21 Sep 2022 - 12:18 a. m.

No es posible una “Paz Total” sin contemplar a los migrantes

En toda la frontera colombo-venezolana, grupos armados se lucran de llevar a los migrantes de un país a otro. Esa situación se tiene que acabar.

Daniella Monroy Argumedo

Caminantes o migrantes venezolanos por la Vía Panamericana en Nariño.
Caminantes o migrantes venezolanos por la Vía Panamericana en Nariño.
Foto: Mauricio Alvarado

Colombia requiere una propuesta ambiciosa para la consecución de La Paz que incluya a tanto a colombianos como a extranjeros. En el contexto del posacuerdo con las extintas Farc es necesario, como lo avizora el presidente Petro, sentar las bases para generar negociaciones con los grupos armados con miras a que en Colombia disminuya la violencia. Ese escenario solo será posible si, además de contemplar la mayor cantidad de actores armados, implica condiciones de vida digna para todos los que habitan el territorio nacional, indistintamente de su nacionalidad. Estas son algunas de las necesidades más apremiantes de los migrantes en materia de seguridad.

El tráfico de migrantes se ha fortalecido

La situación social y económica que se vive en Venezuela aún expulsa migrantes a diario hacia Colombia y su vulnerabilidad los hace susceptibles a caer en redes de tráfico. También las escasas oportunidades laborales para ellos en Colombia, mucho más si no cuentan con el Permiso por Protección Temporal, son ocasión para que caigan en las garras de los delincuentes que buscan darles documentos falsos.

El tráfico de migrantes cobró dimensiones inimaginables con el cierre de la frontera colombo venezolana. La Fiscalía, Migración Colombia y la Policía Nacional judicializaron a siete integrantes de ‘Los PEP’, una organización delincuencial que elaboraba documentación falsa para ciudadanos extranjeros y, paralelamente, se dedicaba a la trata de personas con fines de explotación sexual de mujeres extranjeras que habían ingresado irregularmente al país y que atraían con engaños. Esta organización logró penetrar Migración Colombia contando con uno de sus funcionarios para registrar información falsa en bases de datos y así obtener los permisos de estadía o movilidad en Colombia. Esta no es la única organización dedicada a crear documentos fraudulentos. En los grupos de migrantes en redes sociales es común ver que particulares ofrecen permisos a cambio de sumas de dinero.

Por otro lado, actualmente, han aumentado los migrantes que no solo llegan a Colombia desde Venezuela, sino que se dirigen a San Andrés para embarcarse hacia Centroamérica con destino a los Estados Unidos. Las nuevas rutas representan un reto para las autoridades.

En toda la frontera colombo venezolana, grupos armados se lucran de llevar a los migrantes de un país a otro. Con las últimas olas de migrantes, llegan madres y niños venezolanos a Colombia que están expuestos a toda clase de vejámenes por parte de los ‘coyotes’.

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La trata de personas ha sido la mayor beneficiaria de la diáspora venezolana

En 2020, Norte de Santander, departamento contiguo a Venezuela, fue el primero con mayor explotación de personas en Colombia. Ese mismo año, Cúcuta registró un aumento de víctimas de trata interna superando a Bogotá, que excede varias veces su población. Una migración como la venezolana en Colombia, en la que más del 51 % son mujeres, requiere de un enfoque diferencial que reconozca la fragilidad de esta población de caer en las redes de trata.

Según la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), algunas de las organizaciones que ejercen la trata de personas en Colombia contra los migrantes venezolanos son ‘Los Rastrojos’ y el tan frecuentemente mencionado ahora ‘Tren de Aragua’. Uno de los modus operandi es captar a las víctimas desde Venezuela, pasarlas por las trochas y confiscarles sus documentos personales para luego dejarlas encerradas en alguna casa en Colombia para sacarles provecho.

Dentro de un continuo de violencias de género sistemáticas perpetradas por varios agentes, la trata de personas pasa desapercibida y se ha vuelto común, sobre todo en los municipios epicentro del conflicto armado. Este delito suele tener como finalidad la explotación para fines sexuales, lo que pone de manifiesto que, aunque las mujeres no son las únicas víctimas, si llegan a ser la mayoría. En ese sentido, la explotación hacia las mujeres y niñas toma forma de pornografía, modelaje webcam, matrimonios forzados y servidumbre.

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Niños y adultos son blanco del reclutamiento forzado por igual

Conforme ha crecido la producción de cocaína en Colombia, también lo han hecho los actores que componen el eslabón mas bajo de la cadena del narcotráfico. En marzo de este año, el conglomerado de medios La Liga Contra el Silencio documentó cómo los indígenas venezolanos de menos recursos estaban siendo instrumentalizados para recolectar hojas de coca en la Sierra del Perijá, límite entre Colombia y Venezuela.

Aunque hay personas que entran a esta actividad de forma voluntaria, también los grupos al margen de la ley han optado por reclutar a migrantes en las más precarias condiciones. Hacen parte del régimen de control que han construido los grupos armados en la zona de frontera. Los migrantes, en muchas ocasiones, carecen de vínculos cercanos de familiares o amigos en Colombia que puedan denunciar si son reclutados. Eso es útil para las economías ilegales.

La oenegé Human Rights Watch ha informado que los grupos armados reclutan a niños y niñas desde los 12 años en el Catatumbo y los reclutan a sus filas, amenazándolos de muerte a ellos o a sus familias. Como el acceso a la educación aún no es garantizado para todos los migrantes menores de edad, esto es aprovechado por la criminalidad. Los niños desescolarizados y los que han sido separados de sus familias y no están bajo tutela de un adulto son propensos a ser foco del interés de los grupos armados.

Un futuro en paz en Colombia requiere del conocimiento de las condiciones de vida de los migrantes. Claramente, desde un abordaje de seguridad humana. Esas necesidades son múltiples y los venezolanos carecen de instancias para exponerlas, lo que no permite conocer los alcances que tiene el crimen organizado en los migrantes venezolanos. La desconfianza institucional es grande y la ausencia de canales de comunicación con los gobiernos locales y el gobierno nacional, neurálgica.

“Esto no es una frontera, esto es un río”

*Daniella Monroy Argumedo es investigadora adscrita al Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario

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