El Tribunal Constitucional del Perú (TC) volvió a revivir una polémica discusión que ha acaparado la atención del país desde hace más de una década: la liberación del expresidente Alberto Fujimori. El presidente del TC, Francisco Morales, aseguró el miércoles que las autoridades deben proceder con la “excarcelación inmediata” del exmandatario de 85 años, sobre quien pesa una condena de 25 años por crímenes de lesa humanidad.
Detrás de esto está la disputa por un hábeas corpus que presentó el año pasado Gregorio Fernando Parco, abogado del exmandatario, buscando restablecer los efectos del indulto humanitario que le otorgó el expresidente Pedro Pablo Kuczynski en diciembre 2017. Dicho hábeas corpus ya había sido anulado por el Poder Judicial, pues la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) le pidió al Estado peruano garantizar la administración de justicia para las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta, casos en los que Fujimori fue declarado autor intelectual.
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Para Morales, del TC, sobre este caso todavía faltaba la aclaración del Tribunal Constitucional, y dice que este dictamen tiene una prevalencia sobre las decisiones de la Corte Suprema. “Las sentencias del Tribunal deben acatarse y cumplirse, igual que las resoluciones de la Corte Suprema, pero en este caso la que tiene la prevalencia es la sentencia del Tribunal Constitucional”, señaló Morales.
Pero expertos contradicen la declaración del presidente del Tribunal Constitucional. Alberto Cruces Burga, abogado constitucionalista de Perú, le dijo a El País de España que el indulto a Fujimori no se detuvo porque se estuviera esperando la aclaración del TC, sino que el Estado estaba respondiendo a unas obligaciones internacionales que tenía con la CorteIDH.
“Perú es parte de un sistema internacional de justicia en derechos humanos y no se puede decir que una sentencia del TC puede traerse abajo una resolución y una sentencia, o varias sentencias, de la Corte Interamericana”, señaló por su parte el abogado Carlos Rivera, defensor de los deudos de las víctimas de las masacres por las que fue condenado Fujimori.
Rivera también le adelantó a EFE que acudiría a la CorteIDH si se ordenaba la liberación del exmandatario.“Vamos a ver si el día de hoy hay algún tipo de decisión en el juzgado de investigación preparatoria de Ica. Obviamente, el camino que automáticamente tomaremos es solicitar a la Corte Interamericana un nuevo proceso de supervisión de cumplimiento. La Corte va a emitir una ratificación de lo que fue su decisión del año pasado y estaría de nuevo ante un reiterado incumplimiento del Estado peruano sobre lo que ya el año pasado dijo que iba a acatar”, remarcó Rivera.
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“Evidentemente, se está ante una movida política que intenta sacar a Fujimori por la puerta falsa, no sobre la base de una sentencia del Tribunal Constitucional que ha sido no solamente cuestionada, sino que, en su momento, el propio Tribunal Constitucional decidió acatar la resolución de la Corte Interamericana”, agregó.
Entre tanto, Keiko Fujimori, hija del exmandatario y lideresa del partido de derecha Fuerza Popular, pidió de nuevo por la liberación de su padre, recluido en el penal de Barbadillo, en el este de Lima, donde también están los expresidentes Alejandro Toledo y Pedro Castillo.
“Lleva más de 16 años privado de su libertad. Creo que ya es suficiente. Acá no estamos en un debate para entender o analizar si Alberto Fujimori es culpable o inocente porque hay una decisión y un indulto humanitario, y posterior a eso hay dos resoluciones del Tribunal Constitucional de nuestro país que ratifica esta decisión. Esperamos con mucha ilusión que mi padre pueda estar en casa con nosotros”, señaló.
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