La cárcel Mariscal Zavala, en Ciudad de Guatemala, tiene un nuevo huésped desde hace siete meses. José Rubén Zamora cohabita con algunos de los reos de la “élite presidiaria” que cumplen sus penas allí por corrupción. Zamora, reconocido como uno de los periodistas más famosos del país, ahora comparte la prisión con docenas de funcionarios públicos condenados que él mismo denunció en las páginas de su periódico por malversar el erario guatemalteco.
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Justo este martes, Zamora cumplió siete meses de prisión preventiva. Desde julio de 2022, el reportero fue detenido por supuestamente, haber estado involucrado en lavado de activos, chantaje y tráfico de influencias. Estas acusaciones, tanto para Zamora como para ONG y colectivos periodísticos son un “montaje” y “un ataque sistemático a los periodistas y medios que no se pliegan a los intereses del Gobierno”, según dijo la Sociedad Interamericana de Prensa.
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Antes de ser encarcelado, Zamora había revelado en más de 200 investigaciones los nexos entre la clase política de Guatemala y los empresarios con la corrupción en el país. La mayoría de estas investigaciones se dirigían en contra del presidente Alejandro Giamattei.
“Soy un hombre libre que decide decir no de manera categórica a los excesos y abusos del poder. Este es un montaje diseñado, fabricado y ejecutado con eficacia por Giamattei”, aseguró Zamora cuando recién fue encarcelado.
Zamora, vale la pena recordar, fue el director de elPeriódico, un medio de comunicación que hacía constantes investigaciones de corrupción y del erario público desde antes que Giamattei asumiera la presidencia.
Tal como aseguró José Zamora, el hijo del periodista encarcelado, su padre “tiene una carrera de más de 30 años en medios y fue el primero que empezó a hacer periodismo investigativo con su equipo”. De acuerdo con una entrevista con el Comité para la Protección de Periodistas, “esto ha llevado a una serie de ataques, hostigamiento y persecución durante todos esos años: campañas de difamación por parte del Estado, terrorismo fiscal y muchos otros”.
El fiscal que ha encabezado las acusaciones es Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial Contra la impunidad (FECI). Curruchiche, es preciso decir, fue incluido por el Departamento de Estado de Estados Unidos en la Lista Engel, una matriz en la cual se mencionan los “actores antidemocráticos y corruptos” de Centroamérica. Fue sancionado por haber creado casos fantasma contra miembros de la rama judicial de Guatemala.
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Para el Gobierno y entidades como la Fiscalía, el “caso Zamora”, como se le conoce en Guatemala, debe pasar por las instancias judiciales para determinar qué responsabilidad tuvo el periodista en los cargos que se le acusan. Inclusive, Zamora fue imputado de otro nuevo cargo este martes: el de “obstrucción a la justicia”.
Sobre este nuevo cargo, Curruchiche explicó que “se logró establecer una posible conspiración para obstruir una investigación en curso, relacionada con dinero, posiblemente producto de lavado de dinero u otros activos, que el señor José Rubén Zamora Marroquín y la entidad Aldea Global S. A. recibieron en el año 2013″.
Zamora, quien en ocasiones anteriores se presentaba a las instancias judiciales escoltado por miembros de la fuerza penitenciaria y esposado, asistió este martes con un folio de documentos que certifican sus movimientos bancarios en un intento de demostrar su inocencia frente a los cargos que se le acusan.
El gobierno ha rechazado estar detrás de la detención de Zamora, mientras que el Ministerio Público argumenta que el proceso es por su calidad de empresario y no por su labor periodística.
El juicio contra Zamora, en el cual se le sindica de lavado de dinero, comenzará a inicios de mayo.
Silencio absoluto
La situación del periodismo en Guatemala ha sido alertada por varias ONG. Reporteros sin Fronteras, por ejemplo, cataloga que ejercer la reportería en este país centroamericano es “difícil”. Además, este país ocupa el puesto número 124 en la clasificación de la organización.
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Dentro de este panorama, el Ministerio Público de Guatemala aseguró este martes que contempla investigar a diversos periodistas y columnistas de prensa por informar sobre el proceso judicial contra Zamora. La posible investigación fue avalada por el juez Jimi Brener Ramírez, que lleva el caso de Zamora, según indicó durante una audiencia.
“Si se está afectando maliciosamente a fiscales, operadores de justicia, jueces, magistrados o diputados, o cualquier otra persona que pueda ser sujeto procesal de una causa, que se investigue”, indicó Brener. “La única responsabilidad que puedo tener yo es la de viabilizar lo que el propio Ministerio Público me está diciendo en una audiencia”, añadió.
De acuerdo con los registros de la Asociación de Periodistas de Guatemala, desde que Giamattei ocupa la casa presidencial en 2020, ha habido 350 ataques contra periodistas y medios de comunicación, dentro de los cuales está la proliferación de discursos de odio, violencia policial, estigmatización y acoso judicial.
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