Para acelerar el proceso de deportación, la política de “tolerancia cero” impulsada por el presidente Donald Trump en contra de la inmigración ilegal, implementó juicios masivos para indocumentados. Así se dictan estas sentencias en California, donde se empezaron a implementar a partir de esta semana.
La corte entra en sesión y los acusados acceden en fila: son siete hombres y dos mujeres indocumentados, que fueron capturados el día anterior y serán procesados en uno de los juicios masivos. Los acusados, sentados uno al lado del otro, están con la ropa con la que fueron capturados, y en su rostro, más alla del cansancio se hace evidente la resignación de quien sabe que en pocas horas será deportado.
Sus defensores pudieron verlos unas horas antes del juicio para explicarles el proceso, aclararles que no están en una corte migratoria, sino criminal, que se les imputó un delito que conlleva a una pena de hasta seis meses de prisión. Por esto, la fiscalía les ofrece declararse culpables para no cumplir pena de cárcel y ser deportados al instante.
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Sin embargo, lo que abogados y activistas protestan es que se trata de condenas en serie, que marcan un antecedente penal de estos inmigrantes para siempre y que, por lo mismo, se hace más difícil la posibilidad de solicitar una visa o un asilo en el futuro.
- ¿Cómo se declara?
-"Culpable", dice en español un joven de 27 años. Inmediatamente, un intérprete lo traduce: "guilty".
Lo mismo hacen los otros, uno a uno, luego que el juez Michael D. Dembin los interpela.
- ¿Quiénes son los acusados?
Al iniciar el proceso, los abogados de los migrantes y el juez se enfrentan por la anulación de los procesos. Los defensores le pedían al juez que soltara a los acusados bajo fianza, teniendo en cuenta el poco tiempo que tuvieron para asesorar a sus clientes y las malas condiciones en las que los encontraron: algunos sin bañar y otros siquiera sin cepillarse los dientes.
"No voy a anular los juicios, no los voy a soltar", respondió el juez. "No puedo controlar las órdenes que recibo de mi jefe de justicia", añadió, resaltando que en estos cinco días procesó 60 declaraciones de culpabilidad en juicios similares.
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La mayoría de los nueve acusados son mexicanos y la historia es la misma: buscar una mejor vida en Estados Unidos, ganar más dinero para ayudar a sus familiares. Entre los siete se encuentran: Rocío García, una madre soltera de 26 años, que entró pagándole a coyotes; Lucio Martínez de 24 años, que fue para trabajar como cocinero de tacos y ayudar a mantener a su bebé de mese, y Juan Manuel Murillo, de 41 años, que buscaba reunir el dinero para hacerse una cirugía que necesita en los ojos.
Los juicios masivos -conocidos como operación Streamline- comenzaron en Texas en 2005 durante el gobierno del presidente George W. Bush, quien entonces también puso en práctica una política de "tolerancia cero", antes de extenderse a otros estados fronterizos como Arizona.
Antes, la patrulla fronteriza deportaba a aquellos que cruzaban ilegalmente por primera vez a través de una corte civil de migración. El proceso criminal quedaba reservado para quienes tuvieran antecedentes o fueran reincidentes.
El debate en la corte de San Diego, California, era seguido en silencio por los acusados, que escuchaban la traducción en audífonos. Al terminar, el juez los despidió con un "buena suerte" para, minutos después, recibir a otro grupo de cinco hombres y dos mujeres, y repetir el mismo proceso.
Por /AFP
