La empresa Petrotal, la principal productora de petróleo crudo en Perú, y la Asociación Indígena de Desarrollo y Conservación de Bajo Puinahua (Aidecobap) mantienen un conflicto que ha generado alarma en el país andino, al incluir acusaciones de atentados y la defensa de los derechos comunales a controlar los territorios.
Un grupo de indígenas retiene dos embarcaciones, una con 40 mil barriles de petróleo de la empresa canadiense Petrotal, en un río de la Amazonía en Perú, informó este jueves un representante de la empresa.
“En estos momentos tenemos dos barcazas, una de ellas de bandera brasilera, con tripulación brasilera y la otra es peruana. Ambas retenidas contra su voluntad tipificando un tema de secuestro”, dijo al canal de televisión TV Perú José Luis Medina, gerente de sostenibilidad de PetroTal, el mayor productor de crudo del país.
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“Lo que más preocupa es que una de las barcazas tiene 40 mil barriles de crudo que puede ser muy riesgo y peligroso para el impacto ambiental de la zona”, indicó el funcionario.
Petrotal, que opera el Lote 95 en la región amazónica de Loreto, sostuvo que desde la última semana de mayo sufre ataques lanzados por la Aidecobap “que busca así coaccionar a la empresa y al Estado para que cumplan con su agenda particular”.
La empresa aseguró que se “impide el ingreso y salida de embarcaciones” de su operación y que este martes fue atacada una embarcación de la Marina de Guerra en la que se trasladaba el fiscal provincial penal de Requena, Francisco Torres, lo que dejó a un oficial “con heridas de gravedad”.
Añadió que también se “mantiene secuestrada a dos embarcaciones, una de ellas cargada con 40.000 barriles de petróleo junto a 12 personas de su tripulación” y que el “motivo de la violenta protesta (...) es desconocer la aprobación del reglamento de administración del Fondo de Desarrollo para el Distrito de Puinahua (Fondo 2.5)”.
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Las dos embarcaciones trabajan para transportar crudo por el río Amazonas hasta Brasil (para su exportación) desde el campo de producción de PetroTal en Loreto.
La empresa señaló que aporta a este fondo “el valor del 2,5 % de su producción fiscalizada”, lo que, hasta el momento, acumula más de 30 millones de soles (US$8,1 millones), pero “por cada día de afectación” a sus operaciones se pierde cerca de 200.000 soles.
Por ese motivo, rechazó los “actos ilegales promovidos por personajes con intereses particulares” y exhortó a las autoridades a “que intervengan para restablecer la paz y el orden”.
Por su parte, la Aidecobap aseguró que la empresa y las fuerzas de seguridad “preparan una masacre en las comunidades nativas” que, defendió, están “ejerciendo” su derecho a defenderse y acatan el mandato de sus asambleas de desarrollar un control territorial.
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Tras acusar a la petrolera de valerse de “psicosociales e información falsa”, la asociación llamó “a los defensores de los derechos humanos, a las organizaciones indígenas nacionales e internacionales y a la población en general a que se sumen a la denuncia de estos hechos”.
Esta posición también fue compartida por la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), que en un comunicado llamó “a las autoridades, las organizaciones tutelares de derechos humanos y a la sociedad en general a que se sumen a la denuncia de estos hechos y que estén alertas de lo que ocurra en el Puinahua”.
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