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Los migrantes venezolanos que fueron enviados por Estados Unidos a El Salvador fueron “torturados”, sufrieron violencia sexual y otros vejámenes en la megacárcel para pandilleros donde estuvieron recluidos cuatro meses, denunció este miércoles la ONG Human Rights Watch (HRW).
El presidente estadounidense, Donald Trump, en acuerdo con su par salvadoreño Nayib Bukele, trasladó en marzo e inicios de abril a 252 migrantes de Venezuela al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), al acusarlos sin pruebas de pertenecer a la banda criminal Tren de Aragua.
“Los casos de tortura y malos tratos a venezolanos en El Salvador no fueron incidentes aislados cometidos solo por algunos guardias o policías antimotines abusivos, sino (también) violaciones sistemáticas de derechos humanos”, aseguró HRW.
El informe, titulado “Llegaron al infierno”, fue publicado en conjunto con la ONG centroamericana Cristosal, que cerró sus oficinas en El Salvador en julio al denunciar una “escalada represiva” contra defensores de derechos humanos.
Según el reporte, los detenidos permanecieron en un “régimen de incomunicación”, alimentación inadecuada y condiciones precarias de higiene.
“La administración Trump pagó a El Salvador millones de dólares para detener arbitrariamente a venezolanos que luego fueron sometidos casi a diario a golpizas brutales”, dijo en un comunicado la directora para las Américas de HRW, Juanita Goebertus.
Los venezolanos fueron repatriados en julio en un canje de prisioneros entre Washington y Caracas, que liberó a 10 ciudadanos y residentes estadounidenses en Venezuela y a unos 80 presos políticos.
Investigadores de HRW y Cristosal entrevistaron a 40 de los venezolanos que estuvieron detenidos en el Cecot y a otras 150 personas, incluidos familiares y abogados.
Tres venezolanos contaron que fueron víctimas de “violencia sexual” en la prisión. Uno narró que cuatro guardias abusaron de él y lo obligaron a “practicar sexo oral” a cada uno de ellos.
Durante la reclusión, HRW y Cristosal solicitaron información sobre las detenciones a los gobiernos de El Salvador y Estados Unidos, pero no obtuvieron respuesta.
Al negarse a revelar información sobre el paradero y situación de los detenidos, ambos gobiernos incurrieron en el delito de “desaparición forzada” según el derecho internacional, acusó el informe.
Una de las conclusiones de la investigación es que aproximadamente la mitad de los venezolanos enviados al Cecot no tenían sentencias judiciales y solo el 3 % había sido condenado en Estados Unidos por un delito violento.
Familiares y abogados afirmaron a HRW que al menos 62 venezolanos fueron expulsados mientras sus procesos de asilo en Estados Unidos estaban en trámite.
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