Negocio sin supervisión: así opera la gestación subrogada en México

Ilustración de CONNECTAS sobre la gestación subrogada en México.

Foto: CONNECTAS

En el verano de 2025, Alma trabajaba como empleada de limpieza cuando una conocida le habló de la gestación subrogada, el procedimiento en el que una mujer gesta un bebé para otra persona mediante técnicas de reproducción asistida. “Me dijeron que no pasaba nada, que era rápido y que los pagos eran buenos”, recuerda

Lo que más la convenció fue la compensación: unos 300 mil pesos mexicanos (poco más de 17 mil dólares), entregados en pagos escalonados durante todo el proceso.

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La agencia para hacerlo era World Center of Baby (WCOB), fundada en Ucrania en 2018, con registro en Estados Unidos y cuatro años de presencia en México. Después de una serie de evaluaciones médicas, Alma fue a una clínica de fertilidad para la transferencia embrionaria, el procedimiento en el que se colocan embriones en el útero para lograr un embarazo.

Hasta ahí, todo bien. Pero al poco tiempo se llevó su primera sorpresa: en el primer ultrasonido descubrió que estaba embarazada de gemelos, algo que su coordinadora (la encargada de seguir su proceso de gestación desde la agencia) le dijo que “a veces solía pasar”.

El embarazo se complicó desde el inicio. Al segundo mes dejó su trabajo para dedicarse por completo al proceso y, cuando tenía cuatro meses de embarazo, los pagos dejaron de llegar. Su coordinadora le dijo que tenían problemas con la cuenta bancaria en Estados Unidos. Un mes después recibió otra llamada: “Me dijo que la agencia había desaparecido, que ella ya no trabajaba ahí”.

Alma es uno de los 90 casos de WCOB  que quedaron en el limbo en México tras la desaparición de la agencia, según información proporcionada por un exempleado. En un comunicado, la compañía anunció en febrero de 2026 que había iniciado un proceso de disolución por bancarrota en Estados Unidos. La empresa no respondió a las solicitudes de comentario para esta investigación.

El estado de indefensión en el que quedan las madres que quedan abandonadas en medio del proceso es uno de los inconvenientes que deja en México la falta de regulación de la gestación subrogada. Aunque es un sector en crecimiento en el país, no existen cifras oficiales sobre el tamaño de esta industria. El negocio crece de manera visible en redes sociales, pero opera en un entorno marcado por la falta de transparencia, de mecanismos de supervisión y de rendición de cuentas.

Para esta investigación publicada por Aristegui Noticias y CONNECTAS se identificaron al menos 30 de estas agencias —nacionales e internacionales— que operan en México. Y se entrevistó a 33 personas involucradas en el negocio: desde gestantes, padres de intención hasta trabajadores y expertos del sector. 

Un mercado que crece

Para Sofía Pérez Otero, abogada especializada en derecho de reproducción asistida y de familia, México ocupa hoy un lugar central en esta industria como destino atractivo por tres razones: un marco legal relativamente progresista, que reconoce el matrimonio igualitario, la autonomía reproductiva, la diversidad familiar y el derecho a la identidad; un circuito médico de alto nivel; y costos más bajos en comparación con otros países.

En el país, la gestación subrogada no tiene una regulación nacional unificada. Su marco legal está dividido entre la Federación, que regula aspectos sanitarios y médicos, y los estados, que establecen las consecuencias civiles del proceso, como la filiación y el reconocimiento de la maternidad y la paternidad.

Eso ha creado un rompecabezas legal en el que las condiciones, derechos y vías legales disponibles pueden cambiar según el estado donde se lleve a cabo el proceso. En estados como Querétaro y San Luis Potosí, por ejemplo, la práctica está prohibida o los contratos de gestación subrogada no tienen efectos jurídicos. Tabasco y Sinaloa, por otro lado, cuentan con regulaciones específicas que permiten ciertas modalidades y establecen requisitos legales.

No existen datos de cuántos bebés nacen mediante gestación subrogada, pero una señal del crecimiento de estos procesos son los amparos de filiación que se tramitan en los juzgados del país. Mediante estos recursos, los padres de intención solicitan a un juez que ordene al Registro Civil reconocerlos como los progenitores legales del bebé por gestación subrogada. En cinco años, estos casos aumentaron 2,548 %: pasaron de 25 en 2020 a 662 en 2025, según datos del Órgano de Administración Judicial de México.

Aunque la regulación cambia de un estado a otro y los registros oficiales son limitados, hay un actor que aparece de forma recurrente: las agencias privadas, en su mayoría extranjeras. Su participación es legal y, a través de sus “coordinadores”, suelen reclutar a las gestantes, organizar el proceso, gestionar pagos y conectar a las distintas partes.

Las agencias no son las únicas que intervienen. También participan clínicas, abogados, notarios y autoridades, cada uno con funciones distintas. Sin embargo, cuando surge un conflicto, no siempre está claro qué obligaciones corresponden a cada actor, quién debe responder por ellas o ante qué autoridad. Esa zona gris puede dificultar que las partes afectadas exijan responsabilidades.

Contratos tardíos y el modelo “Uber”

Los procesos de gestación subrogada se rigen por contratos privados. De acuerdo con criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estos deben garantizar el consentimiento informado y establecer con claridad los derechos y obligaciones de quienes participan.

Sin embargo, en la práctica existen dos contratos distintos. Por un lado, los padres de intención firman con la agencia un contrato de prestación de servicios. Por otro, la mujer gestante firma directamente con los padres de intención el contrato de gestación. Esa diferencia es clave.

Aunque las agencias de subrogación reclutan a las gestantes, coordinan el embarazo y administran los pagos, no figuran como parte del contrato de gestación. El esquema se parece al de plataformas como Uber o Rappi: controlan el proceso, pero se presentan legalmente como intermediarias. La gestante firma directamente con los padres de intención, mientras que ellos son los únicos que mantienen una relación contractual con la agencia y, por tanto, una vía legal directa para reclamar en caso de incumplimiento.

Cuando Grey -otra de las gestantes entrevistadas– dio a luz, en abril de 2025, a una bebé para una familia homoparental estadounidense, durante los primeros meses recibió sus pagos puntualmente de la agencia New Life. Sin embargo, tras el nacimiento cuenta que sólo recibió una tercera parte de la compensación final que le habían prometido. Para entonces, ya sabía que el contrato de gestación no era con la agencia, sino directamente con los padres de intención.

Durante las semanas siguientes, Grey mantuvo contacto con ellos para completar el registro de la bebé, que finalmente quedó inscrita con su apellido, como si ella fuera la madre. Esto permitió que los padres de intención salieran del país con la menor sin tener que esperar un amparo de filiación, un proceso que puede tardar meses.

Consultamos por correo electrónico a la pareja, que aseguró haber pagado el programa completo a la agencia. Por su parte, aunque New Life solicitó una prórroga para responder a las preguntas de esta investigación, al cierre de este texto no respondió.

El abogado Raúl Valdez, especializado en contratos de gestación subrogada, explica que “la agencia es una intermediaria. Si no te pagan, puedes demandar por incumplimiento, pero a los padres de intención”. Y agrega una dificultad legal: “Para demandar se necesitan abogados en la jurisdicción donde firmó el contrato, en este caso Sinaloa”.

Si bien no hay especificaciones sobre cómo llevar a cabo un contrato, en febrero de 2026 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció que debe formalizarse antes del embarazo, primero ante notario y luego ante un juez. La realidad fue otra para la mayoría de las entrevistadas: más de la mitad recibió el suyo cuando ya tenían un embarazo en curso. Algunas lo confundieron con consentimientos médicos; otras firmaron en salas de espera o el mismo día de la transferencia embrionaria.

Padres de intención en la encrucijada

La falta de controles también puede generar conflictos para los padres de intención, aunque desde una posición distinta a la de las gestantes. En general, son quienes contratan y pagan el proceso y llegan a él con mayores recursos económicos y capacidad de decisión. Aun así, pueden quedar expuestos cuando una agencia incumple, desaparece o surge un conflicto que el marco legal no contempla.

Los coordinadores entrevistados señalan que la mayoría de sus clientes son extranjeros, principalmente de Estados Unidos, Canadá y Europa, que llegan a la gestación subrogada después de años de tratamientos de fertilidad, pérdidas gestacionales o intentos fallidos de adopción.

Ese fue el caso de Bárbara y su esposo, una pareja canadiense que llegó a la gestación subrogada después de casi una década buscando alternativas para formar una familia. Tras años de infertilidad y un proceso de adopción que no prosperó, el embarazo finalmente llegó sin complicaciones.

El conflicto comenzó después del nacimiento: durante seis meses, Bárbara tuvo que emprender un proceso legal para ser reconocida como madre. “Después de todo lo que pasé intentando tener un hijo, no ser reconocida fue muy difícil”, recuerda.

Para Alex y su pareja estadounidense, el problema ocurrió antes de poder registrar a su bebé. Iniciaron el proceso en 2022 con Fertility Solutions Center Cancún. El examen de ADN —requisito de la Embajada de EE.UU. para registrar a la bebé— salió negativo en dos ocasiones. “Técnicamente, habían transferido el embrión equivocado”, dice Alex.

Según su relato, la clínica negó su responsabilidad y les pidió que firmaran documentos asumiendo la paternidad legal de la bebé. Se negaron y la niña, según le dijo la agencia, fue adoptada por una familia, pero no tienen forma de comprobarlo. Hoy Alex tiene una demanda abierta en Cancún. Fertility Solutions Center no respondió a las solicitudes de comentario para esta investigación.

Las infancias y el papel del Estado

En las historias sobre gestación subrogada, los niños y las niñas que nacen de estos procesos suelen quedar en segundo plano. La conversación se concentra en las gestantes, los padres de intención, las clínicas y las agencias, pero pocas veces se mira qué ocurre con las infancias cuando el proceso se complica. La institución encargada de velar por sus derechos es la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PFPNNA), adscrita al DIF Nacional.

La Procuraduría debe intervenir cuando un juicio involucra a un niño nacido por gestación subrogada. Pero lo hace cuando otra autoridad lo notifica, lo que suele ser cuando el niño ya nació y un juez le avisa.

“Nosotros no tenemos ojos en todos lados”, dice Luis Peña Cruz, director general de Representación Jurídica y Restitución de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la dependencia. “No existe un protocolo de coordinación con las fiscalías”, dice. La ley solo establece que deben avisar cuando detectan un posible delito.

El mismo vacío alcanza a las agencias. Como no están registradas ante ninguna autoridad ni aparecen en los contratos, cuando algo falla “no hay forma de rastrear a la agencia” ni de fincarle responsabilidad, explica Peña Cruz. En los casos de abandono que ha atendido la Procuraduría se repite el patrón: falta de regulación y contratos pactados “exclusivamente en el ámbito de lo privado”, sin seguimiento posterior. Los niños suelen entrar en un proceso de protección que, si nadie los reclama, puede terminar en adopción.

Peña Cruz considera necesario algún mecanismo de supervisión, aunque menos intenso que el de la adopción. Por ahora, la principal intervención de la Procuraduría es promover actas de nacimiento provisionales para los niños que llevan meses sin identidad legal, pero reconoce que es apenas un paliativo porque “no resuelve en definitiva la problemática”.

El panorama es complejo. El reporteo encontró también casos de éxito, tanto entre mujeres gestantes como entre padres de intención. Hada, de 34 años, llegó al proceso por recomendación de su ginecólogo y describe una experiencia positiva: conoció a los padres de intención antes de la transferencia, recibió seguro médico, evaluaciones psicológicas y acompañamiento durante el embarazo. También mantiene contacto con la familia de la bebé que gestó. “Me sentí muy cuidada durante todo el proceso”, dice. Con la compensación pudo pagar el enganche de un terreno y liquidar deudas.

Los coordinadores entrevistados también describen experiencias positivas. Omar destaca la gratitud entre padres de intención y gestantes y los vínculos que, en algunos casos, perduran después del nacimiento. Pero ninguna de estas experiencias puede considerarse representativa. En un tema del que todavía se sabe tan poco, lo que falta no son solo testimonios, sino información que permita dimensionar el fenómeno y discutirlo a la luz pública.

“Necesitamos alfabetizarnos en qué es un derecho y cuáles son los derechos reproductivos”, dice Eleane Proo, investigadora de la UNAM en violencia de género y biotecnologías reproductivas. Pero en un mercado sin regulación, que moverá 200 mil millones de dólares hacia 2034 (según datos de la consultora Precedence Research), la alfabetización individual no alcanza.

Ana lo sabe mejor que nadie: perdió su auto, su casa y años de ahorros familiares en un proceso que terminó con dos bebés a su cargo que nadie más quiso reconocer. Los padres de intención abandonaron el proceso después de que les informaron que los bebés serían prematuros y necesitarían cuidados intensivos, por lo que había que cubrir los gastos médicos del hospital.

Hoy Ana considera entrar a un nuevo proceso de subrogación. Es la única forma que ve de recuperar lo que perdió.

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