación que tienen como objetivo “convertir una vida libre de drogas en la norma social en Estados Unidos”.
En el campo de la recuperación, la Casa Blanca se centrará en el “poder curativo de la fe” para los estadounidenses que sufren una adicción. Es decir, buscará sellar alianzas con líderes y organizaciones religiosas para tratar a quienes padecen una adicción.
“La fe ha demostrado ser profundamente eficaz para muchas personas que se recuperan de la drogadicción, y acoger el poder de la fe tiene el potencial de ayudar a millones de estadounidenses a lograr la recuperación”, reza el documento.
La decisión no es sorpresiva. En febrero, el Departamento de Salud permitió una expansión para que las subvenciones estatales y los fondos federales puedan destinarse a organizaciones religiosas que brindan atención a personas con adicciones, bajo el programa Seguridad a través de la recuperación, la participación y el tratamiento y apoyo basados en la evidencia.
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“El gobierno se ha puesto en contacto con nosotros y nos ha invitado a participar en el proceso más de lo que lo habíamos hecho anteriormente”, dijo Tom De Vries, presidente de Citygate Network, que representa a unas 330 misiones de rescate cristianas, a US News.
Las reacciones sobre esta dirección han sido divididas. Si bien hay posturas como la de la Dra. Yngvild Olsen, quien trabajó para la Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias, y dijo que “tiene el potencial de salvar vidas”, hay quienes observan una tendencia teocrática alarmante.
“Los programas de salud pública financiados con los impuestos deben ser laicos, estar basados en la ciencia y libres de coerción religiosa. La recuperación de la adicción es un asunto médico y de salud pública, no un instrumento para el proselitismo patrocinado por el gobierno”, afirmó Annie Laurie Gaylor, copresidenta de la Fundación Libertad de Religión (Freedom From Religion Foundation, FFRF), una organización sin fines de lucro con sede en Estados Unidos dedicada a defender el principio constitucional de separación entre la Iglesia y el Estado.
Aunque las organizaciones religiosas no tienen prohibido competir por fondos públicos, la Constitución exige una estricta neutralidad y dichos fondos no deben usarse para promover la religión. La FFRF denuncia que con estos movimientos, las personas vulnerables que buscan tratamiento para la adicción pueden no tener más opción que recurrir a programas religiosos que no respetan sus creencias ni sus derechos.
En cuanto a la prevención, la “modernización” que piensa la Casa Blanca plantea serios interrogantes sobre la hipervigilancia en el país. El documento habla de la implementación de análisis de aguas residuales “por primera vez a escala nacional” para obtener datos casi en tiempo real sobre el consumo de drogas ilegales, con el apoyo de inteligencia artificial. En otras palabras, recoger muestras de los desechos de las personas para determinar focos en comunidades que requieran atención y determinar cuáles son las drogas que se están consumiendo.
Si bien hay estudios que indican que el monitoreo basado en aguas residuales podría ayudar a orientar las respuestas a la epidemia de opioides en Estados Unidos, y el uso de esta estrategia ha sido vital para ayudar a controlar crisis de salud pública como los brotes de covid-19, luego de que los ciudadanos dejaran de testearse, como aseguró el científico Eric Feigl-Ding, esta ruta también despierta dilemas.
Los expertos señalan que este monitoreo necesita de un uso ético, pero las posturas del Partido Republicano levantan sospechas de que esto no ocurra. En 2025, 25 miembros republicanos del Congreso enviaron una carta a la Agencia de Protección Ambiental (EPA) solicitando que investigara métodos para detectar mipristona, un medicamento abortivo, en aguas residuales. Según los congresistas, estos “contaminaban” el medio ambiente, pero la intención de fondo es clara. También se presentaron nueve proyectos de ley en siete estados con el mismo objetivo.
Geolocalizar comunidades “sospechosas” de consumo podría, además de generar una estigmatización de barrios específicos, derivar en una vigilancia policial predictiva basada en los desechos de sus habitantes que se amplíe a otras “urgencias” del gobierno.
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