La destrucción amazónica se acelera durante el gobierno de Bolsonaro

La destrucción de la selva tropical en la Amazonía brasileña ha aumentado con rapidez en los meses que ha gobernado el presidente de extrema derecha, quien ha reducido los esfuerzos para combatir la tala, minería y explotación ganadera ilegales.

Proteger la Amazonía fue la parte central de la política ambiental de Brasil durante gran parte de las últimas dos décadas. En algún momento el éxito de Brasil al lentificar la tasa de deforestación convirtió al país en un ejemplo internacional de conservación y de los esfuerzos para combatir el cambio climático.

Sin embargo, con la elección del presidente Jair Bolsonaro, que ha sido multado personalmente por violar regulaciones medioambientales, Brasil ha virado considerablemente al retirarse de los esfuerzos que alguna vez hizo por reducir el calentamiento global al preservar la selva tropical más grande del mundo.

Durante su campaña para la presidencia en 2018, Bolsonaro declaró que las amplias tierras protegidas de Brasil eran un obstáculo al crecimiento económico y prometió abrirlas a la explotación para fines comerciales.

A siete meses de su mandato, eso ya está sucediendo.

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La parte brasileña de la Amazonía ha perdido más de 3000 kilómetros cuadrados de área boscosa desde que Bolsonaro asumió el cargo en enero, un aumento de 39 por ciento respecto al mismo periodo del año pasado, de acuerdo con la agencia del gobierno que monitorea la deforestación.

Tan solo en junio, cuando empezó la temporada más seca y templada que facilita la tala, la tasa de deforestación aumentó de manera drástica: alrededor de 80 por ciento más pérdidas que en junio de 2018.

Estos aumentos se registran en momentos en que el gobierno de Bolsonaro ha retirado medidas medioambientales como las multas, advertencias y la confiscación o destrucción de equipo ilegal que haya en áreas protegidas.

Un análisis hecho por The New York Times de registros públicos encontró que las acciones de aplicación por parte de la principal agencia medioambiental brasileña cayeron en 20 por ciento durante el primer semestre de este año en comparación con el mismo periodo en 2018. La baja significa que amplios sectores de la selva pueden derribarse sin mayor resistencia de las autoridades.

Las dos tendencias —el aumento de la deforestación y la renuencia del gobierno a lidiar con la actividad ilegal— tiene en estado de alarma a investigadores, ambientalistas y exfuncionarios que afirman que el mandato de Bolsonaro significaría pérdidas enormes para uno de los recursos naturales de mayor importancia para el mundo.

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“Lo que nos espera es el riesgo de una deforestación desmedida de la Amazonía”, escribieron ocho antiguos ministros de Medioambiente brasileños en una carta conjunta en mayo, en la cual argumentaron que el país necesita reforzar las medidas de protección en vez de debilitarlas.

Bolsonaro ha minimizado los datos nuevos respecto a la tala al calificar de “mentiras” las cifras de la agencia de su propio gobierno, una aseveración que los expertos dijeron no tiene fundamentos. Durante una reunión con periodistas internacionales a mediados de julio, el presidente comentó que la preocupación con la Amazonía se debe a una “psicosis medioambiental” y aseguró que lo que sucede ahí no le compete a los extranjeros.

“La Amazonía es nuestra, no suya”, le dijo a un periodista europeo.

La postura del gobierno de Bolsonaro desató fuertes críticas entre líderes de Europa, poco después de la firma de un acuerdo de libre comercio de Brasil y otros tres países suramericanos con la Unión Europea, pacto que incluye compromisos ambientales.

Durante una visita reciente a Brasil, el ministro de Cooperación y Desarrollo Económico alemán, Gerd Müller, dijo que proteger la Amazonía es un imperativo global, especialmente debido a que tiene un papel vital en la absorción y retiro del dióxido de carbono emitido a la atmósfera; de modo que esa selva tropical es esencial en el esfuerzo por frenar el calentamiento global. Cuando hay tala, quema o derribo, ese dióxido de carbono es liberado de nuevo hacia la atmósfera.

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Alemania y Noruega ayudan con el financiamiento de un fondo de conservación amazónico de 1300 millones de dólares, pero el gobierno de Bolsonaro ha cuestionado si el fondo es efectivo, lo que sugiere que podría poner fin al esfuerzo.

“Sin las selvas tropicales no hay cómo resolver el tema climático”, dijo Müller durante un evento en São Paulo.

En la campaña, Bolsonaro prometió incluso eliminar el Ministerio de Medioambiente, aunque al final no lo hizo por la presión del sector agrícola del país, que temía que tal acción resultara en un boicot a productos brasileños.

Unas semanas antes de su toma de posesión, Brasil se retiró de manera abrupta de su compromiso para ser sede de una cumbre sobre el cambio climático. Luego, ya en el cargo, Bolsonaro redujo en 24 por ciento el presupuesto de la agencia medioambiental, parte de un esfuerzo general por reducir los costos del gobierno.

Bolsonaro también ha denunciado que las multas ambientales son una “industria” que necesita eliminarse, y su gobierno ha dicho que planea debilitar la autoridad que tienen los agentes de protección medioambiental para quemar vehículos y equipo que pertenezcan a mineros y taladores ilegales en áreas protegidas.

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El presidente brasileño ha minimizado las críticas internacionales a tales posturas con el argumento de que los llamados para preservar esas partes de Brasil son solo un plan global para frenar el desarrollo de su país. Este julio acusó a los líderes europeos de buscar la conservación de la Amazonía porque ellos son quienes quieren usarla en el futuro.

“Brasil es como una virgen cotizada que todos los pervertidos extranjeros desean”, afirmó Bolsonaro.

En el pasado, Brasil había intentado presentarse como líder en la protección de la Amazonía y en el combate al calentamiento global. Entre 2004 y 2012 el país creó nuevas áreas de conservación, incrementó las medidas de monitoreo y les quitó los créditos públicos a productores rurales que fueran capturados intentando derribar áreas protegidas. La deforestación alcanzó su nivel más bajo desde que hay registros.

Sin embargo, esos avances ya han tenido tropiezos. Cuando la economía brasileña cayó en recesión en 2014, el país se volvió más dependiente de sus productos agrícolas para la exportación —como la soja y la carne, cuya producción impulsa la deforestación— y del poderoso cabildeo agrícola. La tala empezó a subir de nueva cuenta.

Bolsonaro ha prometido eliminar el resto de las barreras para el desarrollo de tierras protegidas. También ha hablado con desprecio del trabajo de la agencia medioambiental, cuyos efectos ha sentido de primera mano.

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El 25 de enero de 2012, unos agentes medioambientales interceptaron un pequeño barco pesquero en una reserva ecológica en el estado de Río de Janeiro; Bolsonaro, entonces diputado federal, estaba a bordo. Pasó una hora debatiendo con los agentes e ignoró sus demandas de que abandonara la reserva, según José Augusto Morelli, quien estaba a cargo del equipo.

Morelli agregó que Bolsonaro se rehusó a identificarse, pero el agente le tomó una fotografía al ahora presidente en un traje de baño blanco ajustado y lo multaron después.

Bolsonaro nunca pagó lo debido y la multa fue revocada poco tiempo después de que asumió la presidencia. A finales de marzo, en tanto, a Morelli lo rebajaron de puesto, decisión que él percibió como represalia por la multa impuesta en 2012.

El rechazo de Bolsonaro para pagar la multa es algo común: el 95 por ciento de las multas medioambientales en Brasil son rebatidas en tribunales, proceso que se alarga durante años.

Ricardo Salles, el ministro de Medioambiente de Bolsonaro, ahora quiere crear un mecanismo que permitiría que un panel gubernamental tenga la discreción de reducir o suspender castigos medioambientales; exfuncionarios temen que dicho mecanismo debilitará la aplicación de las medidas aún más.

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Salles, quien no respondió a varias solicitudes de entrevista, ha reconocido que las agencias de protección medioambiental se quedan cortas en la vigilancia de actividad comercial en áreas protegidas. No obstante, ha argumentado que el sistema ya había quedado debilitado por los gobiernos anteriores.

Respecto al medioambiente en sí, Salles ha dicho que el gobierno tiene como prioridad problemas urbanos, como mejorar el sistema de tratamiento de desechos y aguas residuales, que el ministro dijo están en un estado “lamentable”.

Otros altos funcionarios del gobierno de Bolsonaro han reaccionado al aumento pronunciado en la deforestación con una mezcla de negación y declaraciones a la defensiva.

El jefe de gabinete de Bolsonaro, Onyx Lorenzoni, adoptó otra postura: criticó lo que dijo son esfuerzos desde el extranjero para formular la política medioambiental de Brasil.

“No somos ingenuos”, dijo Lorenzoni. “Hay una perspectiva en partes del mundo, con el patrocinio de organizaciones no gubernamentales, que relativiza la soberanía brasileña sobre la Amazonía”.

Pero, advirtió en una reunión reciente con reporteros: “Ahí les va un mensaje: ‘No se metan con nosotros'”.

La destrucción de la selva tropical en la Amazonía brasileña ha aumentado con rapidez en los meses que ha gobernado el presidente de extrema derecha, quien ha reducido los esfuerzos para combatir la tala, minería y explotación ganadera ilegales.

Proteger la Amazonía fue la parte central de la política ambiental de Brasil durante gran parte de las últimas dos décadas. En algún momento el éxito de Brasil al lentificar la tasa de deforestación convirtió al país en un ejemplo internacional de conservación y de los esfuerzos para combatir el cambio climático.

Sin embargo, con la elección del presidente Jair Bolsonaro, que ha sido multado personalmente por violar regulaciones medioambientales, Brasil ha virado considerablemente al retirarse de los esfuerzos que alguna vez hizo por reducir el calentamiento global al preservar la selva tropical más grande del mundo.

Durante su campaña para la presidencia en 2018, Bolsonaro declaró que las amplias tierras protegidas de Brasil eran un obstáculo al crecimiento económico y prometió abrirlas a la explotación para fines comerciales.

A siete meses de su mandato, eso ya está sucediendo.

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La parte brasileña de la Amazonía ha perdido más de 3000 kilómetros cuadrados de área boscosa desde que Bolsonaro asumió el cargo en enero, un aumento de 39 por ciento respecto al mismo periodo del año pasado, de acuerdo con la agencia del gobierno que monitorea la deforestación.

Tan solo en junio, cuando empezó la temporada más seca y templada que facilita la tala, la tasa de deforestación aumentó de manera drástica: alrededor de 80 por ciento más pérdidas que en junio de 2018.

Estos aumentos se registran en momentos en que el gobierno de Bolsonaro ha retirado medidas medioambientales como las multas, advertencias y la confiscación o destrucción de equipo ilegal que haya en áreas protegidas.

Un análisis hecho por The New York Times de registros públicos encontró que las acciones de aplicación por parte de la principal agencia medioambiental brasileña cayeron en 20 por ciento durante el primer semestre de este año en comparación con el mismo periodo en 2018. La baja significa que amplios sectores de la selva pueden derribarse sin mayor resistencia de las autoridades.

Las dos tendencias —el aumento de la deforestación y la renuencia del gobierno a lidiar con la actividad ilegal— tiene en estado de alarma a investigadores, ambientalistas y exfuncionarios que afirman que el mandato de Bolsonaro significaría pérdidas enormes para uno de los recursos naturales de mayor importancia para el mundo.

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“Lo que nos espera es el riesgo de una deforestación desmedida de la Amazonía”, escribieron ocho antiguos ministros de Medioambiente brasileños en una carta conjunta en mayo, en la cual argumentaron que el país necesita reforzar las medidas de protección en vez de debilitarlas.

Bolsonaro ha minimizado los datos nuevos respecto a la tala al calificar de “mentiras” las cifras de la agencia de su propio gobierno, una aseveración que los expertos dijeron no tiene fundamentos. Durante una reunión con periodistas internacionales a mediados de julio, el presidente comentó que la preocupación con la Amazonía se debe a una “psicosis medioambiental” y aseguró que lo que sucede ahí no le compete a los extranjeros.

“La Amazonía es nuestra, no suya”, le dijo a un periodista europeo.

La postura del gobierno de Bolsonaro desató fuertes críticas entre líderes de Europa, poco después de la firma de un acuerdo de libre comercio de Brasil y otros tres países suramericanos con la Unión Europea, pacto que incluye compromisos ambientales.

Durante una visita reciente a Brasil, el ministro de Cooperación y Desarrollo Económico alemán, Gerd Müller, dijo que proteger la Amazonía es un imperativo global, especialmente debido a que tiene un papel vital en la absorción y retiro del dióxido de carbono emitido a la atmósfera; de modo que esa selva tropical es esencial en el esfuerzo por frenar el calentamiento global. Cuando hay tala, quema o derribo, ese dióxido de carbono es liberado de nuevo hacia la atmósfera.

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Alemania y Noruega ayudan con el financiamiento de un fondo de conservación amazónico de 1300 millones de dólares, pero el gobierno de Bolsonaro ha cuestionado si el fondo es efectivo, lo que sugiere que podría poner fin al esfuerzo.

“Sin las selvas tropicales no hay cómo resolver el tema climático”, dijo Müller durante un evento en São Paulo.

En la campaña, Bolsonaro prometió incluso eliminar el Ministerio de Medioambiente, aunque al final no lo hizo por la presión del sector agrícola del país, que temía que tal acción resultara en un boicot a productos brasileños.

Unas semanas antes de su toma de posesión, Brasil se retiró de manera abrupta de su compromiso para ser sede de una cumbre sobre el cambio climático. Luego, ya en el cargo, Bolsonaro redujo en 24 por ciento el presupuesto de la agencia medioambiental, parte de un esfuerzo general por reducir los costos del gobierno.

Bolsonaro también ha denunciado que las multas ambientales son una “industria” que necesita eliminarse, y su gobierno ha dicho que planea debilitar la autoridad que tienen los agentes de protección medioambiental para quemar vehículos y equipo que pertenezcan a mineros y taladores ilegales en áreas protegidas.

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El presidente brasileño ha minimizado las críticas internacionales a tales posturas con el argumento de que los llamados para preservar esas partes de Brasil son solo un plan global para frenar el desarrollo de su país. Este julio acusó a los líderes europeos de buscar la conservación de la Amazonía porque ellos son quienes quieren usarla en el futuro.

“Brasil es como una virgen cotizada que todos los pervertidos extranjeros desean”, afirmó Bolsonaro.

En el pasado, Brasil había intentado presentarse como líder en la protección de la Amazonía y en el combate al calentamiento global. Entre 2004 y 2012 el país creó nuevas áreas de conservación, incrementó las medidas de monitoreo y les quitó los créditos públicos a productores rurales que fueran capturados intentando derribar áreas protegidas. La deforestación alcanzó su nivel más bajo desde que hay registros.

Sin embargo, esos avances ya han tenido tropiezos. Cuando la economía brasileña cayó en recesión en 2014, el país se volvió más dependiente de sus productos agrícolas para la exportación —como la soja y la carne, cuya producción impulsa la deforestación— y del poderoso cabildeo agrícola. La tala empezó a subir de nueva cuenta.

Bolsonaro ha prometido eliminar el resto de las barreras para el desarrollo de tierras protegidas. También ha hablado con desprecio del trabajo de la agencia medioambiental, cuyos efectos ha sentido de primera mano.

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El 25 de enero de 2012, unos agentes medioambientales interceptaron un pequeño barco pesquero en una reserva ecológica en el estado de Río de Janeiro; Bolsonaro, entonces diputado federal, estaba a bordo. Pasó una hora debatiendo con los agentes e ignoró sus demandas de que abandonara la reserva, según José Augusto Morelli, quien estaba a cargo del equipo.

Morelli agregó que Bolsonaro se rehusó a identificarse, pero el agente le tomó una fotografía al ahora presidente en un traje de baño blanco ajustado y lo multaron después.

Bolsonaro nunca pagó lo debido y la multa fue revocada poco tiempo después de que asumió la presidencia. A finales de marzo, en tanto, a Morelli lo rebajaron de puesto, decisión que él percibió como represalia por la multa impuesta en 2012.

El rechazo de Bolsonaro para pagar la multa es algo común: el 95 por ciento de las multas medioambientales en Brasil son rebatidas en tribunales, proceso que se alarga durante años.

Ricardo Salles, el ministro de Medioambiente de Bolsonaro, ahora quiere crear un mecanismo que permitiría que un panel gubernamental tenga la discreción de reducir o suspender castigos medioambientales; exfuncionarios temen que dicho mecanismo debilitará la aplicación de las medidas aún más.

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Salles, quien no respondió a varias solicitudes de entrevista, ha reconocido que las agencias de protección medioambiental se quedan cortas en la vigilancia de actividad comercial en áreas protegidas. No obstante, ha argumentado que el sistema ya había quedado debilitado por los gobiernos anteriores.

Respecto al medioambiente en sí, Salles ha dicho que el gobierno tiene como prioridad problemas urbanos, como mejorar el sistema de tratamiento de desechos y aguas residuales, que el ministro dijo están en un estado “lamentable”.

Otros altos funcionarios del gobierno de Bolsonaro han reaccionado al aumento pronunciado en la deforestación con una mezcla de negación y declaraciones a la defensiva.

El jefe de gabinete de Bolsonaro, Onyx Lorenzoni, adoptó otra postura: criticó lo que dijo son esfuerzos desde el extranjero para formular la política medioambiental de Brasil.

“No somos ingenuos”, dijo Lorenzoni. “Hay una perspectiva en partes del mundo, con el patrocinio de organizaciones no gubernamentales, que relativiza la soberanía brasileña sobre la Amazonía”.

Pero, advirtió en una reunión reciente con reporteros: “Ahí les va un mensaje: ‘No se metan con nosotros'”.