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Un documento presentado por el fiscal de La Haya, Karim Khan, asegura que existen pruebas suficientes para considerar que en Venezuela se cometió un “ataque sistemático contra la población civil de conformidad con una política de Estado”.
Desde 2018, la Corte Penal Internacional (CPI) investiga al régimen de Nicolás Maduro por crímenes contra la población civil, luego de recibir una denuncia de Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Perú. Maduro ha dicho que la CPI no tiene competencia para investigarlo y juzgarlo, y que él, por su cuenta, se ha encargado de investigar “los presuntos crímenes” en su país.
Sin embargo, según destaca Khan, “la totalidad de las investigaciones y procedimientos nacionales presentados por el Gobierno de Venezuela no reflejan suficientemente la investigación prevista por la Corte porque no ha habido ninguna investigación de crímenes de lesa humanidad”.
El documento de Khan busca entonces contestarle a las desestimaciones hechas por Maduro y señalar que, en efecto, hay una política criminal que merece investigarse.
“La política de atacar a esta parte de la población fue, como mínimo, alentada o aprobada por el Gobierno de Venezuela y llevada a cabo principalmente por miembros de fuerzas de seguridad del Estado específicas con la posible ayuda de grupos o individuos progubernamentales”, señala el documento presentado el viernes.
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Con esto, el fiscal Khan pide que continúe caso “Venezuela I”, el cual fue abierto por la anterior fiscal, Fatou Bensouda, y busca exigir un enjuiciamiento por los crímenes de lesa humanidad que se han cometido en Venezuela.
Cabe destacar que la Corte no solo tiene en la mira a Maduro, sino a todo su círculo. El plan sistemático habría sido ejecutado por funcionarios del Servicio Nacional de Inteligencia Bolivariano (SEBIN); de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM); de las Fuerzas de Acción Especiales (FAES); del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC); de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB); el Comando Nacional Antiextorción y Secuestro (CONAS); y de otras unidades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).
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También habrían participado ministros del gabinete de Maduro y altos mandos de la Policía Nacional Bolivariana. El fiscal Khan resalta en su documento que “las víctimas fueron sometidas a actos de violencia que incluyeron palizas, asfixia, casi ahogamiento y descargas eléctricas que resultaron en graves daños a su bienestar mental y físico”.
“(La CPI) llegó a la conclusión de que los posibles casos identificados son de gravedad suficiente para justificar la adopción de nuevas medidas por la Corte, a la luz de consideraciones cuantitativas y cualitativas, entre ellas la escala, la naturaleza, la forma de comisión y las repercusiones de los crímenes”, señala Khan en su escrito.
En los próximos meses, la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI determinará si la investigación continúa, luego de haber recibido los comentarios del régimen de Maduro y la respuesta del fiscal Khan, además de los testimonios de miles de víctimas venezolanas.
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