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En Nicaragua aún hay ciudadanos privados de la libertad por motivos políticos. Así lo señaló el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas en su último informe. En el texto, el organismo señala que en las cárceles del país hay al menos 37 opositores encarcelados por el gobierno de Daniel Ortega.
“Aún quedan personas presas políticas en cárcel: 1 mujer y 36 hombres (incluyendo 10 presos políticos capturados previo a 2018, indica el informe. Cabe mencionar que los registros de esa entidad son avalados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
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Según el Mecanismo, el pasado 9 de febrero las autoridades nicaragüenses excarcelaron “a 222 personas presas políticas, quienes fueron desterradas a Estados Unidos” y “despojadas de su nacionalidad a través de una ilegal sentencia de deportación y de una reforma a la Constitución política” que no tiene sustento legal. Luego de esa excarcelación masiva, quedaron 34 personas en las cárceles, a las que se han agregado tres, explica la organización.
“Una de ella capturada en febrero de 2022 y dos capturadas en febrero de 2023″, indicó el Mecanismo- Incluso amplió que la familia de una de las detenidas no autorizó a la entidad para que fuera considerada como un “preso político”.
Entre los 37 opositores que todavía guardan prisión se encuentran tres de 60 años o más, y 9 excarceladas que luego han vuelto a ser detenidos.
El Mecanismo anotó que ha reconocido como “presas políticas” a 1.310 personas desde octubre de 2018 hasta la fecha, de ellas 72 han sido capturadas más de una vez por motivos políticos.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato. Así las cosas, la estancia de Ortega en la casa presidencial se convierte en su cuarto período consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta. Es importante recordar que principales contendientes y opositores están en prisión o en el exilio.
Una violación al derecho internacional
Poco después de expulsar a los opositores de Nicaragua, el gobierno de Ortega fue señalado de haber incurrido en incumplimientos contra el derecho internacional. Así pues, la ONU expresó su preocupación por las reformas legislativas en Nicaragua que permitieron privar de ciudadanía a más de 300 “disidentes” y alertó de que van en contra del derecho internacional.
En Nicaragua, “las reformas legislativas más recientes que permiten privar arbitrariamente a una persona de la ciudadanía contravienen las obligaciones que tiene este país en el marco del derecho internacional y regional de los derechos humanos”, advirtió la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) en un comunicado.
“El derecho internacional prohíbe la privación arbitraria de la nacionalidad por motivos raciales, étnicos, religiosos o políticos”, agregó.
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“Privar a alguien de su nacionalidad nunca se justificará por el ejercicio de derechos fundamentales, como la libertad de expresión, la libertad de asociación u otros derechos relacionados con las opiniones políticas de una persona”, dijo la ACNUR.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, también se mostró “alarmado” por la decisión del gobierno nicaragüense de privar de nacionalidad a los opositores.
“Cabe recordar que la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho a una nacionalidad y que nadie debe ser privado de ella arbitrariamente”, dijo el portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric.
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