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Paloma Paz, quien se refiere a sí misma como una trabajadora sexual, se pone una peluca negra y tacones rosas antes de salir a una esquina de Ciudad de México. Frente al espejo habla con entusiasmo de su actividad paralela: el periodismo, que le permite “denunciar injusticias”.
Comenzó a escribir notas durante la pandemia, al atestiguar cómo muchas de sus compañeras que vivían en hoteles fueron echadas a la calle. Se sumó así a una veintena de mujeres que alternan el trabajo sexual con el periodismo.
“Es una forma de gritarle a la sociedad, a las autoridades, lo que pasa con nosotras”, comenta Paloma, de 28 años, en su casa del norte de la capital mexicana.
“No es un hobby”, prosigue esta mujer transexual mientras se peina con maestría la larga melena postiza. “No podemos decir cosas al ahí se va (de forma irresponsable). Tenemos que investigar y recabar (información) para tener fundamentos”.
Ella y otras 10 mujeres reportan para la revista mensual y gratuita Noticalle, de la oenegé Brigada Callejera.
“Es un medio de comunicación hecho por trabajadoras sexuales, para trabajadoras sexuales principalmente”, que no se han sentido representadas en los medios de comunicación comerciales, explica Elvira Madrid, directora y fundadora de Brigada Callejera.
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Rigor periodístico
Unas cinco integrantes del medio distribuyen cada mes esa publicación de mano en mano entre prostitutas del centro de Ciudad de México.
“Este es periodismo comunitario (...) pues recapitulamos todo lo que vemos en el día a día, léelo con calma”, le dice Paloma a una mujer que está en una esquina y se queda leyendo atenta el ejemplar.
“Nos sirve para enterarnos de lo que pasa en otros puntos donde están otras compañeras”, comenta esa mujer bajo anonimato.
La revista está hecha de tres hojas blancas tamaño carta, dobladas por la mitad y engrapadas. En la portada destaca una caricatura de dos prostitutas con la palabra Noticalle de fondo. La O es un condón y se imprimen 1.000 ejemplares cada mes.
En su edición de junio, la número 26, expone que las trabajadoras sexuales perdieron hasta 70% de sus ingresos por la pandemia, sufren extorsiones del crimen organizado y el caso de una indígena transgénero y trabajadora sexual que fue encarcelada 14 años, pues se le acusó “injustamente” del asesinato de su pareja.
Elvira selecciona las notas que se publican y un colaborador externo funge como diseñador y corrector de estilo.
Paloma y sus colegas, dice Elvira, asisten de forma regular a un taller de periodismo permanente de Brigada Callejera.
“Hay que cuidar las fuentes de información”, les insiste una maestra de periodismo en una clase.
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Aprendizajes
Krisna, trabajadora sexual transexual de 51 años, se capacitó en otro taller de periodismo, lo que le permite ser reportera esporádica del medio digital Desinformémonos.
Ese día entrevista con paciencia afuera de Palacio Nacional a indígenas otomíes que reclaman al gobierno vivienda gratuita, dado que su comunidad fue desplazada del estado de Querétaro tras sufrir desabastecimiento de agua.
Con sumo tacto, obtiene finalmente la información necesaria para su nota informativa.
El oficio “me ha dado una visión más aguda sobre las noticias. Ya tengo la capacidad de analizar textos, de ver la coyuntura social y política que hay en el mundo”, expone Krisna, que se declara también activista.
Considera que a través del periodismo puede reaccionar de otra forma frente a los abusos de policías.
“Antes nos defendíamos a golpes de los policías”, dice Krisna.
Su dotes como periodista la convirtieron en coeditora de “Putas, activistas y periodistas, ¿por qué lo hicimos?”, un libro de entrevistas hechas por trabajadoras sexuales a otras de sus compañeras que participaron en el taller Aquiles Baeza, impartido por la columnista y directora de Desinformémonos, Gloria Muñoz.
El periodismo, concluye Krisna, “me ayuda más a mi autoestima, mi valor como ser humano, pues lo enriquece”. Ahora también quiere estudiar Derecho.
En 2014, el gobierno de Ciudad de México comenzó a entregar credenciales a estas trabajadoras para protegerlas de policías que les pedían dinero o favores sexuales para dejarlas laborar y garantizarles atención médica.
Paloma y otras de sus compañeras aseguran que en la práctica siguen siendo víctimas de discriminación en centros de salud e incluso en dependencias oficiales.
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