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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció este lunes una campaña para “desmantelar” la Corte Penal Internacional (CPI), a la que acusó de representar una amenaza a la soberanía estadounidense. La iniciativa marca una escalada significativa en la ofensiva que la administración de Donald Trump mantiene contra el tribunal desde hace meses, y que ahora busca presionar a otros países para que se sumen a sus esfuerzos.
“Mientras hablamos, la CPI y sus aliados libran una guerra contra nuestro país, no con balas ni misiles, sino con estatutos, pactos y la fuerza del llamado derecho internacional”, dijo Rubio en un mensaje en video.
El secretario de Estado también publicó una columna de opinión en el diario The Wall Street Journal en la que dijo que se usarán todas las herramientas a disposición del gobierno, junto a cada aliado, para desmantelar la CPI “ladrillo por ladrillo si es necesario”.
Rubio acusa a la CPI de estar “respaldada y dirigida por una poderosa red de organizaciones no gubernamentales de izquierda, globalistas engreídos y gobiernos hostiles del Tercer Mundo unidos por su enemistad hacia Estados Unidos”.
El funcionario rechazó además las denuncias de organizaciones externas que han señalado presuntas violaciones al derecho internacional en las deportaciones de migrantes hacia El Salvador y en los ataques con drones contra embarcaciones señaladas de narcotráfico en el Caribe, así como un pedido para que la CPI investigue posibles crímenes de guerra de Estados Unidos en Irán.
¿En qué consiste la campaña?
Según un comunicado oficial del Departamento de Estado, la ofensiva contempla llamadas diplomáticas del propio Rubio, el subsecretario de Estado y embajadores estadounidenses a gobiernos extranjeros para instarlos a retirarse del tribunal, además de revocaciones de visa, prohibiciones de viaje para personal de la CPI y un incremento en las sanciones contra la Corte y organizaciones afiliadas a ella. El documento precisa que ningún recurso diplomático quedará descartado en esta campaña.
Un funcionario del Departamento de Estado, que habló bajo condición de anonimato, le explicó a Reuters que Washington está presionando particularmente a los países que colaboran con las fuerzas del orden estadounidenses, alojan presencia militar de EE. UU. o se benefician del paraguas de seguridad que ofrece el país. Según el funcionario, esas naciones “están siendo llamadas a rechazar la autoridad que la CPI dice tener para procesar a funcionarios y militares estadounidenses”.
Los países que se nieguen a rechazar la jurisdicción del tribunal mientras dependen de asistencia estadounidense “probablemente enfrentarán mayor escrutinio”, advirtió el funcionario, según recogió Reuters.
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¿Cómo funciona la jurisdicción de la Corte Penal Internacional?
La CPI fue creada en 2002 por la comunidad internacional para juzgar los delitos más graves como crímenes de guerra, genocidio y crímenes de lesa humanidad. Su funcionamiento se rige por el llamado “principio de complementariedad”. Es decir, la Corte no reemplaza a la justicia de ningún país, solo puede intervenir cuando el Estado responsable de investigar un crimen no quiere hacerlo, o no tiene la capacidad real para hacerlo.
Estados Unidos nunca ha ratificado el Estatuto de Roma), el tratado que creó la Corte, por lo que en principio sus ciudadanos no están bajo la jurisdicción del tribunal. Sin embargo, hay una excepción clave que explica por qué Washington sí se siente expuesto: la Corte también puede investigar crímenes cometidos dentro del territorio de un país miembro, sin importar la nacionalidad de quien los cometió.
Es decir, un soldado o funcionario estadounidense podría, en teoría, ser investigado por hechos ocurridos en Afganistán o en algún otro país que sí forme parte del tribunal, aunque Estados Unidos como Estado nunca haya aceptado esa jurisdicción.
En marzo de 2020, fiscales de la CPI abrieron una investigación en Afganistán que incluía posibles crímenes de tropas estadounidenses, pero desde 2021 el tribunal ha dejado en un segundo plano el rol de EE. UU. para enfocarse en presuntos delitos del gobierno afgano y las fuerzas talibanas.
Esta investigación sobre presuntos crímenes de guerra cometidos por fuerzas estadounidenses en Afganistán alimentó la pelea de Trump con el tribunal. Tras su regreso al poder, una de las primeras medidas que adoptó el republicando fue una serie de sanciones contra funcionarios de la CPI por sus intentos de investigar tanto a Estados Unidos como a Israel, luego de que el tribunal emitiera en 2024 una orden de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aliado cercano de Trump.
El mes pasado, tres jueces de la Corte Penal Internacional demandaron a Trump y su administración por las sanciones que se les habían impuesto el año anterior, alegando que las medidas eran ilegales.
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