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La defensa de Rocío San Miguel, activista y experta en temas militares, denunció como una “desaparición forzada” su detención el 9 de febrero en el principal aeropuerto de Venezuela al ser vinculada en una supuesta conspiración contra el presidente Nicolás Maduro.
Transcurrieron más de 48 horas para que el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, informara mediante un mensaje en X que estaba detenida, sin precisar dónde, ni en qué condiciones.
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La publicación “no nos dice qué órgano policial la detuvo ni a la orden de qué tribunal está, ni qué fiscal está dirigiendo esa investigación”, dijo este lunes a periodistas Juan González Taguaruco, uno de los abogados defensores.
“Tampoco sabemos el sitio de reclusión, hemos visitado algunos centros de reclusión y en ninguno nos dan respuesta positiva (...) podemos definir que esta situación se corresponde con un supuesto de desaparición forzada”, añadió González desde El Helicoide, uno de los centros de detención en Caracas, operado por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), que visitaron.
“No hay manera de saber dónde está, no hay manera de apoyarla, el Estado puede hacer lo que le plazca, eso es el summum (grado más alto de algo) de la violación de los derechos fundamentales después del asesinato”, subrayó.
Tampoco han podido retomar contacto con la hija de San Miguel, quien la acompañaba al momento de la aprehensión. “No damos con ellos, hemos estado comunicándonos y no ha sido posible. Observen la gravedad de esta situación, una detención que se extiende hasta el grupo familiar o a toda persona que se le vincule afectiva o familiarmente. Es terrible”, afirmó González a Efecto Cocuyo.
“La gravedad de una desaparición forzada es el estado de indefensión absoluto”, remarcó.
Según Saab, el arresto se produjo “en virtud de una orden de aprehensión en su contra por estar presuntamente vinculada y referenciada en la trama conspirativa y de intento de magnicidio denominada ‘Brazalete Blanco’, cuyo objetivo era atentar en contra de la vida del Jefe de Estado Nicolás Maduro y otros altos funcionarios”.
El gobierno venezolano, que suele denunciar planes contra Maduro, dice haber neutralizado cinco “conspiraciones” en 2023 en las que señalan a militares, periodistas y activistas de derechos humanos.
A San Miguel la arrestaron por “Brazalete blanco”, que consistía en atacar una base militar en Táchira, en la frontera con Colombia, para posteriormente asesinar a Maduro, que este año buscará su tercera reelección.
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Para finales de enero sumaban 36 detenidos -12 por “Brazalete blanco”- además de 22 órdenes de captura. Oenegés y opositores cuestionan la detención.
San Miguel, abogada de 57 años, ganó un caso contra Venezuela en 2018 ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por la violación de derechos políticos y de expresión, tras su despido de un ente público por apoyar en 2003 un referendo revocatorio en contra del entonces presidente Hugo Chávez (1999-2013).
En Venezuela hay 261 “presos políticos”, entre ellos 18 mujeres y 146 militares, según la ONG Foro Penal.
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