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Estados Unidos dio a conocer más detalles sobre “el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial”, según lo describió el presidente Donald Trump. Con concesiones de un siglo, un comunicado del Departamento de Estado describió el plan con el cual Washington tendrá el control mayoritario de más de 65.000 millones de barriles de reservas petroleras comprobadas en el país suramericano. El documento habla de derechos de gobernanza y de propiedad económica, entre otros temas más.
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El punto de partida es el siguiente: el gobierno interino venezolano, encabezado por Delcy Rodríguez, le dio a North American Blue Energy Partners (NABEP) concesiones por 100 años para 17 yacimientos petrolíferos. Además, esa compañía le dio a la Oficina de Capital Estratégico del Departamento de Guerra (antes Departamento de Justicia) una participación accionaria del 35 % en su sociedad matriz, “lo que representa un valor y dividendos de hasta cientos de miles de millones para Estados Unidos”, se lee en el documento revelado el 31 de agosto.
Pero no es solo eso: NABEP le dio al Departamento de Estado el derecho de comprar, al costo de producción, un 20 % garantizado de la producción de todos los yacimientos actuales y futuros operados por la compañía. Esto, según las autoridades de Washington, “asegura un suministro estable de petróleo a bajo costo que puede facilitar el reabastecimiento de la Reserva Estratégica de Petróleo”. La entidad liderada por el secretario Marco Rubio también obtuvo el derecho de adquisición preferente del 80 % restante de su producción.
Sumado a lo anterior, el comunicado oficial detalló que el Gobierno de Estados Unidos tiene poder de veto sobre el nombramiento de cualquier miembro de la junta directiva de la empresa, y la mayoría de quienes la integren deben ser ciudadanos estadounidenses. A la par, se supo que “millones de barriles de nueva producción venezolana serán procesados a través de refinerías estadounidenses y extraídos con equipos de perforación e infraestructura estadounidenses”.
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Se trata de una privatización del sector petrolero venezolano “sin precedentes”, que, de acuerdo con lo expresado en el comunicado, es un paso clave en el plan tripartito de estabilización, reconstrucción y transición democrática de la administración Trump. Eso se justifica, según la postura gubernamental norteamericana, con que NABEP tiene un plan para llevar a mayor escala la producción, invirtiendo hasta USD 100.000 millones en nueva infraestructura petrolera en Venezuela. Las concesiones de la compañía se rigen por la nueva Ley de Hidrocarburos, que apunta precisamente a la inversión privada y extranjera, y se prevé que NABEP pague USD 200.000 millones en regalías e impuestos durante los primeros 25 años.
Ahora bien, en los últimos días, a medida que se ha ido conociendo más información del pacto entre Washington y Caracas, varias voces han expresado sus preocupaciones. Ricardo Hausmann, profesor de la Escuela de Gobierno Kennedy de la Universidad de Harvard y opositor al Gobierno venezolano, escribió sobre Marco Rubio: “Usted decidió utilizar el poder de Estados Unidos no para liberar a los venezolanos, sino para aliarse con nuestros opresores. Optó por impulsar una apropiación de activos, un acuerdo inconstitucional con un gobierno ilegítimo y opresivo, en lugar de utilizar el liderazgo de Estados Unidos para restablecer primero el orden constitucional y la democracia”.
Rafael Ramírez, que fue presidente de PDVSA y ministro de Petróleo durante gran parte del gobierno de Hugo Chávez, dijo que el acuerdo pasaría a la historia “por entreguista y por abrir las puertas al nuevo colonialismo”.
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