El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este jueves una orden ejecutiva que bloquea a los estados de imponer sus propias regulaciones sobre inteligencia artificial (IA) y establece un “marco nacional único” para el desarrollo de esta tecnología.
La medida, celebrada por Silicon Valley y duramente criticada por gobernadores y organizaciones civiles, reabre un debate que el Congreso había rechazado meses atrás.
La orden, titulada “Garantizar un marco de políticas nacionales para la inteligencia artificial” (Ensuring a national policy framework for artificial intelligence, en inglés), instruye al Departamento de Justicia a crear una “Fuerza de Litigación de IA” cuya “única responsabilidad” será impugnar leyes estatales relacionadas con la IA.
El presidente justificó la decisión afirmando que las regulaciones locales amenazan la competitividad de EE. UU.
“Si tuvieran que conseguir 50 aprobaciones de 50 estados, olvídenlo”, dijo durante el acto de firma. “Tienes un estado woke y ya todo es woke”, agregó Trump.
La iniciativa resucita un esfuerzo previo de principios de este año, cuando los republicanos intentaron aprobar un moratorio nacional de 10 años que prohibía a los estados regular la IA, pero el Senado votó 99 a 1 para eliminar ese apartado.
Ahora, Trump vuelve a impulsar el mismo objetivo mediante un decreto que, si bien no tiene fuerza de ley, sí otorga herramientas a su administración para presionar judicialmente a los estados.
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Silicon Valley celebra
Empresas tecnológicas y figuras de la industria han defendido desde hace meses la necesidad de evitar un mosaico de normas estatales.
David Sacks, asesor presidencial de IA y criptomonedas, aseguró que la orden permitirá avanzar hacia un “marco federal” y que funcionará como escudo frente a regulaciones que considera excesivas.
“Esta orden les da a ustedes herramientas para frenar las leyes estatales más onerosas y excesivas”, dijo.
Entre los estados que podrían verse afectados están California, que exige transparencia en las pruebas de seguridad de nuevos modelos, y Colorado, que obliga a las empresas a realizar evaluaciones de riesgo por discriminación algorítmica en procesos de contratación.
Desde organizaciones civiles y legisladores estatales la reacción fue inmediata. Teri Olle, vicepresidenta del grupo Acción de California para la Seguridad Económica, señaló que “la campaña de Trump para amenazar, acosar y castigar a los estados que buscan pasar regulaciones sensatas es otro capítulo de su estrategia para entregar el control de una de las tecnologías más transformadoras de nuestro tiempo a los CEOs de las Big Tech. Esto no trata de innovación”.
Mientras que Sacha Haworth, directora del Tech Oversight Project, calificó la orden como “una política desastrosa” que ignora las preocupaciones públicas.
“La Casa Blanca solo escucha a los poderosos CEOs que financian salones de gala, no a la gente común que dicen representar”, dijo, según recogió The Guardian.
Expertos creen que la orden enfrentará obstáculos inmediatos. Brad Carson, presidente del grupo Estadounidenses por la Innovación Responsable, dijo que el decreto “chocará contra un muro en los tribunales”, pues interviene directamente en regulaciones estatales que cuentan con amplio respaldo público.
Pese a los riesgos legales, la Casa Blanca insiste en que Estados Unidos debe avanzar sin trabas para ganar la carrera tecnológica contra China.
Trump ha defendido la IA como un ámbito estratégico vital, y esta semana advirtió en su red Truth Social que la “IA será destruida en su infancia” si los estados actúan como “malos actores” con sus propias normas.
Los expertos indican que la ausencia de regulaciones federales claras mantiene una tensión creciente. Sectores como los derechos civiles, la educación, la salud y la seguridad pública siguen expuestos al uso de algoritmos sin supervisión, mientras las empresas celebran un escenario que les permite avanzar rápido con mínimos controles.
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