Bolivia amaneció este jueves con incertidumbre, filas largas en las gasolineras y amenazas de protestas sociales tras el retiro de la subvención de los combustibles anunciado el miércoles por el presidente Rodrigo Paz, junto con otras medidas ante la crisis económica que vive el país en los últimos meses.
Las filas de vehículos en las estaciones de servicio se formaron desde la noche del miércoles, tan pronto Paz terminó de dar el mensaje televisado en el que anunció el decreto que levanta la subvención de combustibles como gasolinas y diésel, que en las últimas dos décadas se vendieron en precios subvencionados que rondaron los 0,53 dólares.
Las primeras reacciones contrarias a la medida surgieron entre los sindicatos de transportistas, como el Transporte Libre de La Paz, cuyo dirigente, Limbert Tancara, sostuvo que los conductores están “muy dolidos” y “lastimados” por el decreto 5503, que declaró la “emergencia económica y social” en el país".
Según Tancara, los chóferes decidieron subir el costo del pasaje del transporte público, de 2,40 a 5 bolivianos (de 0,34 a 0,71 dólares) en tramos cortos y de 3 a 6,50 bolivianos (0,43 a 0,93 dólares) en rutas largas, al igual que los taxis de ruta fija o ‘trufis’.
“Si el Gobierno retrocede en este decreto supremo, no va a haber ningún tipo de materialización de esta situación que estamos planteando”, indicó Tancara y aseguró que su sector coordina con otros sindicatos para “hacer una manifestación conjunta” en contra de la norma “que atenta” contra “sectores populares”.
En otras regiones, los transportistas también anunciaron reuniones entre este jueves y el sábado para analizar las medidas gubernamentales, mientras que la Central Obrera Boliviana (COB) tendrá este viernes un encuentro “de emergencia” para analizar acciones contra lo que consideró un “gasolinazo”.
En la víspera, Paz, que tomó juramento el pasado 8 de noviembre, aseguró que recibió un país con “la peor crisis económica, financiera, social y ambiental” de su historia, con un “déficit gigantesco, reservas internacionales agotadas” y un Estado “convertido en botín por bandidos que gobernaron para sí mismos y no para el pueblo boliviano”.
El mandatario señaló que se declaró la “emergencia económica, financiera, energética y social porque Bolivia no podía seguir funcionando con normas de los últimos 20 años”, de los Gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS), de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025).
“Era necesario, era urgente”, explica a RFI el analista económico Gary Rodríguez, porque “Bolivia estuvo viviendo en una burbuja demasiado tiempo, con un combustible exageradamente subvencionado que significaba el 50 % del déficit fiscal anual del Gobierno”.
El experto destaca además los casos de corrupción: “Además, con un agravante. El Gobierno ha calculado que entre el 30% y 40% de ese combustible que era tan barato salía de contrabando hacia países vecinos. Era una sangría no solamente de recursos del Tesoro General del Estado, sino también de dólares”.
“Este es el otro dato que nos duele. Más del 90 % del diésel que se consume en el país es importado y más del 60% de la gasolina que se vende en Bolivia es importada. Tenemos tan alta dependencia del exterior para subvencionar producto importado, para que luego ese producto tenga que salir de contrabando y favorecer a algunos delincuentes”, concluye al respecto.
Entre otros, el decreto anunciado establece que la gasolina especial costará 6,96 bolivianos por litro, equivalente a un dólar, la gasolina premium estará a 11 bolivianos (1,58 dólares) y el litro de diésel a 9,80 bolivianos (1,40 dólares), y mantiene en 22,50 bolivianos (3,23 dólares) el coste de la garrafa o bombona de gas licuado de petróleo (GLP).
Paz también dispuso que, desde enero, el salario mínimo nacional subirá un 20 %, de 2.750 a 3.300 bolivianos (395 a 474 dólares) y que el monto se revisará a finales del próximo año con base en los “datos reales de inflación” y mediante un diálogo con los trabajadores y empresarios privados.
El exsenador del MAS y líder opositor Andrónico Rodríguez expresó en sus redes sociales su rechazo “contundente” a las medidas anunciadas por el Gobierno y consideró que “van a favor del poder y en contra del pueblo que menos tiene”.
Mientras que el gobernador de la región oriental de Santa Cruz y aliado político de Paz, Luis Fernando Camacho, consideró que son medidas “difíciles pero necesarias” para que la economía boliviana “comience a recuperarse”.
La importación de gasolina y diésel entre enero y octubre demandó un gasto de 2.358 millones de dólares, informó el privado Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) con base en datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).
La subvención de los carburantes anualmente representa un costo al Estado de más de 2.000 millones de dólares.
👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.
El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.
Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!
📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com
Por RFI
