Después de un fin de semana en el que no solo se vieron más ataques entre Israel e Irán, sino también la ofensiva de Estados Unidos contra tres sitios nucleares iraníes y la respuesta de Teherán con el lanzamiento de misiles contra una base militar de Washington en Catar, el presidente Donald Trump escribió en redes sociales: “Fue un gran honor para mí (...) ¡parar la guerra!”. Sin embargo, dentro de su país hay quienes lo cuestionaron y dijeron que lo que hizo fue inconstitucional. Este no ha sido el primer reclamo que se le hace al republicano al respecto. De hecho, en lo que va de su segundo mandato, ha tenido varios choques con la Carta Magna.
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Los reparos se hicieron sentir de un lado y otro del espectro político. El congresista republicano Thomas Massie escribió en X que los ataques “no son constitucionales”, algo de lo que también hizo eco su copartidario Warren Davidson. Sin embargo, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, respaldó al mandatario: “Evaluó que el peligro inminente superaba el tiempo que le tomaría al Congreso actuar (...). Además, hay una tradición de acciones militares similares bajo presidentes de ambos partidos”. En medio de ello, el senador Bernie Sanders comentó en un mitin en Oklahoma que lo que pasó “no fue solo alarmante, sino inconstitucional. Todos ustedes saben que la única entidad que puede llevar a este país a la guerra es el Legislativo de Estados Unidos”.
Del lado de los demócratas, tres miembros de la Cámara de Representantes introdujeron una resolución acerca de los poderes de guerra, en un intento por evaluar el uso que Trump les dio a las fuerzas militares en su ofensiva contra Irán. El llamado general con ese texto fue el de ratificar que el líder de la Casa Blanca no puede empezar la guerra con otro país sin el visto bueno del Capitolio. El problema es que el Partido Republicano tiene mayoría en las dos cámaras del Congreso y es poco probable que el escrito pase en ambas instancias.
Entonces, ¿el ataque a Irán violó la máxima ley estadounidense?
No parece haber mucho consenso alrededor de eso. Jack Goldsmith, profesor de derecho de Harvard y ex alto funcionario del Departamento de Justicia durante la administración de George W. Bush, citado por The New York Times, dijo que no estaba seguro “porque el derecho constitucional sobre los poderes de guerra es inescrutable”.
De un lado, la Carta Magna establece que el Congreso tiene la facultad de declararla, mientras que el presidente es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Varios juristas coincidieron en que los padres fundadores estadounidenses quisieron distinguir la facultad de iniciar una confrontación y el hecho de seguirla. Es decir, según esa lectura, el presidente debería solo repeler ofensivas.
Así las cosas, el país ha oscilado entre varias modalidades: las guerras del Golfo, de Afganistán y de Irak sí obtuvieron autorización del Congreso, pues luego de Vietnam se aprobó la Resolución de Poderes de Guerra, que establece que un presidente solo puede introducir fuerzas en hostilidades con autorización del Capitolio o si Estados Unidos ha sido atacado, algo que previamente fue vetado por Richard Nixon en su momento. Otros presidentes, sin embargo, optaron por llevar a cabo intervenciones más limitadas, especialmente ataques aéreos, sin acudir a los legisladores.
De hecho, los abogados del poder Ejecutivo han dicho que el presidente puede usar la fuerza militar unilateralmente si decide que un ataque sería de interés nacional, y si su naturaleza, alcance y duración previstos no llegan a ser “una ‘guerra’ en el sentido constitucional”, como justificó la administración de Bill Clinton la intervención de Haití en los años 90. Un argumento similar usó el primer gobierno de Donald Trump cuando arremetió contra las fuerzas del Gobierno sirio tras el uso de armas químicas. Años antes, Barack Obama ordenó la participación de las fuerzas estadounidenses en la intervención de Libia, como parte de unos esfuerzos articulados con la OTAN, y no solicitó el permiso del Congreso. En junio de 2011, la Cámara de Representantes aprobó una resolución que exigió la retirada de las tropas estadounidenses.
¿Qué otros choques ha tenido Trump con la Constitución de Estados Unidos?
La prensa estadounidense viene hablando de ilegalidad tras varias políticas implementadas por el líder de la Casa Blanca en tan solo cinco meses de su nuevo gobierno. Algunos estudiosos han llamado esto una crisis constitucional, que se ve, por ejemplo, en el intento del republicano de anular la ciudadanía por nacimiento y en el cierre de USAID, entre otras cosas más. De hecho, su roce con varias universidades planteó un enfrentamiento entre las posturas oficialistas y uno de los valores insignia de la Carta Magna: la libertad de expresión, consagrada en la Primera Enmienda.
El profesor y director del Programa de Derechos Humanos en la Escuela de Derecho de Harvard, Gerald L. Neuman, comentó que “la Constitución es clara: los que nacen en suelo estadounidense, incluso si tienen padres indocumentados, son ciudadanos de Estados Unidos”. Así se lee en una publicación realizada en el sitio web de la institución académica. De hecho, se está a la espera de que la Corte Suprema decida sobre este caso, del cual escuchó alegatos el mes pasado, pues tres tribunales inferiores ya emitieron órdenes judiciales a nivel nacional, deteniendo la aplicación de la orden ejecutiva de Trump.
En el caso de USAID, un juez federal dictaminó en marzo que las acciones del Departamento de Eficiencia Gubernamental, liderado en ese momento por el magnate Elon Musk, probablemente violaron la Constitución “de múltiples maneras” y privaron al Congreso de su autoridad para supervisar la disolución de una agencia que él mismo creó. Vale recordar que el desmantelamiento de la agencia fue una de las primeras acciones que el republicano llevó a cabo desde que regresó al poder, bajo el argumento de que su gasto era inexplicable. El Gobierno ya notificó a los legisladores el cierre de la entidad, que pasará al Departamento de Estado algunas de sus funciones. La reorganización se completará el próximo 1 de julio.
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