El presidente de Chile, José Antonio Kast, en su reciente llegada al poder, ha expresado su intención de sancionar lo que denomina “incivilidades” mediante la pérdida de beneficios sociales como la educación gratuita, la pensión y el subsidio de arriendo.
Según el mandatario, las conductas que deberían ser castigadas incluyen la venta ilegal de alcohol, el consumo de drogas en la vía pública, los grafitis y rayones en propiedad privada, así como la destrucción del equipamiento comunitario.
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Esto fue anunciado durante su primer discurso ante la Nación en el Congreso pronunciado este lunes, donde enfatizó la importancia que tiene para su gobierno mejorar el orden público el crecimiento económico y el control de la migración irregular.
El presidente, quien ha enfrentado dificultades para cumplir con su promesa de mejorar la seguridad pública, anunció que remitirá al Congreso un proyecto de ley destinado a crear un registro nacional de vándalos y personas que cometan incivilidades. En este registro se inscribirán a los ciudadanos que incurran en este tipo de conductas.
La propuesta fue firmada por el presidente el lunes por la noche en el Palacio Presidencial Cerro Castillo, ubicado en Viña del Mar, a 120 kilómetros de Santiago de Chile. El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, explicó que el registro tiene como objetivo reforzar las herramientas del Estado para proteger el orden público y recuperar espacios destinados a “las familias chilenas”.
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Sin embargo, miembros de la oposición e incluso integrantes de su propio gobierno han cuestionado la medida. Por un lado, la oposición denuncia que la ley es discriminatoria y clasista, ya que los beneficios sociales que el mandatario podría retirar están dirigidos, en su mayoría, a las clases con menores recursos y oportunidades.
Según el politólogo Alfredo Joignant, en declaraciones recogidas por El País, el problema que se intenta abordar con este registro es real y requiere atención. Sin embargo, advierte que la propuesta —basada en la exclusión de beneficios sociales— podría derivar fácilmente en una restricción de derechos sociales, lo cual considera preocupante.
En primer lugar, explica que los beneficiarios de estos derechos, como la gratuidad en la educación superior, no se distribuyen de manera aleatoria en la población, sino que corresponden principalmente a personas en situación de pobreza y vulnerabilidad, y no necesariamente a los sectores más favorecidos, donde también pueden encontrarse conductas de incivilidad o vandalismo.
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Por su parte, Jorge Alessandri, presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados y miembro de la UDI —partido de la derecha tradicional que integra el Gobierno—, llamó a examinar con prudencia el proyecto de ley, advirtiendo que “la cura no sea peor que la enfermedad”. El legislador enfatizó la necesidad de distinguir entre diferentes tipos de conductas, señalando que “no es lo mismo rayar tu colegio que rociar con bencina al director y prenderle fuego”.
Esta medida está siendo debatida actualmente en el Congreso de Chile. Por ahora, no hay indicios claros de si será aprobada o no, debido a las críticas que ha generado incluso dentro del propio gobierno.
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Por Laura Henao Arévalo
