Es poco común, aunque no inusual, que un funcionario estadounidense renuncie en tiempos de guerra citando abiertamente una objeción de conciencia. En febrero de 2003, John Brady Kiesling y otros dos diplomáticos renunciaron en protesta a la invasión de Irak. La carta de renuncia de Kiesling al entonces secretario de Estado, Colin Powell, fue tan devastadora que se hizo objeto de estudio en la academia.
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“No hemos visto una distorsión tan sistemática de la inteligencia, una manipulación tan sistemática de la opinión pública estadounidense, desde la guerra de Vietnam”, dijo.
Quizá el caso más recordado es precisamente en Vietnam, cuando Daniel Ellsberg, analista de estrategia militar para la Corporación RAND, quien, antes de renunciar, filtró documentos que decían que el gobierno mentía a la opinión pública sobre la guerra. También hubo una ola de renuncias de analistas en seguridad y derechos humanos luego del apoyo de Washington a los ataques de Israel a Gaza en 2023, así como la hubo durante las guerras yugoslavas. Pero todos eran rangos intermedios. Ningún caso como el de Joe Kent esta semana.
La renuncia de Kent al puesto de director del Centro Nacional de Antiterrorismo, una de las agencias que coordina respuestas a ataques a la seguridad nacional, marca un precedente histórico en el país. Abiertamente, el exfuncionario dijo que Estados Unidos lanzó su guerra contra Irán “debido a la presión de Israel y su poderoso lobby estadounidense”, y que no podía apoyar esta operación. La observación ha sido calificada por senadores como Mitch McConell como “antisemita”. Kent, quien ha recibido críricas por antisemitismo en el pasado, insistió en su análisis hablando con el periodista y activista de derecha Tucker Carlson, quien se ha encargado de inflamar las posturas contra la comunidad judía.
Más allá de las quejas por antisemitismo y el polvorín que ha levantado el exdirector, la denuncia es relevante a medida que crecen las protestas de funcionarios extranjeros que señalan que los asesores del presidente Donald Trump para Medio Oriente, Steve Witkoff y Jared Kushner (su yerno, con profundos lazos familiares con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu), estropearon las negociaciones con Irán cuando un acuerdo estaba “al alcance de la mano”.
El asesor de seguridad de Reino Unido, Jonathan Powell, y otras fuentes familiares con las reuniones, han dicho que la inexperiencia de los enviados de Trump era evidente. Por eso, entre líneas, la carta de Kent revela una situación mucho más urgente y preocupante: el panorama de la inteligencia EE. UU. y su capacidad para anticipar ataques.
Estado actual de la inteligencia estadounidense
Lo más grave de la denuncia de Kent fue que acusó al presidente de ignorar los informes sobre Irán, pues “ningún dato de inteligencia” indicaba que Irán fuera a lanzar un “ataque furtivo”. También dijo que “una buena cantidad de los responsables clave de la toma de decisiones no podían expresar su opinión” ante el presidente. No es que no haya, entonces, información; es que Trump no la escucharía. El republicano dijo que lanzó su ataque porque tenía “una buena corazonada”, e insistió en que la guerra terminará cuando “lo sienta en mis huesos”.
“No se puede decir, porque no sabemos, cuáles fueron las opciones presentadas a Trump y si él las ignoró. Lo que sí se puede decir es que el proceso de pasar información objetiva y analítica al presidente se ha deteriorado con Trump”, señaló el exdiplomático Lawrence Gumbiner.
Según la directora de inteligencia nacional, Tulsi Gabbard, quien habló esta semana ante el Senado, “no es responsabilidad de la comunidad de inteligencia determinar qué constituye o no una amenaza inminente”. Y agregó que “la única persona que puede determinar qué constituye o no una amenaza inminente es el presidente”. Sin embargo, como se lo recordó el senador Jon Ossof, está equivocada, pues esta es precisamente la misión de la comunidad que dirige: interpretar información y emitir alertas de manera imparcial.
La comunidad de inteligencia en Estados Unidos cuenta con unas 80.000 personas, entrenadas en la mayoría de los casos en la Universidad Nacional de Inteligencia (NIU), trabajando por analizar y coordinar respuestas ante las amenazas que enfrenta el país. Según Kent, todo el cuerpo sigue cumpliendo con calidad en su trabajo. El problema, además de que no escuchen sus informes, es que el músculo de la comunidad se ha ido reduciendo.
Desde que llegó a la presidencia, Trump ha ido desmantelando la infraestructura antiterrorista. Programas como el de la Prevención de Violencia Dirigida y el Terrorismo del Departamento de Seguridad Nacional, así como la Oficina para Contrarrestar el Extremismo Violento del Departamento de Estado, fueron desmantelados. Esto es problemático según Royce Hutson, profesor asociado de Trabajo Social en la Universidad Estatal de Boise, porque también socavan esfuerzos internacionales.
“El extremismo violento no es, evidentemente, un problema exclusivamente interno; es un fenómeno global. Como becario (...) trabajé en la repatriación y rehabilitación de mujeres y niños vinculados al ISIS en el noreste de Siria, un esfuerzo diseñado para prevenir un ‘ISIS 2.0’. Con el cierre de la oficina, se han perdido años de experiencia e impulso”, escribió Hutson.
También han sido despedidos oficiales de inteligencia que llevaban décadas de trabajo, como Michael Duffin, asesor principal en la Oficina de Lucha contra el Extremismo Violento de la Oficina de Contraterrorismo del Departamento de Estado, y otros han renunciado. Lo que han contado sobre la reestructuración es también preocupante.
“Cuando mi oficina estuvo cerrada, estábamos apoyando la rehabilitación de familiares de miembros del ISIS en el noreste de Siria y desarrollando estrategias para contrarrestar al ISIS-Khorasan, que ha demostrado ser capaz de atacar a Estados Unidos. Ahora, no está claro cómo, o si, el Departamento de Estado continuará con estos esfuerzos a pesar de las pruebas de que la radicalización terrorista está aumentando”, escribió Duffin.
Este panorama es extremadamente delicado debido al contexto actual: Estados Unidos no solo enfrenta una guerra con Irán, cuyos proxis podrían adelantar operaciones en el extranjero, según la misma inteligencia estadounidense, sino que alberga dentro de tres meses la Copa Mundial de Fútbol, uno de los eventos más vistos en el planeta.
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Si bien Estados Unidos ha invertido unos US 625 millones en recursos federales para aumentar la seguridad en las 11 ciudades que albergan partidos, a su vez se han producido recortes inexplicables en zonas como Nueva York, donde la comisionada de policía, Jessia Tisch, denunció un recorte de 40 % respecto a 2024 en fondos de la lucha contra el terrorismo.
“No vamos a saber hasta que algo pase. Es entendible la preocupación. Vimos los incidentes en Minneapolis donde no hubo coordinación entre los servicios de inteligencia y servicios policiales federales y locales. Hay una arrogancia de los agentes federales con los locales, y en un evento como el Mundial, se necesita una coordinación estrecha. Ahora, se ha invertido mucho en los servicios de seguridad respecto a las fronteras. Eso ayudará, pero la preocupación está sobre cómo se comunican las alertas al liderazgo a Washington”, concluyó Gumbiner.
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