Privación arbitraria de la nacionalidad sigue afectando a más de 40.000 familias

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Foto: Óscar Pérez

“Mientras más Nicaragua me quiten, más tengo”, dijo Sergio Ramírez ante el mezquino acto del régimen autoritario de Daniel Ortega por el que se privó arbitrariamente a 300 de sus opositores de nacionalidad nicaragüense. Los gobiernos de Chile, México, Argentina, España, y Colombia ofrecieron extenderles a estos activistas la ciudadanía de sus propios países, en reconocimiento de la arbitrariedad, crueldad y despropósito de la medida. En el trasfondo de las preocupaciones está también el compromiso internacional, nacido de las lecciones de la segunda guerra mundial, de evitar la apatridia en todo el mundo. La pensadora política Hannah Arendt, quien vivió como apátrida casi dos décadas, describió la nacionalidad como “el derecho a tener derechos”, subrayando cómo es la condición misma del goce de otros derechos humanos. Arendt advirtió que, sin la nacionalidad, las personas eran vulnerables a atropellos y sufrimiento.

Tristemente, la privación arbitraria de la nacionalidad no ha sido desterrada como práctica. Además del reciente caso de Nicaragua, por ejemplo, aún hay miles de personas nacidas en República Dominicana a quienes no se les reconoce como ciudadanos por ser descendientes de migrantes en situación migratoria irregular, principalmente haitianos. Y sorprende saber que en Colombia existe también un drama en torno a la desnacionalización en torno al cual ha existido relativo silencio.

De hecho, hay cerca de 40.000 individuos que, desde finales de 2021, viven privados arbitrariamente de su nacionalidad en territorio colombiano. Esto se debe a que la Registraduría anuló registros civiles y canceló cédulas de ciudadanía de cerca de 40.000 personas sin garantizar sus derechos procesales, sin siquiera informales a las personas involucradas de la apertura de un proceso en su contra, que ha resultado desproporcionado, incumpliendo probablemente deberes constitucionales e internacionales. Tristemente, los afectados son muchas más de 40.000 personas ya que miles de familiares de ellos también han sufrido las consecuencias de esta privación arbitraria.

Hace un año, en Colombia la prensa documentaba cómo miles de personas, especialmente provenientes de Venezuela y con derecho a la nacionalidad colombiana, debido a su ascendencia colombiana, les habían anulado su registro civil y cancelado su cédula de ciudadanía. Se trataba de personas que no se habían enterado en su mayoría de un proceso en su contra, pero al momento de intentar ejercer sus derechos como colombianos —como llevaban haciéndolo durante años—, se estaban enfrentando con una nueva realidad: ya no eran colombianos; eran extranjeros en situación migratoria irregular con novedades en sistemas por una supuesta falsa identidad. Si bien la situación prendió una alarma entre la población retornada, pasó rápidamente a ser invisibilizada en la agenda nacional. A la fecha, aunque cientos de personas han recuperado la vigencia de sus documentos, tras interponer por ejemplo acciones de tutela, sigue siendo una minoría y urge que se retome la discusión sobre los impactos que ha generado esta situación.

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Lo anterior es importante porque este daño no se reduce a 40.000 personas —¡cómo si fuera poco!—, sino a miles más de ellas que hoy viven con miedos, y a la sociedad colombiana que no se ha detenido a pensar en las implicaciones que esto ha tenido y puede llegar a tener no solo en términos jurídicos, sino de integración, economía, desigualdades que resultan de la precarización laboral y responsabilidad estatal. En efecto, dada la centralidad de la cédula de ciudadanía para el ejercicio de derechos y la integración al mercado laboral en Colombia, la cancelación de la misma la han descrito algunos de sus afectados como “un cuento de terror y traición”, ¿hasta cuándo se extenderá su nudo para llegar al final?

El informe “Ciudadanía Cancelada, Derechos Arrebatados” documenta justamente el daño multidimensional y prevenible que se deriva de la privación arbitraria de la nacionalidad. Este es el primer informe científico social que analiza esta problemática en Colombia. Los hallazgos se dividen en tres esferas, interrelacionadas, que se proponen visibilizar las afectaciones tanto materiales como emocionales —como lo son el dolor, el miedo o la humillación— a nivel individual, familiar y social a los que se han enfrentado miles de personas. A su vez, procura sembrar el terreno para una reflexión en torno al derecho humano a la nacionalidad y a la exigencia de su protección en el ámbito nacional.

Así, a través del análisis de diez testimonios directos, y decenas de otros conocidos, se explica cómo (1) a nivel individual existió una afectación al derecho a la identidad. Como ya se ha reconocido, la nacionalidad es la llave a otros derechos, de manera que son múltiples las afectaciones que se derivan de dejar de contar con un documento válido para identificarse y desarrollar una vida en Colombia: el acceso a un banco, al sistema de seguridad social —y con ello a un trabajo formal—, al retiro de ahorros o al sistema electoral son tan solo ejemplos de ellos. La cancelación de la cédula de ciudadanía elimina la posibilidad de relacionarse formalmente con el Estado y con los demás miembros de la sociedad. (2) A nivel familiar se identifica un “castigo multigeneracional” y “efecto derrame”, que impacta el círculo social más inmediato. Ejemplo de este castigo es la desafiliación al sistema de salud de personas dependientes de un titular cuyo documento fue cancelado, la inseguridad alimentaria a la que se enfrenta una familia tras la pérdida del empleo del entonces portador de una cédula válida o el riesgo aún latente de que se deje sin nacionalidad colombiana a los descendientes de personas afectadas con la anulación del registro civil. (3) A nivel social se ha interrumpido el proceso de integración de la población retornada afectada; entre ella, nuevas generaciones de personas víctimas de la violencia en Colombia. Las personas afectadas y sus familias han sufrido la exclusión, con las afectaciones físicas y psicológicas que ello acarrea; se les han violentado sus derechos al ni siquiera contar con oportunidad de defenderse y ser sometidos a la incertidumbre; han perdido confianza en el Estado y sus instituciones y, con la transgresión que supone la cancelación de un documento de identidad para desarrollar los planes a futuro, Colombia simplemente ha perdido potencial humano.

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A diferencia de otros casos alrededor del mundo, en Colombia aún no se asume responsabilidad por lo ocurrido y permanece el relativo desconocimiento en torno al tema. Urge actuar y demandar medidas para poner fin a este cuento de terror que han vivido no solo más de 40.000 familias, sino que vulnera a la sociedad colombiana; urge que se tomen acciones que garanticen que no volverá a suceder. El silencio en torno a este tema es ensordecedor: debería ser un escándalo que no sea un escándalo.

*Coautora del informe Ciudadanía cancelada, derechos arrebatados.

**Coordinador de investigación y redacción del informe Ciudadanía cancelada, derechos arrebatados.

Ambos son miembros de la red Charlas de la Bitácora Migratoria del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario en Alianza con la Fundación Konrad Adenauer.

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