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Este viernes se inicia el Mundial de Fútbol en Estados Unidos y Canadá, luego de que el partido inaugural se disputara en México durante la víspera. Una de las principales preocupaciones para varios de los aficionados, vayan o no a los estadios, sigue siendo la posible presencia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE) en los espacios deportivos.
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En Estados Unidos, el torneo se disputa en 11 ciudades: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva York/Nueva Jersey, Filadelfia, San Francisco y Seattle.
Y aunque hasta antes del inicio del campeonato la indicación general por parte de las autoridades había sido que ICE formará parte del dispositivo de seguridad general y que concentrará su trabajo en combatir la trata de personas o la piratería de mercancía, el asunto no deja de causar inquietud en medio de la política que ha puesto en marcha el gobierno de Donald Trump para intensificar las redadas, detenciones y expulsiones de indocumentados en el país.
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El jueves, la organización defensora de derechos humanos Amnistía Internacional (AI) destacó que al menos Dallas, Houston y Miami han suscrito “acuerdos problemáticos para que los cuerpos locales encargados de hacer cumplir la ley colaboren con el ICE”, algo que, según ha advertido, “incrementa el uso de perfiles raciales y los ataques contra inmigrantes”.
La organización, de hecho, pidió a las empresas patrocinadoras de la FIFA que apoyen “una tregua” de las autoridades de inmigración (ICE) durante los partidos del Mundial de fútbol que se disputarán en Estados Unidos. Dicha “tregua” implicaría un compromiso público por parte de las autoridades federales de EE. UU. “de abstenerse de llevar a cabo operaciones de control de inmigración en todos los eventos y recintos de la Copa Mundial”, según HRW y la Sport & Rights Alliance.
Según el director de Justicia Económica y Social de AI, Steve Cockburn, “ni la FIFA, ni las autoridades estadounidenses han dado garantías de que la afición y comunidades locales estarán a salvo de la utilización de perfiles raciales y étnicos, las redadas indiscriminadas o la detención y deportación ilegítimas”.
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La organización remarcó que solo “cuatro de las 16 ciudades [en los tres países] anfitrionas han publicado hasta ahora sus planes respecto a los Derechos Humanos, y ninguna de las que lo han hecho hasta la fecha dice nada sobre la protección frente a la actuación abusiva contra la inmigración”.
Apenas días antes de la inauguración, medios estadounidenses informaron que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) habría estado ofreciendo su personal a los departamentos locales de policía y agencias federales para apoyar en la seguridad alrededor de los estadios. Hasta el mes pasado, según informó NBC citando a fuentes con conocimiento del tema, no estaba claro “si algún departamento o agencia aceptará la oferta de ICE. Pero los oficiales y agentes que provean servicios de seguridad no verificarán el estatus migratorio de espectadores ni empleados”.
La posible presencia de ICE durante el torneo ha despertado controversia en el país. De acuerdo con un sondeo publicado por The Washington Post, el 65 % de los consultados se oponía a la presencia de agentes de ICE en los estadios durante los partidos, frente a un 35 % que los respaldaba.
Las críticas a las acciones de ICE han venido en aumento en medio de casos de brutalidad policial, como los asesinatos de Alex Pretti y René Nicole Good, ciudadanos estadounidenses que fueron atacados mientras participaban en las protestas por los abusos del cuerpo policial.
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