El Gobierno de México reconoció el asesinato de 15 aspirantes en el actual proceso rumbo a las elecciones del 2 de junio. Además, confirma haber recibido más de 100 solicitudes de candidatos que buscan protección ante el riesgo de violencia.
De las víctimas, solo dos se habían registrado ya como candidatos oficiales ante las autoridades electorales, cinco eran precandidatos y ocho eran aspirantes, es decir, solo habían expresado su intención de buscar un puesto, según detalló en una conferencia la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez.
Rodríguez aseguró que el Gobierno tiene una estrategia conjunta con el Instituto Nacional Electoral (INE) para proteger a los candidatos federales que no demora más de 72 horas en resolverse.
“Hasta el 1 de abril contamos con 108 solicitudes de protección, 86 de las cuales han sido atendidas, 10 fueron declinadas y 12 se encuentran en análisis de riesgo”, detalló la funcionaria.
Las peticiones, precisó, incluyen a los tres candidatos a la presidencia, siete aspirantes a gobernador, 27 al Senado y 71 a diputados.
De las solicitudes, 34 han sido de candidatos de partidos aliados del oficialismo y el resto de la oposición, según una gráfica que exhibió la secretaria.
“El Gobierno está pendiente de todas las peticiones de candidatos, candidatas y partidos, para que sean atendidas de manera inmediata y el proceso electoral se lleve a cabo de manera pacífica”, sostuvo.
La titular de Seguridad recordó que el Gobierno federal protege con elementos de la Guardia Nacional a candidatos a un cargo federal y a ser gobernadores, mientras que “los gobiernos estatales y municipales hacen lo propio con quienes aspiran a puestos de elección popular del carácter local”.
Las cifras no coinciden
Aunque esta es la primera cifra oficial de homicidios electorales del Gobierno de México, el conteo está por debajo de las estimaciones de organizaciones ciudadanas, como la consultora Data Int, que contabiliza 28 asesinados, mientras que Data Cívica reportó 10 el primer bimestre de 2024 y 11 en la segunda mitad de 2023.
También, la organización Laboratorio Electoral publicó el 2 de abril un informe que ha documentado 50 asesinatos relacionados con las próximas elecciones. Esto ya supera los 43 homicidios de los anteriores comicios presidenciales de 2018.
De estas 50 víctimas hay 26 que eran aspirantes a un cargo de elección popular, mientras que el resto eran familiares, políticos o funcionarios públicos, detalló el ‘Segundo reporte preliminar de violencia electoral del proceso 2023-2024′.
El reporte se publica un día después del asesinato de Bertha Gisela Gaytán, candidata de Morena a alcaldesa del municipio de Celaya, en el céntrico estado de Guanajuato.
En total, el laboratorio de ideas (‘think tank’) ha registrado 156 agresiones a personas relacionadas con los comicios, en las que, además de los asesinatos, hay nueve secuestros, 22 atentados y 75 amenazas.
Los partidos con mayor número de aspirantes asesinados son el gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena), con nueve, y el opositor Partido Acción Nacional (PAN), con cinco.
La investigación halló que los meses con mayor cantidad de asesinatos han sido julio, octubre, enero, febrero y marzo.
“El incremento de casos en los últimos tres meses ha sido del 150 %, lo que deja ver que estamos ante una espiral de violencia que coincide con la conclusión de las precampañas y el registro de candidaturas a nivel local”, advirtió.
El documento identificó que los estados con más casos de violencia electoral son Guerrero, Veracruz y Michoacán.
El conteo del Laboratorio Electoral considera asesinatos desde junio de 2023, cuando terminaron las elecciones locales del Estado de México y Coahuila, por lo que políticos comenzaron a revelar sus aspiraciones.
Además, la organización señaló que “en la mayoría de los casos de amenazas e intimidación no se dan a conocer los nombres o los cargos por miedo, y en casi ningún caso se ha informado a las autoridades electorales de estas situaciones”.
Sheinbaum acusa a la autoridad electoral
La candidata presidencial del oficialismo mexicano, Claudia Sheinbaum, acusó al Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) de no proteger a la asesinada Bertha Gisela Gaytán, aspirante a alcaldesa de Celaya de su partido, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
La aspirante presidencial pidió investigar al organismo electoral de Guanajuato, estado del centro del país en el que está Celaya, “por la negativa a brindar seguridad a los aspirantes a puestos de elección popular en la entidad” porque “se solicitó, por parte de Morena Guanajuato, la protección a ella y a otros candidatos”.
“Lamentamos profundamente este asesinato y pedimos, por supuesto, el esclarecimiento”, manifestó.
La Fiscalía General del Estado de Guanajuato abrió el 1.° de abril una investigación por el ataque, que dejó otras dos personas heridas, aunque aún no adelantó hipótesis sobre el crimen.
El asesinato elevó la tensión entre Morena y el opositor Partido Acción Nacional (PAN), que gobierna Guanajuato y tiene en el estado su mayor bastión político.
La candidata de Morena a gobernadora de Guanajuato, Alma Alcaraz, responsabilizó del ataque a las autoridades del estado, mientras que el actual gobernador, Diego Sinhue Rodríguez del PAN, prometió que “no quedará impune el cobarde ataque”.
“(Quiero) lamentar que no haya habido una actuación oportuna por parte del gobierno del estado”, comentó ahora el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, en la conferencia de Sheinbaum.
El homicidio de Gaytán es uno de los asesinatos electorales de mayor perfil hasta ahora, pues Celaya es la tercera ciudad más poblada de Guanajuato, estado que ocupa el primer lugar en homicidios a nivel nacional.
México tendrá los comicios más grandes de su historia el 2 de junio, cuando más de 97 millones de votantes están llamados a renovar más de 20.000 cargos de elección popular, incluyendo la presidencia, nueve gobiernos estatales, los 128 escaños del Senado y los 500 diputados
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