El Congreso de El Salvador dominado por el oficialismo aprobó este martes una Ley de Agentes Extranjeros propuesta por el presidente Nayib Bukele que incluye un impuesto del 30 % a las donaciones que reciban las oenegés y la decisión de “dictar qué organizaciones humanitarias o medios de comunicación independientes pueden trabajar o no en El Salvador”, según el diario El País.
Con 57 votos a favor de 60 disponibles, “queda aprobada la Ley de Agentes Extranjeros”, declaró el presidente del Congreso, Ernesto Castro, durante una sesión plenaria.
“Por cada transacción financiera, desembolso, transferencia, importación en especie o bienes materiales de cualquier tipo, o cualquier otro, y que sean provenientes de fondos del mandante extranjero, ya sea a través de donaciones, pagos u otros conceptos, a favor de sus agentes extranjeros en el país, se aplicará un impuesto del 30 %”, consigna el artículo 11 de la legislación.
La ley entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial, y los sujetos obligados deberán inscribirse en el Registro de Agentes Extranjeros (RAEX).
“La ley es incompatible con la democracia” y será “una herramienta de control y censura”, advirtió la diputada opositora del partido Vamos, Claudia Ortiz.
Por su parte, el diputado de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena), Francisco Lira, dijo que la normativa “es una ley mordaza” para las ONG que “están señalando actos arbitrarios de este gobierno”.
“Nosotros estamos haciendo lo que la ley nos faculta”, aseguró el presidente del parlamento. Sin embargo, se estima que esta ley puede afectar hasta a unas 8.000 ONG y a más de una docena de medios independientes.
El mandatario había adelantado la iniciativa hace una semana, luego de que varias oenegés denunciaran la detención “arbitraria” del abogado ambientalista Alejandro Henríquez y del pastor evangélico José Pérez, líder de una cooperativa campesina de 300 familias que protestaban para no ser desalojados de un predio ajeno.
Bukele aseguró que “personas humildes” son “manipuladas” por “grupos” de izquierda “y ONG globalistas, cuyo único objetivo real es atacar al gobierno”.
El reciente arresto a una defensora de DD. HH.
Ruth Eleonora López, abogada salvadoreña y referente regional en la lucha anticorrupción y la defensa de los derechos humanos, fue arrestada el 18 de mayo. Su paradero sigue siendo desconocido, según denunció Cristosal, organización en la que dirige la Unidad de Anticorrupción.
La Fiscalía la acusa de “peculado” por hechos vinculados a su paso como asesora del expresidente del Tribunal Supremo Electoral, Eugenio Chicas. No obstante, organismos como Human Rights Watch, Amnistía Internacional y WOLA denuncian una persecución política.
López ha sido crítica del gobierno de Bukele y ha documentado casos como Pegasus, contratos irregulares, violaciones en el régimen de excepción y el uso del CECOT para migrantes. En 2024 fue incluida por la BBC entre las 100 mujeres más influyentes del mundo.
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