Nicolás Maduro invita de regreso a la oficina de la ONU para DD. HH. en Venezuela
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, invitó a la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a que vuelva al país, luego de haber expulsado a la delegación por “convertirse en el bufete particular del grupo de golpistas y terroristas”, según opinión del gobierno.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, invitó a la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a que vuelva al país, luego de que su Gobierno la expulsara a mediados de febrero por supuestos sesgos en su labor.
“Superemos las diferencias, el conflicto que tuvimos y estoy preparado para recibir al enviado de (el alto comisionado), Volker Türk (...) cuando quiera, donde quiera”, dijo el mandatario, en un acto junto al fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, quien investiga a Venezuela por posibles crímenes de lesa humanidad, y celebró la reapertura de la delegación.
La expulsión de las 13 personas que integraban el equipo de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Venezuela se dio por la “profunda preocupación” que expresó el Alto Comisionado por la detención en febrero de Rocío San Miguel, una experta en temas militares, acusada por terrorismo por sus supuestos vínculos con un plan para asesinar a Maduro.
“#Venezuela: Seguimos con profunda preocupación la detención de la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel. Su paradero sigue siendo desconocido, lo que podría calificar su detención como desaparición forzada. Instamos a su liberación inmediata y respeto a su derecho a la defensa legal”, publicó la oficina de la ONU en la red social X.
Aunque el ente había solicitado en otras ocasiones información sobre personas detenidas en Venezuela, jamás había usado el término “desaparición forzada” en sus cuentas de redes sociales para referirse a un caso específico.
En respuesta, el gobierno condenó la reacción y acusó entonces a la oficina de “convertirse en el bufete particular del grupo de golpistas y terroristas”.
Al día siguiente, el miércoles 14 de febrero, el relator especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación, Michael Fakhri, dijo que durante su visita a Venezuela consideraba que el programa de distribución de alimentos conocido como bolsas o cajas CLAP era gestionado por algunas autoridades como una “limosna caritativa” que “socava la dignidad humana de los receptores” y “se ha vuelto susceptible de clientelismo político y no aborda las causas profundas del hambre y la desnutrición en Venezuela”, resumió la BBC.
En menos de dos días, la ONU había criticado dos ejes de la política de asistencia social del gobierno de Venezuela: las denuncias sobre desapariciones forzadas y el programa de distribución de alimentos.
El 15 de febrero, el canciller venezolano Yván Gil anunció la expulsión de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y les daba 72 horas para abandonar el país.
Cuatro días después, Maduro confirmó que el personal de la oficina se había marchado del país y moderó los términos de la expulsión: “Hasta que no rectifiquen, pidan perdón y se pueda restablecer una relación de respeto, esa oficina técnica no volverá a Venezuela”, enunció el mandatario.
En medio de la apertura de una oficina de la fiscalía de la Corte Penal Internacional en Caracas, el fiscal general, Karim Khan, dijo “muy agradecido” con Maduro por haber “expresado su compromiso a mis instancias de permitir que la oficina del Alto Comisionado de la ONU regrese a Venezuela”, según la traducción oficial.
“Creo que es algo muy positivo y es algo que hay que felicitar, algo que se debería subrayar en su importancia”, agregó Khan.
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El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, invitó a la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a que vuelva al país, luego de que su Gobierno la expulsara a mediados de febrero por supuestos sesgos en su labor.
“Superemos las diferencias, el conflicto que tuvimos y estoy preparado para recibir al enviado de (el alto comisionado), Volker Türk (...) cuando quiera, donde quiera”, dijo el mandatario, en un acto junto al fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, quien investiga a Venezuela por posibles crímenes de lesa humanidad, y celebró la reapertura de la delegación.
La expulsión de las 13 personas que integraban el equipo de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Venezuela se dio por la “profunda preocupación” que expresó el Alto Comisionado por la detención en febrero de Rocío San Miguel, una experta en temas militares, acusada por terrorismo por sus supuestos vínculos con un plan para asesinar a Maduro.
“#Venezuela: Seguimos con profunda preocupación la detención de la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel. Su paradero sigue siendo desconocido, lo que podría calificar su detención como desaparición forzada. Instamos a su liberación inmediata y respeto a su derecho a la defensa legal”, publicó la oficina de la ONU en la red social X.
Aunque el ente había solicitado en otras ocasiones información sobre personas detenidas en Venezuela, jamás había usado el término “desaparición forzada” en sus cuentas de redes sociales para referirse a un caso específico.
En respuesta, el gobierno condenó la reacción y acusó entonces a la oficina de “convertirse en el bufete particular del grupo de golpistas y terroristas”.
Al día siguiente, el miércoles 14 de febrero, el relator especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación, Michael Fakhri, dijo que durante su visita a Venezuela consideraba que el programa de distribución de alimentos conocido como bolsas o cajas CLAP era gestionado por algunas autoridades como una “limosna caritativa” que “socava la dignidad humana de los receptores” y “se ha vuelto susceptible de clientelismo político y no aborda las causas profundas del hambre y la desnutrición en Venezuela”, resumió la BBC.
En menos de dos días, la ONU había criticado dos ejes de la política de asistencia social del gobierno de Venezuela: las denuncias sobre desapariciones forzadas y el programa de distribución de alimentos.
El 15 de febrero, el canciller venezolano Yván Gil anunció la expulsión de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y les daba 72 horas para abandonar el país.
Cuatro días después, Maduro confirmó que el personal de la oficina se había marchado del país y moderó los términos de la expulsión: “Hasta que no rectifiquen, pidan perdón y se pueda restablecer una relación de respeto, esa oficina técnica no volverá a Venezuela”, enunció el mandatario.
En medio de la apertura de una oficina de la fiscalía de la Corte Penal Internacional en Caracas, el fiscal general, Karim Khan, dijo “muy agradecido” con Maduro por haber “expresado su compromiso a mis instancias de permitir que la oficina del Alto Comisionado de la ONU regrese a Venezuela”, según la traducción oficial.
“Creo que es algo muy positivo y es algo que hay que felicitar, algo que se debería subrayar en su importancia”, agregó Khan.
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