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“A la cárcel venezolano señalado de asesinar al patrullero Sabogal en Bogotá” fue uno de los tantos titulares que circularon el 13 agosto, día en el que un juez dictó medida de aseguramiento contra Ánderson de Jesús Romero Ugueto, presunto responsable de haber disparado contra dos policías en el barrio Restrepo de la capital. Uno de ellos, Humberto Sabogal Soto, murió en el ataque. En cuestión de minutos se dispararon cientos de comentarios negativos en redes sociales contra los venezolanos. La razón: muchos dicen que los migrantes son los responsables de la inseguridad en la capital. Y los funcionarios públicos no dicen lo contrario.
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“Las estructuras criminales de población migrante, que son un factor de inseguridad en nuestra ciudad, están operando con un altísimo nivel de violencia. Los dos casos dolorosos de agresión homicida contra dos policías en nuestra ciudad fueron perpetrados por miembros de estas estructuras criminales”, sostuvo la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien anunció este jueves 18 de agosto la creación de un comando de operaciones para combatir aquellas bandas delincuenciales que, de acuerdo con la funcionaria, involucran a migrantes.
El Gobierno Nacional descartó la creación de dicho comando propuesto por López, aclarando que esa es una “competencia exclusiva del presidente de la República, como cabeza de las Fuerzas Armadas”, sin embargo, las palabras de la alcaldesa, quien en otras oportunidades ha estigmatizado a los migrantes, evidenció los graves estragos que estos discursos de funcionarios públicos causan. “Combatir la xenofobia comienza por asegurar que las voces de personas que ocupan cargos de liderazgo público no abran la más mínima posibilidad a validar la deshumanización de las personas migrantes”, dijo Julio Daly, codirector del Barómetro de Xenofobia en un comunicado.
Pero, ¿realmente existe un vínculo entre la delincuencia y la migración? Varios expertos consultados por este diario no solo coinciden en que es impreciso culpar a los venezolanos por la delincuencia o el crimen organizado, también aseguran que este tipo de afirmaciones los pone en peligro y exacerban las vulnerabilidades que de por sí trae la migración. En Colombia, la mayoría de los migrantes son venezolanos, con más de 1,7 millones de ciudadanos que llegaron al país huyendo de la pobreza y la represión.
“Nuestros análisis exploratorios muestran que no hay una relación entre la migración y el crimen en Bogotá. Es decir, no es la migración la que determina el comportamiento delictivo en la ciudad. Esto sin mencionar que la victimización de los migrantes ha aumentado significativamente”, dijo María Emilia Lleras, investigadora de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) a El Espectador.
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Un informe publicado por la FIP en agosto de 2019 concluyó que las condiciones de seguridad en el país, entre 2012 y 2017, no se vieron afectadas por la llegada de migrantes. Y que a pesar de que hubo un incremento en la captura de venezolanos entre 2017 y 2018, “la proporción de capturados en el total nacional es cercana al 3 %. Eso significa que, a pesar de que una parte de la población venezolana se ha involucrado en actividades delictivas, su vinculación es significativamente menor que la de los colombianos”, se lee en el documento.
¿Qué nos dicen los datos más recientes? Saruy Tolosa, coordinador de proyectos de la Friedrich Ebert Stiftung en Colombia (Fescol), le explicó a este diario que la relación entre el aumento de la criminalidad y la participación de la población migrante en estos fenómenos carece de sustento.
“Datos de la Fiscalía muestran que solo el 3,6 % de los hechos delictivos registrados en 2020 estuvieron asociados con una persona de nacionalidad venezolana. Al tiempo que estudios del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario apuntan que para 2021 tan solo dos de cada 100 hurtos en Bogotá fueron cometidos por venezolanos entre enero y marzo de este año. Asimismo, estudios econométricos reseñados en investigaciones que hemos realizado de la mano del Barómetro de Xenofobia indicarían que no hay una relación directa entre la migración venezolana y el aumento de los índices de criminalidad en el país”, aseguró Tolosa.
Unas cifras similares arrojó Juan Francisco Espinosa, director de Migración Colombia, en enero de este año: citando un informe de la Fiscalía, el funcionario sostuvo que en 2020 fueron capturadas en flagrancia 21.812 personas en Bogotá, de las cuales 19.898 eran colombianos y 1.914 extranjeros, de los cuales 1.874 eran venezolanos. ¿Y qué pasa en las cárceles del país? Según datos del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) de junio de 2021, del total de la población reclusa del país (175.908 personas), 1.503 corresponden a extranjeros, de los cuales 1.141 son ciudadanos venezolanos. Es decir, los venezolanos presos en Colombia representan el 0,64 % del total de las personas privadas de la libertad.
“En este sentido, formular políticas públicas o discursos institucionales sobre la inseguridad, sustentadas bajo generalizaciones sobre la participación de la población migrante en actos delictivos, puede aumentar la xenofobia y las desventajas sobre una población migrante que, para el caso de los venezolanos en Colombia, asciende a casi dos millones de personas, quienes en su gran mayoría no han cometido nunca un delito y, en cambio, sufren de situaciones de vulnerabilidad extrema”, sostuvo Tolosa. Y justamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo una advertencia similar este jueves.
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“La Comisión expresa su preocupación sobre el anuncio de la creación de un comando de operaciones conjuntas para combatir la delincuencia de ‘criminales de población migrante’. La CIDH reitera que mensajes y políticas públicas que califican a personas migrantes como delincuentes promueven la estigmatización y animadversión de esta población, al culparlas del aumento de índices de violencia y criminalidad en los Estados”, dijo la CIDH en redes sociales.
De hecho, algunos estudios indican que fueron los migrantes, y no los nativos, quienes enfrentaron los riesgos asociados con la inmigración. Brian Knight, profesor de economía en la Universidad de Brown, y Ana María Tribín, especialista en políticas públicas del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), concluyeron en su estudio Migración y crímenes violentos: evidencia de la frontera Colombia-Venezuela que los homicidios sí aumentaron en áreas cercanas a la frontera luego del cierre y la reapertura fronteriza en 2016, pero no fueron los venezolanos quienes causaron el problema.
“Estos resultados sugieren que el aumento de los homicidios cerca de la frontera, documentado en este artículo, se deben principalmente a crímenes contra los migrantes y que se han producido en un entorno donde el arresto no refleja el mismo aumento, lo que sugiere que es posible que algunos de estos crímenes queden sin resolver”, se lee en la publicación de Knight y Tribín. Y las cifras de Medicina Legal de los años siguientes no muestran lo contrario. De acuerdo con la entidad, de 2017 hasta lo que va de este año murieron 1.758 venezolanos por homicidios con armas blanca y de fuego, sin contar las cifras de otro tipo de crímenes como homicidios en riñas y muertes violentas por otras causas.
“Medicina Legal dice que, por el contrario, los venezolanos no son victimarios sino víctimas. La tasa por cada 100.000 habitantes de homicidios de venezolanos en Colombia es mucho más alta si la comparamos con la de colombianos asesinados. Lo mismo pasa con otros datos, como la violencia sexual basada en género, donde la tasa es más representativa en casos de mujeres venezolanas. Y entiéndase violencia basada en género desde casos de violencia intrafamiliar hasta temas de trata de personas con fines de explotación sexual”, dijo Iván Gaitán, consultor sénior en migraciones y asuntos humanitarios.
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Con todo y esto, la xenofobia aún está presente en la conversación de una parte de la población. “Frente a lo que pasó en la ciudad el 11 de agosto, tras el asesinato de Sabogal, de un total de 2.830 mensajes sobre migración en Twitter, 935 fueron comentarios xenófobos. Mientras que 1.455 del total de los mensajes fueron sobre temas de seguridad. Es decir, ese día vimos un incremento del 496 % en los niveles de xenofobia respecto a la situación estándar. Y un aumento del 731 % respecto al promedio de conversación de los últimos siete días”, explicó Alejandro Daly en diálogo con este diario. Cifras del Barómetro de la Xenofobia arrojaron que la conversación de odio dirigida a las personas venezolanas alcanzó a más de dos millones de usuarios durante los días 11 y 12 de agosto.
Un panorama que, en términos generales, también se refleja en la última encuesta Invamer, donde el 64,1 % de los encuestados dijo tener una opinión desfavorable de los venezolanos que han llegado a Colombia para quedarse. A esto se suma que el 62,6 % de los participantes dijo estar en desacuerdo con que el Gobierno colombiano acoja a los venezolanos que ingresen al país dada la situación en Venezuela. ¿El problema? Este rechazo contra los migrantes, sumado a los comentarios xenófobos que parecen ser cada vez más peligrosos, pueden resultar en la violación sistemática de los derechos de los venezolanos.
“En otros análisis hemos identificado el incremento en el número de desalojos tanto en Bogotá como en Cali, y la negación a la prestación de servicios públicos”, comentó Alejandro. Mientras que Julio Daly, quien dirige el proyecto junto a Alejandro, advirtió sobre el aumento en la deportación de venezolanos por motivos de seguridad. “El principal riesgo que corren en este tipo de coyunturas son las deportaciones masivas. El problema es que muchas veces no se contempla el debido proceso”.
El Barómetro de la Xenofobia identificó que, el 12 de agosto, un día después del asesinato de Sabogal, una de las palabras más utilizadas en la conversación xenófoba fue “justicia”. “Ahí encontramos una necesidad que se expresó en ese diálogo de que se deporten a los migrantes para mantener el control en la ciudad. También encontramos palabras como “plaga” o “mierda”, que también fueron utilizadas para referirse a los venezolanos”, sostuvo Julio Daly.
La duda sobre si los venezolanos estarían aumentando la criminalidad también se extendió a otros países de la región, pero el resultado fue el mismo: sí, hay un pequeño porcentaje de venezolanos que está expuesto a dinámicas delictivas, pero es imposible generalizar. Expertos de Migration Policy Institute (MPI) y Brookings Institution, en un informe de 2019, concluyeron que en Perú, basados en datos de encarcelamiento como indicador de tasas de criminalidad, el 1,3 % de los presos son extranjeros, incluyendo venezolanos y otras nacionalidades. Y en Chile, solo el 0,7 % de las personas acusadas de algún crimen eran venezolanas.
De hecho, un estudio publicado por algunos expertos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en septiembre de 2020, arrojó que en Chile no existía ninguna asociación entre la inmigración y los tipos de delitos analizados para este estudio, como el índice total de criminalidad, robos, entre otros.
¿Qué hacer para frenar la xenofobia?
“Combatir la xenofobia es clave, porque los migrantes en Colombia también van a ser parte del motor de la recuperación económica del país. De hecho, hay un estudio del Banco Mundial, publicado a finales de 2019, que demostró claramente que el consumo de esta nueva población de migrantes fue lo que, en parte, impulsó el crecimiento económico del país, antes del COVID-19. Es decir, sabemos que los venezolanos pueden contribuir”, dijo Hugh Aprile, director de País de Mercy Corps en Colombia, a El Espectador. ¿Cómo incluir a los migrantes?
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Al 19 de agosto de este año, alrededor del 67,9 % de los migrantes que están en el país ya realizó el prerregistro virtual del Registro Único de Migrantes Venezolanos, el primer paso del Estatuto Temporal de Protección (ETPV), un mecanismo que busca proteger al migrante mediante su regularización e integración a la vida productiva del país. Además de esta herramienta, Iván Gaitán dijo que es clave no solo tener en cuenta la integración socioeconómica, sino también la integración cultural, recreativa y educativa.
“Nos dimos cuenta, con datos del ICBF, que algunos niños y jóvenes en procesos de restablecimiento de derechos no tienen acceso a lo básico. Estamos hablando de unos 3.200 venezolanos que, por ejemplo, no tenían acceso a un jardín. Esto los expone a abusos sexuales, mendicidad y otro tipo de riesgos. Lo que encontramos es que los lugares de cuidado inicial, estos centros de atención a los chicos migrantes, son fundamentales”, sostuvo Gaitán.
En cuanto a su vinculación al mercado laboral, Gaitán agregó que el 61 % de la población migrante en Colombia es menor de 29 años, y están concentrados en 20 municipios. “Aquí la empresa privada también puede cumplir un papel clave. Se podrían crear aplicaciones para identificar y caracterizar los talentos de los migrantes, y así vincularlos al mercado dependiendo de las necesidades de las empresas”.
Y, por último, otro aspecto clave, de acuerdo con el experto, es trabajar con las comunidades de acogida. “Hicimos un proyecto de inclusión educativa en tres municipios de Cundinamarca con más de 1.440 personas. El resultado arrojó que favorecer las condiciones para los chicos, y para las comunidades de acogida, facilitó no solo la educación, sino que también se generó un sentimiento de empatía”, dijo Gaitán.