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En Venezuela dicen que el 10 % de la población dejó el país por cuenta de la crisis económica, política y social. La mayor parte de la diáspora se ha repartido por América Latina. Cada día, cientos de venezolanos inician a pie una huida ardua hacia Colombia, Perú, Ecuador, Chile y hasta Uruguay. Una travesía que no siempre acaba bien.
El sábado 18 de agosto, en la ciudad de Pacaraima, del estado de Roraima, fronteriza entre Venezuela y Brasil, un grupo de 1.200 venezolanos tuvo que abandonar el campamento en el que se refugiaban en el vecino país debido a los fuertes ataques que recibieron por parte de los habitantes de la ciudad. Los cambuches y las pertenencias personales con las que sobrevivían los migrantes fueron destruidos y quemados mientras los residentes los persiguieron hasta la línea divisoria gritando “fuera venezolanos”.
Los habitantes de esta pequeña localidad protestan porque Pacaraima se ha convertido en la principal puerta de entrada de la mayoría de venezolanos que han ingresado a Brasil en el último año y medio (según autoridades, entre 400 y 1.200 cruzan diariamente la frontera) y la situación se vuelve cada vez más complicada.
“Las autoridades no se están tomando en serio la situación. Tenemos todos los servicios públicos saturados. Estamos con nuestros recursos a cero y vamos a entrar en colapso”, afirmó Juliano Torquato, alcalde de Pacaraima. De igual forma, la gobernadora del estado de Roraima, Suely Campos, afirmó que desde hace más de un año se han venido solicitando recursos económicos, sanitarios, educativos y policiales para enfrentar la ola migratoria de venezolanos.
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Frente a las confrontaciones, el gobierno de Brasil, en cabeza de Michel Temer, convocó a dos reuniones de emergencia con varios de los ministros. La primera, el domingo 19 de agosto, en la cual se resolvió enviar 120 efectivos de la Fuerza Nacional para reforzar la seguridad y 36 voluntarios que atendieran temas de salud. Sin embargo, para Campos, estas medidas “aliviarán los impactos, pero no resuelven el problema”.
Brasil no ha sido el único país latinoamericano que se ha enfrentado a los retos de la inmigración de venezolanos. Según el último informe de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), entre el 2015 y el 2017 el número de inmigrantes venezolanos en Latinoamérica tuvo un incremento de más del 900 %.
Cifras reveladas por el Grupo de Lima, de la mano de las estimaciones realizadas por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y la OIM, reflejan que en la región, el país que ha concentrado la mayor parte de la migración venezolana desde el 2015 es Colombia, con aproximadamente 800.000 personas. En Perú, las últimas cifras registran un ingreso de casi 385.000 venezolanos. Por su parte, Chile ha recibido cerca de 160.000; Argentina, 82.000; México, 65.784, y Brasil más de 50.000.
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En Colombia, los venezolanos también han sido víctimas del rechazo y la xenofobia. En algunas ciudades han circulado panfletos que amenazan quitarles la vida y se han llevado a cabo manifestaciones en contra de su llegada masiva. Incluso en Cúcuta, a principios de este año, atacaron a un grupo de migrantes con bombas molotov, y a través de las redes sociales los mensajes de odio y rechazo son cada vez más frecuentes.
Así como los venezolanos se han enfrentado a actos de xenofobia por parte de los residentes de las ciudades latinoamericanas a las que emigran, en Centroamérica, los nicaragüenses que han tenido que dejar su país a causa de la violenta represión que ejerce el actual gobierno del mandatario Daniel Ortega enfrentan la misma situación en sus países vecinos, como Costa Rica, donde se estima que el 8 % de la población es inmigrante, la mayoría de Nicaragua.
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El pasado sábado, cientos de costarricenses se manifestaron en el parque La Merced de San José en contra del ingreso de nicaragüenses que piden refugio en el vecino país. La protesta, que arengaba consignas de “fuera nicas” y en la que se ondeaban banderas y camisas de Costa Rica, tenía una finalidad pacífica. Sin embargo, escaló hasta terminar en disturbios con más de 44 detenidos por desorden público (entre los que se identificaron varias personas con símbolos nazis) y con el decomiso de bombas caseras, cuchillos y machetes.
“Estamos protestando porque la Policía de Migración está dejando pasar a demasiados extranjeros nicaragüenses hacia Costa Rica y realmente no se puede aguantar más porque esto es una invasión”, afirmó Luis Mauricio Vargas, uno de los manifestantes, a la agencia Efe.
La Dirección de Migración y Extranjería de Costa Rica ha revelado que, sólo en junio, el país recibió al menos 5.200 solicitudes de refugio, llegando a un total de más de 20.000 solicitudes.
Debido a las violentas protestas, el mandatario, Carlos Alvarado, se pronunció afirmando que “frente a llamados de odio o violencia deben prevalecer la sensatez, la prudencia, la inteligencia y la solidaridad”, y aseguró que el Gobierno trabaja con ayuda internacional y de la mano de 37 instituciones para atender el flujo de miles de nicaragüenses que han llegado al país desde que se desató la crisis en abril de este año.
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Los gobiernos de países como Ecuador y Perú tomaron medidas para disminuir la entrada de migrantes venezolanos a sus países, exigiendo la presentación del pasaporte para cruzar la frontera.
La semana pasada se adoptó la medida en Ecuador, y más de 50 venezolanos se encuentran actualmente varados en la zona fronteriza con Colombia sin poder ingresar al país vecino. La sorpresiva noticia generó angustia y varias protestas en la zona de Rumichaca, ante la incertidumbre de quienes se quedaron allí atrapados.
Perú afirmó que seguirá el mismo mandato a partir del próximo 25 de agosto, por lo que la mayoría de venezolanos en transición tendrían que quedarse en Colombia.
El pronunciamiento de los gobiernos de Lenín Moreno (Ecuador) y Martín Vizcarra (Perú), y los recientes actos de xenofobia hacia venezolanos y nicaragüenses en América Latina, llevaron a que el portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric, pidiera que se respeten las leyes y convenciones internacionales sobre los refugiados y los derechos de los venezolanos que huyen de su país.
“Es importante que aquellos que escapan de la violencia y que aquellos que huyen para salvar sus vidas reciban sus derechos y sean tratados con dignidad”, afirmó Dujarric.
Por su parte, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, pidió a los países latinoamericanos “mantener las puertas abiertas al pueblo de Venezuela, víctima de la peor crisis humanitaria que el continente ha visto”.
(Ver más: CPI anuncia exámenes preliminares por "presuntos crímenes" en Venezuela)
¿Ahora sí Maduro ante la CPI?
Recientemente, el mandatario de Argentina, Mauricio Macri, afirmó en una entrevista con la cadena de noticias CNN que está en proceso su solicitud para que se investigue a través de la Corte Penal Internacional (CPI) los presuntos delitos de lesa humanidad cometidos en Venezuela.
De igual forma señaló que la solicitud se hará probablemente junto con los gobiernos de Colombia, Chile y Paraguay, ya que en la región “cada vez hay más consensos de tomar medidas más contundentes en el intento, hasta ahora frustrante, de ayudar a los hermanos venezolanos”.
A principios del 2018, un panel de juristas expertos en derechos humanos pidió una investigación de posibles crímenes de lesa humanidad en Venezuela y remitieron un informe a la CPI. Sin embargo, para que la solicitud de una investigación sea aceptada por la corte debe realizarse por parte de un Estado miembro del Estatuto de Roma, el consejo de Seguridad de la ONU o la fiscal del CPI. Hasta el momento, ningún Estado había realizado la solicitud. Seguramente ahora, con la intervención de los países latinoamericanos, la investigación pueda pasar del examen preliminar.