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El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos anunció que comenzará a monitorear las redes sociales de migrantes para detectar antisemitismo. En una declaración de este miércoles, la entidad aseguró que empezará a “considerar la actividad antisemita de los extranjeros en las redes sociales y el acoso físico de personas judías como motivos para denegar las solicitudes de beneficios de inmigración”.
La nueva directriz aplica para personas que soliciten el estatus de residente permanente, estudiantes internacionales y extranjeros afiliados a “instituciones educativas vinculadas a actividades antisemitas”.
Al respecto, Tricia McLaughlin, secretaria adjunta de asuntos públicos del Departamento de Seguridad Nacional, aseguró que “no hay lugar en Estados Unidos para el resto de simpatizantes terroristas del mundo, y no tenemos obligación de admitirlos ni de permitirles quedarse aquí”.
La funcionaria, recordando pronunciamientos de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, agregó que la administración ha dejado claro que quienes se escuden en la Primera Enmienda para promover la violencia antisemita y el terrorismo no son bienvenidos en el país norteamericano.
Los críticos frente a esa medida dicen que es una excusa más para impulsar una agenda antiinmigración. Además, grupos que luchan contra el antisemitismo parecen no estar de acuerdo con la decisión. De hecho, en declaraciones a BlueSky, el Proyecto Nexus aseguró que “usar un lenguaje políticamente maleable como ‘simpatizante del terrorismo’ para atacar a los migrantes no combate el antisemitismo. Hacer esto mientras se exalta el antisemitismo, como lo hace esta administración”, tampoco lo hace.
Esto se conoce días después del segundo encuentro entre el presidente estadounidense, Donald Trump, con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y luego de las detenciones de varios estudiantes que han mostrado su apoyo a la causa palestina, incluso de unos que tenían residencia permanente o una visa estudiantil que les permitía cursar sus estudios en el país. Esto lo ilustran los casos de Mahmoud Khalil, Badar Khan Suri y Rumeysa Ozturk.
La decisión llega después de que la administración del republicano dijera que la Universidad de Harvard podría perder US$9.000 millones en subvenciones y contratos federales por supuestamente permitir que manifestaciones que el Gobierno considera antisemitas se llevaran a cabo en su campus. A esto se suma la cancelación de unos US$400 millones de financiación federal para Columbia por el mismo motivo.
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