A diferencia del inicio de su primer gobierno, Donald Trump ya no encuentra resistencia en el Congreso, lo que le ha permitido avanzar en su agenda de manera acelerada en áreas claves, como inmigración, política económica, justicia y política exterior. Hoy cumple un mes en el poder y ha puesto a temblar al mundo con sus decisiones: aranceles, recorte de ayudas internacionales y acercamientos con Vladimir Putin negociando una paz que no tiene en cuenta a Ucrania.
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En 2017, como ahora, el Partido Republicano dominaba ambas cámaras del Legislativo, pero dentro de su bancada había una suerte de resistencia entre conservadores moderados que hoy es casi inexistente. Con el Capitolio alineado a la agenda de la Casa Blanca, dejando sin filtros a Trump, a la oposición y al sistema de controles y equilibrios solo queda una línea de combate: las cortes.
Sí, la Corte Suprema está inclinada hacia Trump, quien logró instalar a tres magistrados afines a su agenda en este tribunal durante su primera administración. Pero el Poder Judicial está compuesto por muchos más que el Supremo. En este sistema jerárquico, las cortes de distrito y los tribunales de circuito, los niveles anteriores al Supremo dentro del Poder Judicial, son los que han puesto el freno a varias de las decisiones del mandatario.
En Seattle, por ejemplo, un juez de distrito bloqueó la orden de Trump de poner fin a la ciudadanía universal por nacimiento, una de las más polémicas decisiones del republicano en materia migratoria en este primer mes de gobierno. Lo más importante de esta respuesta del Poder Judicial es que no ha recaído solo en los jueces liberales (que en su mayoría han sido nominados por presidentes demócratas).
En Estados Unidos es común hablar de jueces conservadores y liberales en todo el sistema jerárquico. Los primeros no solo son los que suelen nominar a los presidentes republicanos (que igual deben ser aprobados por el Congreso), sino que tienen otras particularidades: tienden a interpretar la Constitución de manera originalista o textualista, es decir, siguiendo el significado que tenía cuando fue escrita; favorecen el poder de los estados sobre el gobierno federal y son más escépticos sobre la expansión de derechos a través de fallos judiciales.
Los liberales, por otro lado, interpretan la Constitución de forma más dinámica, considerando cómo la sociedad ha evolucionado; tienden a favorecer una mayor intervención del gobierno federal para garantizar derechos civiles y sociales, y son más propensos a expandir derechos a través de interpretaciones judiciales. En ese sentido, ha sido sorprendente ver cómo los conservadores también se han sumado a los esfuerzos por detener la ola de decisiones de Trump.
Un ejemplo es el del juez Carl Nichols, un juez del Distrito de Columbia nominado por Trump en 2018, quien bloqueó los planes del republicano para enviar a licencia a miles de trabajadores de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid). John C. Coughenour, juez del Distrito Oeste de Washington nominado por Ronald Reagan, es quien estuvo detrás del bloqueo sobre la decisión de ciudadanía por nacimiento.
Hasta el 17 de febrero, al menos 26 del maremoto de decisiones que tomó Trump desde el primer día fueron pausadas temporalmente por tribunales de distrito. La Casa Blanca ya apeló y busca la intervención de tribunales superiores. La mayoría de estas iniciativas, como la de la ciudadanía por nacimiento, son consideradas inconstitucionales por expertos, por lo que esos casos podrían llegar a la Corte Suprema en las próximas semanas y meses. ¿El gobierno no sabe que lo que hace es inconstitucional? Por supuesto que lo sabe. De ahí parte su estrategia.
“La administración parece haber querido impugnaciones que consumen una tonelada de recursos —de oponentes, tribunales y atención pública— aun cuando los miembros de la administración saben que las disposiciones no se ajustan a la ley vigente”, dijo Judith Resnik, profesora de la Facultad de Derecho de Yale.
En otras palabras: Trump busca “abrumar a la oposición del presidente y eventualmente ganar al menos algunas decisiones que rompan precedentes en la conservadora Corte Suprema”, según resumió Mattathias Schwartz, periodista judicial de “The New York Times”.
Aunque el Poder Judicial es, hasta ahora, “el talón de Aquiles de Trump”, y le ha puesto freno a su proyecto, este sistema tiene su propio “talón de Aquiles”: el tiempo. Trump y su mano derecha, Elon Musk, llegaron a reconfigurar todo el gobierno federal con una velocidad impresionante. Los tribunales estadounidenses, sin embargo, no actúan con la misma rapidez por el diseño mismo del sistema.
Pueden pasar años hasta que un caso avance por los tribunales inferiores y llegue a la Corte Suprema de Estados Unidos. Y este es un problema de fondo. Si los tribunales concluyen en última instancia dentro de algunos meses que las acciones de la administración Trump con respecto a Usaid, por ejemplo, fueron ilegales, podría ser imposible reconstituir la Agencia.
“Muchos trabajadores podrían haberse desmoralizado y buscar otro empleo. Habría que contratar y capacitar a nuevo personal para reemplazarlos. Habría que renegociar los contratos que se habían rescindido, invalidado o vencido. Y los países y las comunidades que habían recibido ayuda de Usaid podrían estar menos comprometidos con los programas renovados, por temor a que los servicios pudieran volver a interrumpirse”, escribió Maya Sen, profesora de políticas públicas de Harvard Kennedy School.
Incluso si los tribunales fallan en contra del gobierno, la capacidad de hacer cumplir sus decisiones es limitada. Trump y su equipo han insinuado que pueden ignorar fallos judiciales o, mucho peor, tomar represalias contra jueces. En plena campaña, el hoy vicepresidente J. D. Vance dijo: “Cuando los tribunales te detengan, preséntate ante el país como lo hizo Andrew Jackson y di: ‘El presidente de la Corte Suprema ha dictado su sentencia, ahora que la haga cumplir’”.
Esta cita corresponde al fallo de la Corte Suprema en el caso Worcester vs. Georgia (1832), tras el que el expresidente Jackson soltó esta frase (aunque no hay pruebas de ello) con la que desafiaba la decisión de la Corte y expuso la limitada autoridad de los tribunales: pueden emitir fallos, pero dependen del Ejecutivo y el Legislativo para hacerlos cumplir. En este sentido, el talón de Aquiles de Trump podría no durar mucho.
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