La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, le pidió este jueves a Estados Unidos pruebas “irrefutables” en el caso del gobernador de Sinaloa y nueve personas más acusadas de nexos con el narcotráfico por la Fiscalía de Nueva York.
Rubén Rocha Moya, miembro del partido oficialista Morena, gobierna ese violento estado desde 2021 y es considerado cercano al expresidente Andrés Manuel López Obrador. Los otros imputados también son miembros del partido en el poder.
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“Si la Fiscalía General (...) recibe pruebas contundentes e irrefutables conforme a la legislación mexicana o en su propia investigación encuentra elementos constitutivos de un delito, deberá proceder” a la solicitud de detención para extraditar a los acusados a Estados Unidos, dijo Sheinbaum en su rueda de prensa matutina.
Además, la mandataria señaló que, si no se presentan pruebas, sería evidente que “el objetivo de estas imputaciones por parte del Departamento de Justicia es político”. Al cuestionar las motivaciones de la acusación, añadió: “No vamos a permitir que ningún gobierno extranjero venga a decidir el futuro del pueblo en México”.
La Fiscalía estadounidense asegura que Rocha Moya y otros nueve “antiguos o altos funcionarios del Gobierno y de las fuerzas del orden” se asociaron con el cartel de Sinaloa “para distribuir enormes cantidades de narcóticos en Estados Unidos”.
Esta es la primera vez, reconoció Sheinbaum, que se acusa de nexos con el narcotráfico a un gobernador, a un senador y a un presidente municipal en funciones. “No vamos a proteger a nadie”, dijo la mandataria, al subrayar que se debe cumplir con las leyes mexicanas antes de proceder a la solicitud de Estados Unidos.
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“Nada que temer”: Sheinbaum al gobernador de Sinaloa, acusado por EE. UU.
Rocha Moya, de 76 años, salió a rechazar las acusaciones tan pronto se conocieron, y este jueves convocó un evento público en el municipio de Navolato, según medios mexicanos. “Siento ser una persona limpia”, se limitó a responder a preguntas sobre los cargos en su contra.
Sheinbaum comentó durante la conferencia de prensa matutina que ya había conversado telefónicamente con el gobernante estatal: “Le manifesté: si no hay nada, no hay nada que temer, nada. Tiene que haber pruebas”.
La presidenta detalló que también conversó con su gabinete de seguridad sobre cómo la Fiscalía Federal y la Cancillería se van a “coordinar con las autoridades estadounidenses” para analizar la solicitud de detención con fines de extradición de los imputados.
La Fiscalía “tiene que hacer una revisión exhaustiva” y a partir de ahí dar su resolución. Este resultado se entregará a Estados Unidos a través de la Cancillería.
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La mandataría desestimó algunas de las pruebas presentadas por los estadounidenses, como una supuesta relación de pagos de sobornos a los políticos señalados. “Es de llamar la atención, es una hoja de papel”, describió.
Señaló que el departamento jurídico de la Cancillería ha revisado el expediente y ha concluido que “no hay pruebas”, pero que, conforme a lo marcado en la ley, le corresponderá a la Fiscalía General hacer la investigación.
Rubén Rocha Moya, de 76 años, fue antes diputado local y senador por Sinaloa. Su gestión está marcada por la confrontación entre los “Chapitos” y los herederos del otro cofundador del cartel de Sinaloa, Ismael Mayo Zambada, detenido en julio de 2024 y preso en Estados Unidos. El enfrentamiento entre ambos grupos ha dejado centenares de muertos y desaparecidos en el estado.
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Los presuntos nexos del gobernador de Sinaloa con el crimen organizado salieron a la luz en una carta del Mayo Zambada, en la que afirmaba que fue llevado bajo engaños a Estados Unidos cuando se dirigía a una reunión con Rocha Moya.
El Cartel de Sinaloa fue designado como organización terrorista por el gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, que le pide a México detener el tráfico de drogas hacia su territorio, en particular del fentanilo. Como castigo, él ha amenazado con imponer aranceles o con utilizar sus tropas para perseguir narcos en el país.
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