4 Jul 2019 - 6:48 p. m.

Lo que no le gustó a Nicolás Maduro del informe de la ONU sobre derechos humanos en Venezuela

Michelle Bachelet, alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, visitó Venezuela la semana pasada. Estuvo tres días y se reunió con varios sectores del país. Este jueves presentó su informe, nada favorable a Nicolás Maduro, quien le hizo 70 aclaraciones al informe.

- Redacción Internacional

Después de años de insistencia, el gobierno de Nicolás Maduro, empujado por la presión diplomática, accedió a tener una visita de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU a Venezuela.

Fue así que Michelle Bachelet llegó a Venezuela  del 19 al 21 de junio, y permaneció en el país tres días, reuniéndose con todos los sectores posibles. La expresidenta chilena abandonó el país el viernes pasado y hoy presentó su informe de la visita.

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Estos son los cinco puntos claves que denuncia la Alta Comsionada de la ONU en el documento, que presentará mañana en Ginebra. "El Gobierno se comprometió con nosotros a solucionar algunas de las cuestiones más espinosas, entre otras el uso de la tortura y el acceso a la justicia, y a facilitarnos la entrada ilimitada a los centros de reclusión", afirmó Bachelet en el comunicado de hoy. Nicolás Maduro le dijo a Bachelet que el informe está lleno de errores.

La República Bolivariana de Venezuela “solicita a la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas adoptar las medidas necesarias para corregir los errores del informe A/HRC/41/18”, a través de un documento que da cuenta de los errores de hecho del informe de la Alta Comisionada.

1. Ejecuciones extrajudiciales

El informe denuncia la proporción "sorprendentemente elevada" de presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas de seguridad en Venezuela.

El documento también resalta que "los grupos armados civiles progubernamentales conocidos como colectivos han contribuido al deterioro de la situación, al imponer el control social y ayudar a reprimir las manifestaciones".

La alta responsable de la ONU pide en sus conclusiones la disolución de las Fuerzas Especiales (FAES), a las que achaca en particular la mayor parte de las 5.287 muertes extrajudiciales, supuestamente por "resistencia a la autoridad", durante operaciones policiales en 2018.

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"Entre el 1 de enero y el 19 de mayo del presente año, otras 1.569 personas fueron asesinadas, según las estadísticas del propio Gobierno. Otras fuentes apuntan a que las cifras podrían ser muy superiores" resalta Bachelet.

Además hay 793 personas privadas arbitrariamente de libertad, dice la Alta Comisionada. Y justo ese tema tiene contra la pared al gobierno chavista. El sábado murió en custodia el militar Rafael Acosta Arévalo, en oscuras circunstancias que apuntan que perdió la vida por culpa de las torturas. 

Además de la disolución de las FAES y de los "colectivos", Bachelet recomienda la creación de "un mecanismo nacional imparcial e independiente" para analizar esas ejecuciones extrajudiciales, y le pide al gobierno que publique regularmente datos exhaustivos sobre la salud, el acceso al agua y alimentos, entre otros, de la población venezolana.

El informe recuerda que la Alta Comisionada ha pedido la creación de una oficina permanente en el país sudamericano.

2. Grave crisis económica 

El informe de la ONU hace referencia a la grave crisis económica y social, que se agudizó entre 2018 y 2019. Resalta que el salario y los subsidios apenas cubren cuatro días del mes, lo que pone a la población en grave riesgo.  "La población venezolana está afrontando muy diversas e interrelacionadas violaciones de sus derechos económicos y sociales".

Bachelet reconoce resalta que , a pesar de que el Gobierno ha decretado varios aumentos en el salario mínimo, su poder adquisitivo ha disminuido hasta el punto de que ya no se lo puede considerar como un salario de subsistencia. Denuncia también el desvío de recursos, corrupción y  falta de mantenimiento en la infraestructura pública, así como la subinversión, han tenido como resultado violaciones al derecho a un nivel adecuado de vida, entre otros, debido al deterioro de servicios básicos como el transporte público y el acceso a electricidad, agua y gas natural.

El documento resalat que El Gobierno afirmó que destina 75 por ciento de presupuesto anual a la inversión en el área social. "El principal programa de asistencia alimentaria, conocido como “cajas CLAP”, no cubre las necesidades nutricionales que son elementales para la gente. El Gobierno no ha demostrado que ha utilizado todos los recursos disponibles para garantizar la realización progresiva del derecho a la alimentación, ni tampoco que hubiere buscado, sin éxito, asistencia internacional para abordar dichas deficiencias", señala la Comisionada.

Las personas que hablaron con la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en Venezuela denunciaron el uso político de los programas sociales y de las ayudas. 

3. Violaciones al derecho a la salud

Son muchos los informes que hablan de la escasez de medicamentos cercana al 80% en Venezuela. El informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU (ACNUDH) lo confirma, dice que la situación es grave. 

"Las personas entrevistadas describieron consistentemente una infraestructura de la atención a la salud que lleva años deteriorándose y que se caracteriza por el éxodo de doctores/as y personal de enfermería, así como por graves carencias en la atención médica básica y de medicamentos. Las familias de los/as pacientes tienen que suministrar todos los productos de primera necesidad, entre otros, agua, guantes y jeringuillas. Se ha informado de carencias del 60 al 100 por ciento de fármacos esenciales en cuatro de las principales ciudades de Venezuela, incluyendo Caracas", resalta el informe.

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Bachelet alerta por la reaparición de enfermedades anteriormente controladas y que se pueden evitar con vacunas como sarampión y difteria.

"Hay falta de acceso a todos los tipos de anticonceptivos, con algunas ciudades enfrentando una escasez del 100 por ciento" . Ello aumenta el riesgo de contraer el VIH y otras enfermedades de transmisión sexual, así como la tasa de embarazos no deseados y de embarazos en adolescentes", dice el documento, que concluye: "Violaciones al derecho a la salud son resultado del incumplimiento del Gobierno de sus obligaciones fundamentales, las cuales son irrenunciables, aún por motivos económicos".

4. Libertad de expresión

Dice Bachelet en su informe que, "en los últimos años el Gobierno ha tratado de imponer una hegemonía comunicacional imponiendo su propia versión de los hechos y creando un ambiente que restringe los medios de comunicación independientes".

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Por esta situación, dice  ACNUDH, han tenido que cerrar docenas de medios impresos y el Gobierno clausuró emisoras de radio e hizo que dejaran de emitir canales de televisión.

"Aumentaron las detenciones de periodistas, incluyendo de periodistas extranjeros quienes fueron expulsados o dejaron el país inmediatamente después de su liberación. "El ACNUDH documentó varios casos de detenciones arbitrarias de personas por expresar opiniones en redes sociales. En los últimos diez años, la ONG Espacio Público ha registrado detenciones arbitrarias y cargos penales contra 55 personas por publicaciones en medios sociales".

5. Persecusión a la oposición

Durante al menos una década, el Gobierno, así como las instituciones controladas por el Gobierno han aplicado leyes y políticas que han acelerado la erosión del estado de derecho y el desmantelamiento de las instituciones democráticas, incluyendo la Asamblea Nacional, señala ACNUDH .

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"Estas medidas tienen como objetivo neutralizar, reprimir y criminalizar a opositores/as políticas y críticas al Gobierno. Esta tendencia se ha aumentado desde 2016, después de que la oposición ganara la mayoría de los escaños de la Asamblea Nacional, lo cual llevó a un incremento de la represión selectiva de la oposición política y a una restricción incesante del de por sí limitado espacio democrático".

"La oposición política, los/as activistas de derechos humanos y los/as periodistas, entre otros/as, son con frecuencia blanco de discursos que los tildan de “traidores” y “agentes desestabilizadores”, señala el documento.

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