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La “crucifixión” de la Iglesia en Nicaragua pone a prueba la voluntad de Petro

La represión contra la Iglesia en Nicaragua se agrava. En el país, los opositores a Daniel Ortega temen que el nuevo Gobierno de Colombia tome una postura más fría y silenciosa frente a los abusos.

Camilo Gómez Forero
21 de agosto de 2022 - 12:00 p. m.
Exiliados nicaragüenses en Costa Rica participan en una "Vigilia de Fe y Libertad" para protestar contra la detención del obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, por parte del gobierno nicaragüense, en San José (Costa Rica).
Exiliados nicaragüenses en Costa Rica participan en una "Vigilia de Fe y Libertad" para protestar contra la detención del obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, por parte del gobierno nicaragüense, en San José (Costa Rica).
Foto: EFE - Jeffrey Arguedas

La Iglesia católica en Nicaragua está sufriendo una peligrosa persecución por parte del gobierno de Daniel Ortega. El viernes en la mañana, luego de casi dos semanas de enfrentarse al asedio policial, el obispo Rolando Álvarez fue arrestado por agentes de la Policía, que entraron a la fuerza a la Curia Episcopal de la Diócesis de Matagalpa, en el norte del país, en donde permanecía encerrado. Se le acusa de, supuestamente, “organizar grupos violentos”.

Días atrás, una fotografía del obispo de rodillas, con las manos levantadas y rodeado de hombres armados, le dio la vuelta al mundo. El caso obligó a los miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) a convocar una reunión extraordinaria para abordar la crisis, un encuentro al que Colombia no se presentó, desatando la polémica. Antes de hablar de la silla vacía que dejó el gobierno de Gustavo Petro, primero hay que hablar de la situación en Nicaragua. El de Álvarez no ha sido el único ni el último de los atropellos de Ortega a los religiosos en ese país.

Esta misma semana, el sacerdote Sebastián López, de la localidad de Ciudad Darío, a 90 kilómetros de Nicaragua, ofició una misa a través de una reja que instaló la Policía en la iglesia Santa Lucía para impedir que los feligreses se le acercaran. Ortega ha ordenado el cierre de ocho emisoras católicas de la Diócesis de Matagalpa, fundadas por santa Teresa de Calcuta.

En varias parroquias, los sacerdotes han recibido notificaciones de visitas de la Policía y prohibiciones para celebrar misas, adjudicando “razones de seguridad”. Además de Álvarez, la Policía también arrestó a por lo menos tres sacerdotes, entre los que se encuentra Óscar Danilo Benavidez, de la iglesia Espíritu Santo de Mulukukú. Benavidez, según su abogada, fue trasladado al Auxilio Judicial Nacional, más conocida como la cárcel El Chipote, donde hay más de 180 presos políticos en aislamiento y bajo torturas.

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¿A qué se deben estas acciones?

La persecución no se dio de la noche a la mañana. El asedio de Ortega a la Iglesia ha sido ininterrumpido durante este año. En marzo, monseñor Waldemar Stanislaw Sommertag, representante del Vaticano en Nicaragua, fue expulsado del país. Sus relaciones con Ortega no eran buenas, pero la Santa Sede recibió con sorpresa la medida y la tildó de “incomprensible”. En julio, el Congreso cerró las oficinas de la orden de Santa Teresa de Calcuta, lo que obligó a las monjas misioneras de la Caridad a abandonar Nicaragua también. Estas acciones sumadas suman más de 190 agresiones contra la Iglesia en el país, según un informe del Observatorio Pro-Transparencia y Anticorrupción realizado por Marta Patricia Molina.

Las relaciones entre la Iglesia y el sandinismo nunca han sido las mejores. Tras el derrocamiento de la dictadura de Anastasio Somoza, en 1979, el difunto cardenal Miguel Obando y Bravo, quien era arzobispo de Managua, sirvió como mediador con los representantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional, entre ellos Ortega, para evitar un mayor conflicto político y derramamiento de sangre. La calma duró poco, pues la Iglesia comenzó a oponerse a los actos de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional, el gobierno transitorio que presidió Nicaragua hasta 1985. Las críticas les valieron a los religiosos ataques como los que se registran hoy, incluso contra sus templos. En 1983, el papa Juan Pablo II fue testigo del ambiente polarizado y hostil en el país durante su primera visita a Nicaragua. El pontífice recordó después esa jornada como “la gran noche oscura”, pues los sandinistas no le permitieron oficiar su misa en paz.

Pese a las tensiones, la Iglesia, particularmente el cardenal Obando y Bravo, fue esencial en la mediación de los Acuerdos de Paz que condujeron a las elecciones democráticas de 1990 en las que el sandinismo perdió el poder. A partir de su derrota, Ortega y compañía trataron de seducir a la Iglesia para volver a ganar, pero ni el perdón público que dio el hoy presidente pudo conquistar a los religiosos como Obando y Bravo, quien sutilmente se refirió a Ortega como una “víbora” que moría de frío y les advirtió a los nicaragüenses que no confiaran en él.

“Las circunstancias han cambiado. Esta víbora no me hará nada. Yo le voy a dar calor. (El hombre) se agachó, tomó la víbora en sus manos, la metió entre su pecho para darle calor y cuando le había dado calor la víbora lo mordió y lo mató”, contó el cardenal en una homilía en 1996 antes de las elecciones de ese año, en un episodio hoy recordado como “la parábola de la víbora”.

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Luego de que Ortega recuperara el poder en 2006, el asedio contra la Iglesia católica no se hizo esperar, pero los religiosos no se escondieron. Entre los principales críticos estaba el intelectual obispo Silvio Báez, hoy exiliado en Miami (Estados Unidos). A principios de la década pasada, Báez advirtió que Ortega representaría un “totalitarismo encubierto”, lo que contribuyó para que fuera fichado como el obispo más crítico de Ortega.

En 2018, tras el estallido social desencadenado por la reforma al seguro social, los religiosos en cabeza de Báez salieron en defensa de los manifestantes y sirvieron de mediadores para resolver la crisis, pero las cosas no salieron bien. Báez y compañía comenzaron a sufrir al aparato represivo de Ortega y sus seguidores. En julio de ese año, asediado por una turba que quería meterse a la fuerza en la basílica San Sebastián en Diriamba, el obispo fue golpeado en el estómago. Desde las protestas, la Iglesia no ha dejado de ser blanco de los ataques del presidente, al que Báez se refiere como un “bravucón”. Según Arturo McFields, exembajador de Nicaragua ante la OEA, la posición crítica de la Iglesia es la causante de la represión.

“La Iglesia le dijo al gobierno que si sentía que no estaba en capacidad de gobernar y que la situación se salió de sus manos entregaran el poder de manera pacífica y se celebraran elecciones transparentes. Estas denuncias sobre corrupción, violencia y censura a los medios le han generado incomodidad a la dictadura”, dijo McFields.

El silencio de Petro y el papa Francisco

Tras convertirse en una de las figuras más incómodas para Ortega, el obispo Báez tuvo que salir de Nicaragua por solicitud del papa Francisco. “Yo no he pedido salir de Nicaragua. He sido llamado por el santo padre”, dijo Báez, admitiendo que la decisión le sacó lágrimas. Luego de que la represión contra el pueblo se hiciera evidente en 2018, el papa Francisco se involucró en la crisis y pidió un cese de la violencia en el país, aunque sus declaraciones nunca fueron suficientemente contundentes, según los opositores a Ortega. Ahora que la represión se ha reactivado y son los religiosos las principales víctimas, ha llamado la atención que el papa Francisco no se haya pronunciado.

“Le falta valor. No basta únicamente con mandar a un representante a la OEA a condenar estas acciones y pedir el diálogo. Hace falta que dé la cara”, le dijo Wilih Narváez, periodista nicaragüense en el exilio, a El Comercio, de Perú.

Según Rodrigo Guerra López, secretario del Pontificio Consejo para América Latina, el papa Francisco está “muy enterado de todos los acontecimientos que ocurren en Nicaragua” y su silencio no es “apático, sino “pastoral”. “Atentos al silencio orante del papa, que nunca es un silencio apático, sino es el silencio de un pastor que vela por su pueblo antes que por las posiciones ideológicas”, le dijo Guerra López al medio religioso Aleteia.

Hasta el viernes, el papa no se había pronunciado sobre la violencia con la que son tratados los obispos en este país centroamericano. Los que sí han hablado son los representantes de la Iglesia en países de la región como Bolivia, Costa Rica y Brasil. El padre Diego José Plá, secretario general adjunto de la Conferencia Episcopal Boliviana, expresó su apoyo a los religiosos nicaragüenses, recordó que siempre han sido víctimas de persecución y pidió que continúen las manifestaciones de manera pacífica. Desde Costa Rica, la Conferencia Episcopal de ese país le pidió al gobierno de Nicaragua respetar la libertad religiosa y la dignidad de las personas. La Conferencia de Obispos Católicos de Brasil (CNBB) también emitió un comunicado expresando su apoyo ante las hostilidades que sufren sus hermanos obispos.

“Si un miembro del cuerpo sufre, todo el cuerpo sufre igualmente”, dijo la Conferencia de Obispos Católicos de Brasil.

El exembajador McFields dice que “el silencio [del Vaticano] es preocupante. Hiere y entristece, sobre todo porque Nicaragua es un pueblo de fe y porque están atacando a los suyos y [el papa] no dice nada. Quisiera creer que tal vez está tratando de abordar el tema a través de otros canales que nosotros no conocemos y que está conversando con el gobierno para que se restaure de inmediato la libertad religiosa para que volvamos a ser un país libre. Pero sé que, desde la parte diplomática, porque el Vaticano funciona como un gobierno, tienen un canal de comunicación, pero no se ha visto una señal. La Iglesia en Nicaragua entonces ha quedado en la orfandad”.

Otra de las conferencias episcopales que han apoyado activamente a la Iglesia en Nicaragua ha sido la de Colombia. Según McFields, este apoyo ha sido muy valioso y espera que continúe así. Sin embargo, no se ha visto el mismo clamor desde el gobierno. Colombia, de hecho, se ausentó de la sesión extraordinaria de la OEA para abordar el hostigamiento contra la Iglesia católica en Nicaragua, el cierre de oenegés y la censura y persecución a la prensa.

Según Luis Ernesto Vargas, embajador designado ante la OEA, el Gobierno no se presentó porque no se había posesionado en el cargo. El Espectador conoció de fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores que mientras se posesiona el embajador, la función queda en encargo. Sin embargo, la Cancillería no ha explicado ni emitido ningún pronunciamiento sobre lo que sucedió o por qué la persona encargada no participó de la votación.

Pero lo que resulta más llamativo sobre este episodio es la aclaración que hace McFields sobre el funcionamiento de estos procesos. El diplomático explica que “no es excusa decir que no había embajador, es una locura”. La OEA, dice McFields, funciona con un representante permanente, que es el embajador, pero funciona con representantes alternos también. Es decir, pudo haber llegado un primer, segundo o tercer secretario o un agregado a la sesión. Cualquiera de estos puede sentarse en la silla. McFields no se explica cómo Colombia, con una de las delegaciones más grandes en la OEA, busca justificar su ausencia de esta manera.

“Nicaragua tiene tres funcionarios, otros tienen seis, pero Colombia tiene más de una docena. Es una delegación bien grande. Debido a estas características, Colombia siempre participa en todas las reuniones y foros y siempre mantiene reportes actualizados de todo, por su delegación bien nutrida. Si fuera una delegación corta, se podría explicar. Pero acá no hay excusa. Existen diez mil formas de participar. Cuando hay voluntad, las cosas se logran; cuando no, no se logran”, dice el diplomático, quien luego lanzó otra aclaración muy pertinente para el caso: “Colombia todavía, si lo quiere, puede mandar una carta a la OEA y pedir que lo pongan como patrocinador de la resolución en contra de Ortega y pedir que su voto cuente a favor de la condena a los abusos de derechos humanos. Todavía está a tiempo de redimirse; eso sería algo extraordinario”.

McFields en persona ha usado este recurso del que habla y por eso resalta que Colombia puede pronunciarse todavía, acto que, hasta el viernes, el Gobierno no había hecho. “Casi 15 días después de que se pasó la resolución condenando la guerra en Ucrania, mi regalo de despedida de la OEA fue pedir que Nicaragua se sumara a esa resolución, 15 días después de que esta se hubiera aprobado. El gobierno Petro puede remitir una carta al secretario general y al presidente del Consejo Permanente diciendo: ‘Señores, por favor, atentamente, pido que se me anexe como patrocinador de esta importante resolución. Pido que se sume el voto de Colombia’. Esto solo si hay voluntad; si no, no se va a hacer. No lo digo porque me contaron, lo digo porque yo mismo lo hice el pasado 23 de marzo. Tengamos fe en Petro, yo tengo fe. A lo mejor no tenían funcionarios en la sede o no sabían nada. Creamos eso, elijo creer. Pero si tiene la voluntad, que envíe hoy mismo una carta”.

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