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7 May 2021 - 7:00 p. m.

Protestas en Colombia: “No es solo que Joe Biden le exija cuentas a Duque”

César Abadía, profesor de antropología y del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Connecticut en Boston, Estados Unidos explica que los programas de ayuda en EE. UU. se financian con impuestos y donativos de los contribuyentes y por eso el presidente Biden tiene mucha presión interna y externa para actuar frente a lo que pasa en Colombia.
En el norte de Bogotá un grupo de ciudadanos rindió homenaje a las victimas del Paro Nacional.
En el norte de Bogotá un grupo de ciudadanos rindió homenaje a las victimas del Paro Nacional.
Foto: Natalia Pedraza Bravo

Nadie sabe cuánto tarden en cerrar las heridas que dejan los últimos días en Colombia. El paro nacional despertó una serie de inconformidades que dormían desde hace tiempo y que el proyecto de la reforma tributaria, en medio de la pandemia, terminó despertando. En entrevista con este diario César Abadía, profesor de antropología y del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Connecticut en Boston, Estados Unidos, habló sobre la historia de violencia en el país, la policía y lo que debería hacer ahora el gobierno del presidente Iván Duque.

Hemos escuchado muchas voces desde EE. UU., congresistas diciéndole al gobierno de Joe Biden que le exija cuentas a Iván Duque por el exceso de fuerza contra manifestantes. ¿Hasta dónde puede llegar EE. UU. en su presión a Colombia?

El gobierno de los Estados Unidos tiene lógicamente distintas relaciones militares y comerciales con Colombia, incluyendo la venta de armas, inteligencia militar, proyectos de inversión, asistencia humanitaria, cooperación o desarrollo, como los de USAID. En estos acuerdos, programas o agencias existen cláusulas que exigen que se cumplan principios de derecho internacional y no se violen los derechos humanos. Como en todos los países, estos programas y agencias se financian con impuestos y donativos de contribuyentes, entonces el presidente Biden tiene presión interna y externa para actuar frente a lo que serían crímenes de estado y de lesa humanidad.

Distintos departamentos, comisiones y agencias de asuntos militares, de control de drogas, o de relaciones internacionales en Estados Unidos tienen que reportarle a otros entes, incluyendo la secretaría de seguridad civil, democracia y derechos humanos de ese país. Entonces, no solo es que Biden le exija cuentas a Duque, sino que los ciudadanos estadounidenses y la comunidad internacional también le están exigiendo al gobierno de Estados Unidos que se asegure de que los recursos de asesoría, asistencia o apoyo internacional no estén contribuyendo a estos crímenes, de lo contrario Estados Unidos se convierte en cómplice de lo que está sucediendo. Por ejemplo, ya están circulando denuncias sobre asesoría en entrenamiento policial y algunos elementos que usa el ESMAD que son fabricados en Estados Unidos y vendidos a la policía Colombiana. Como mínimo, el gobierno de Estados Unidos está en la obligación de suspender la venta de armas o asesorías en inteligencia militar y facilitar investigaciones y veeduría internacional. Un análisis similar cabría para la Unión Europea. Según el manejo que le dé el gobierno colombiano, pueden llegar sanciones, caída de la inversión extranjera y de la ayuda internacional.

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No solo en Colombia, en diversas marchas en el mundo hemos visto excesos violentos de parte de la policía. ¿Qué cambios debería tener esta institución a nivel mundial, que se ha convertido en un ente obsoleto y criminal?

Ha sido alarmante ver cómo la violencia racista que ejerce la policía y que se pensaba como exclusiva de Estados Unidos, se ha denunciado en múltiples países a tal punto que “Black Lives Matter” se globalizó. Esto realmente no debería sorprendernos porque la policía o cualquier aparato represivo tiene sus orígenes en el racismo colonial. En Estados Unidos, a raíz de los múltiples asesinatos relacionados con esta estructura racista se debate mucho la desfinanciación de la policía, pero otros van mucho mas allá y piden la desmilitarización y, finalmente, la abolición de la policía.

Desfinanciación quiere decir, en términos simples, que estamos financiando con nuestros impuestos una estructura que mata ciudadanos. Esto es lógicamente inaceptable, pero además de eso hay evidencia desde hace muchas décadas, realmente desde el fin de la esclavitud, de que la policía lo que hizo fue aterrorizar a los antiguos esclavos y nutrir un sistema carcelario que con el tiempo se convirtió en un gran negocio. La colonización nos trajo estas ideas de privilegios de raza, de clase, y de género, con las cuales las instituciones de “defensa” del orden social, como la policía, protegen a las clases altas, los sectores empresariales y bancarios, cuyas riquezas podrían ligarse históricamente con las élites europeas, blancas y masculinas.

Entonces, la propuesta de desfinanciación implica que, en vez de más encarcelamiento de pobres, si los recursos destinados a la policía se invierten en programas y apoyos comunitarios, se disminuiría sustancialmente el crimen que es supuestamente el objetivo de la policía. Y ya hay gran evidencia de cómo programas y apoyos a los más necesitados disminuyen tazas de criminalidad ya que mejoran significativamente las condiciones de vida y las personas no son obligadas a “delinquir” para poder subsistir. Desmilitarizar hace referencia al tipo de principios que maneja la policía.

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En Colombia, así como en otros países, cada vez es más difícil distinguir policía de ejército, ya que su centro de acción es el uso de las armas. Existen policías civiles, guardas indígenas, y otras formas organizativas de control social, cuya misión es regular el orden, pero bajo una misión de prestar apoyo y entender lo que está pasando para ayudar y corregir sin necesidad del uso de las armas.

Colombia carga con una larga historia de violencia y represión. ¿El exceso de fuerza policial contra los manifestantes, los actos de vandalismo, todo lo que estamos viendo estos días en el país son resultado de ese triste legado?

Es evidente que en Colombia ha existido un ejercicio sistemático de reprimir demandas sociales, bien sea en manifestaciones populares como las actuales o a través de la criminalización o asesinato de miembros de grupos organizados, como organizaciones sociales, sindicales, grupos indígenas, afros y partidos políticos. Solo por marcar un referente histórico útil, tenemos la “masacre de las bananeras” en Diciembre de 1928 cuando el entonces presidente Miguel Abadía Méndez mandó al ejercito a que asesinara a los trabajadores que estaban exigiendo mejorías en sus condiciones laborales a la empresa “United Fruit Company.”

Más que el dato histórico, lo que debemos tener presente es el asocio entre el gobierno, los militares y las empresas privadas, en este caso transnacional, en contra de los trabajadores colombianos. Desde allí tenemos un patrón que deslegitima la percepción ciudadana del estado ya que priman los intereses de sectores privados por encima de los derechos de la ciudadanía, hasta tal punto que cualquier forma de protesta ha encontrado represión militar. Por supuesto, las coyunturas históricas son distintas y los intereses económicos que protege el estado a través de las leyes, con la criminalización de la protesta o con la violencia militar, van cambiando en la historia.

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Estamos ahora en otro momento, en donde hay un descontento generalizado y muchos sectores se han unido en protestas masivas, denunciando distintas formas de violencia estatal, bien sea por propuestas de reforma aún más regresivas, como la reforma tributaria, pero también la violencia militar en contra de líderes sociales y excombatientes, la violencia sexual en contra de las mujeres, la creciente amenaza a las pensiones o la mayor privatización de la salud o la educación.

Desde afuera se condena todo tipo de violencia, la de la policía y los cuerpos de seguridad, pero también la de un grupo de manifestantes. Desde la academia, ¿qué cree que se puede hacer en este momento para reducir la crispación social?

Desde la academia, antes de actuar, nos interesa entender quiénes se manifiestan, las razones y por qué acuden a la violencia en vez de otras formas de manifestación. Centrémonos un poco en la violencia de algunos manifestantes. Por un lado, sabemos que la gran mayoría de los manifestantes, incluidos aquellos que han sido asesinados, actúan de forma pacífica, creativa e inclusive solidaria y afectuosa, a través de cantos, consignas, propuestas escénicas, etc. Entonces una pregunta aún no resuelta es quiénes acuden a actos violentos y porqué.

En sociedades con larga historia de militarización como Colombia, sabemos que infiltrar es una estrategia de guerra y existen denuncias desde hace mucho tiempo del papel que cumplen ciertos infiltrados para generar violencia y “legitimar” la represión. Pero también hay personas que de forma más o menos organizadas atacan establecimientos o a la fuerza pública. Una de las cosas importantes a analizar es qué infraestructuras están atacando o intentando destruir. En muchas manifestaciones se ven que se atacan los bancos, sectores empresariales claramente ligados con la clase política y empresarial, el transporte público privatizado o, por ejemplo, los CAI.

Es decir, se destruyen símbolos específicos de ese poder de clase que estábamos discutiendo, lo cual señalaría que no son actos violentos descontrolados o de “terrorismo” sino probablemente un ejercicio violento en contra de los símbolos de la represión estatal. Kimberly Jones, una escritora negra estadounidense, explicó en un video que se convirtió en viral porqué las comunidades negras estaban destruyendo y quemando ciertos almacenes en respuesta al asesinato de George Floyd.

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¿Cómo tender puentes en un país tan golpeado por la violencia, pero también por la pandemia, la crisis económica, la desigualdad social?

Empecemos por lo que no se debe hacer. En medio de tanto dolor por la violencia, la pandemia y la desigualdad, lo último que se debe hacer es proponer reformas regresivas y privatizadoras que no solo amenazan aún más la posibilidad de sobrevivir, sino que reiteran el mensaje que el Estado está en contra de la ciudadanía. El descontento social en Colombia ha venido en aumento. Recordemos las movilizaciones estudiantiles de 2011 y 2018, el paro Nacional del 21N de 2019 en contra de un nuevo paquete de reformas laborales y pensionales, la Minga Indígena que se sumó al paro y el sinnúmero de manifestaciones por el asesinado de casi 1000 líderes sociales y casi 300 excombatientes después de firmado el acuerdo final de paz.

Era lógico que una nueva agresión del gobierno con los nuevos proyectos de reforma tributaria, a la salud y a las pensiones, iba a generar un nuevo ciclo de protestas. Para tender puentes se necesita solidaridad e inversión económica directa en la gente. En Colombia distintos sectores han propuesto la renta básica universal, que se apoye al personal de la salud que se encuentra sin salarios y trabajando en condiciones muy precarias y sin equipo de protección personal.

Mientras otros países plantean la solidaridad internacional, por ejemplo, con la revocatoria de las patentes de las vacunas para poder hacer producción local, en Colombia se propone la ley 10 para profundizar aún más la privatización de la salud. Si el gobierno actuara solidariamente, se tenderían puentes y los conflictos y tensiones aminorarían. Si en vez de proponer una concertación a puertas cerradas de la reforma tributaria, el gobierno se disculpara y propusiera una nueva reforma fiscal progresiva que recogiera las demandas ciudadanas, sin duda se tenderían puentes para el diálogo y la reconciliación.

¿Qué papel juegan en momentos de agitación social las redes sociales?

Los análisis de redes sociales son mixtos, hay puntos negativos y puntos positivos. Hay una crítica muy fuerte frente a la manipulación de la información. Los algoritmos que emplean las plataformas generan realidades paralelas, desinformación, fake news, y sólo hasta ahora se están empezando a discutir regulaciones, después de muchos escándalos sobre lo lucrativo que les resulta a estas plataformas manipular votantes. Según algunos analistas, uno de los mayores peligros a las democracias son las redes sociales, incluyendo Colombia, en donde varias de las últimas elecciones han sido manipuladas por estas plataformas.

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Por otro lado, las redes sociales han permitido cierta democratización de la información, ya que los medios masivos de comunicación hacen parte de esa alianza entre los poderes económicos y políticos. A través de las redes se han creado muchos canales alternativos e independientes en los que circula información valiosa. Las redes sociales también han permitido que cualquier persona haga denuncias de violaciones de derechos humanos en tiempo real. Gracias a las redes, la represión y los asesinatos que están ocurriendo en Colombia se conocieron rápidamente en todo el mundo y eso facilitó que distintos organismos y gobiernos internacionales se pronunciaran.

Entonces las redes, en este caso, fortalecen los ejercicios democráticos. En cuanto a la movilización social, las redes han cambiado las dinámicas de movilización. Ahora las manifestaciones se organizan por red, se coordinan puntos de encuentro, se comparte información sobre los tipos de organización y estrategia que se van a implementar, se discuten posturas y material, etc. Las redes han permitido que las protestas se masifiquen, ya que muchas más personas se enteran de lo que está pasando y deciden participar. Sin embargo, también se discute que no existe el mismo sentido de grupo ni de formación política que caracteriza las movilizaciones organizadas cara a cara.

¿Cómo calificar este momento que está viviendo el país y hacia dónde cree que vamos?

Este es un momento crucial y no es exclusivo de Colombia. Sólo por hablar de América del Sur, el descontento después de siglos de violencia, bien sea bajo dictaduras más estructuradas como en otros países o de “baja intensidad, pero sostenida” como en Colombia, es generalizado y pareciera haber llegado a un límite. El modelo neoliberal implementado con mucha fuerza en Chile bajo la dictadura de Pinochet y en Colombia desde los 80, pero más decididamente con las reformas durante la presidencia de Gaviria ha llevado a unos niveles de pobreza, desigualdad y desesperanza increíbles.

Antes, por lo menos, existían algunos esquemas de protección laboral y garantías en seguridad social y bienestar básico. Con el neoliberalismo el empleo se precarizó y flexibilizó, es decir, ya no existen los contratos estables y con prestaciones, la salud y las pensiones se privatizaron con la Ley 100 de 1993 que presentó Uribe cuando era senador. El pacto social entre los ciudadanos y el Estado ya no existe y en ese escenario cualquier agresión adicional económica por parte del Estado detona el descontento y la rabia acumulada.

El momento es muy difícil porque siempre existe el temor a que el gobierno se afiance en su postura, se niegue a escuchar el descontento y siga criminalizando y militarizando la sociedad. Desafortunadamente si no hay solución estructural a todas las crisis sociales y económicas de décadas de neoliberalismo, los ciclos de protesta y represión seguirán. El camino, creo yo, es similar al de Chile. Se necesita que, por fin, la democracia llegue a las personas.

Si el gobierno sigue intransigente y deseoso de seguir protegiendo a los sectores financieros y los grandes empresarios nacionales y transnacionales, debería haber un gobierno de transición y una convocatoria a una constituyente popular. Enfatizo “constituyente popular” porque ya tuvimos la experiencia de 1991 en donde hubo avances significativos al declarar el estado social de derecho y ampliar las garantías políticas a múltiples sectores, pero al mismo tiempo se sentaron las bases constitucionales para implementar todas las reformas que profundizaron el modelo neoliberal. El problema fue que la mayoría de los constituyentes eran los mismos políticos y sus delfines y por eso es que 30 años después nos vemos en esta encrucijada.

Si a eso le adicionamos que el capital mafioso, principalmente del narcotráfico, infiltró el gobierno desde los 80, sería muy difícil realizar un cambio si estos mismos grupos siguen presentando las leyes o una nueva constitución. Si se escucha con atención las demandas populares, los resultados de la JEP y la Comisión de la Verdad, la nueva constituyente debe ser mayoritariamente popular y plurinacional para recoger el descontento histórico de grupos históricamente marginalizados y para implementar mecanismos de solidaridad social y económica y medidas adecuadas de reparación, no solo a las violencias que ha dejado el conflicto, sino a siglos de violencia económica que ha dejado a las personas en tal desespero que ya no importa arriesgar la vida.

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