
Acorralado por la presión y por un escándalo que tiene a millones de personas reclamando por sus ahorros y su dinero, Santiago Peña renunció a ser presidente de Paraguay. Lo hizo días después de que el Banco Central interviniera a Ueno Bank, que hace tres años se presentó como una promesa del sistema financiero paraguayo y que tenía las cuentas de casi la mitad de la población, pero ahora está en el centro de la más reciente crisis política del país, una que llevó incluso al partido de gobierno, el Partido Colorado, a respaldar el juicio político en contra del mandatario. “La historia se encargará de juzgar y poner en justa dimensión los acontecimientos que hoy nos toca vivir”, afirmó Peña: “Quiero pedir disculpas al pueblo si en algún momento he fallado. Nunca fue mi intención defraudar la confianza que depositaron en mí”. Eso, sin embargo, no fue suficiente ante una ciudadanía frustrada y que quiere respuestas.
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Su dimisión fue percibida por algunos como una consecuencia de las protestas de los últimos días y de la pérdida de respaldo político. Así lo aseguró en declaraciones a El Espectador el abogado paraguayo Camilo José Filártiga Callizo, quien describió este momento como una tensa calma, en medio de la cual persiste una demanda: que la salida de Peña no signifique impunidad y que se esclarezcan los hechos. Cree que su discurso buscó priorizar la estabilidad institucional y la paz social, pero evitó asumir responsabilidades políticas concretas: “Las disculpas son insuficientes frente a la magnitud de la crisis”. Pidió, entonces, transparencia y que se investigue “hasta las últimas consecuencias” a todos los responsables.
Aunque ya se había iniciado el proceso en el Congreso, pasaron apenas unas horas desde que Peña anunció su renuncia para conocer que la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la acusación de someterlo a juicio político, pues los 78 legisladores lo responsabilizaron de “un grave y sistemático mal desempeño de sus funciones”, remitiendo al Senado la decisión sobre el proceso. Ahí se decidirá si se acepta la dimisión (que lo convertiría en senador vitalicio y le daría inmunidad parlamentaria) o si se le juzga políticamente para ser destituido. En medio de ello, el diputado Carlos Pereira instó a los ciudadanos a seguir presionando para que los culpables de la caída del banco, en alusión a Peña, “paguen” con la cárcel.
Se abrió, entonces, una etapa de transición marcada por tres desafíos: garantizar la estabilidad institucional, proteger a los ahorradores y esclarecer las responsabilidades, en palabras de Filártiga Callizo, quien enfatizó que la sucesión constitucional no debe convertirse en un mecanismo para eludir la rendición de cuentas: “La renuncia de un presidente no resuelve una crisis de Estado”. La tarea a partir de ahora, a su criterio, pasa por recuperar la confianza de la gente y garantizar la justicia, mostrando que “en Paraguay nadie está por encima de la ley”. Ahora bien, en el país está el antecedente de Raúl Cubas Grau, quien también renunció a su cargo y se asiló en Brasil.
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Para el politólogo Esteban Caballero Carrizosa el punto de inflexión de lo que está sucediendo en Paraguay lo marcó la postura adoptada por el Partido Colorado frente a la situación de Peña. El jueves en la mañana la agrupación publicó un comunicado en el que expresó que “no estaremos del lado del latrocinio de los fondos públicos, privados y de los jubilados (…). Acompañamos el juicio político (…), a los efectos de volver a reencauzar la institucionalidad de la República”. Eso, dijo el investigador independiente asociado al programa Flacso Paraguay, “muestra que el partido no tiene ninguna intención de protegerlo”, a quien no le fue suficiente el perfil de un hombre joven que quería atraer la inversión extranjera para mantenerse en el poder.
“El Partido Colorado siempre ha manejado la estrategia de ser gobierno y oposición”, añadió Caballero Carrizosa: “En este contexto, Peña se volvió un personaje tóxico y por eso se distanciaron de él, adhiriéndose a la aprobación del libelo acusatorio para que se le haga un juicio político”. Fue, a su parecer, una movida oportunista para que, en 2028, cuando se celebren las elecciones generales, la agrupación pueda presentarse como una voz crítica ante lo sucedido con Ueno Bank, de cuyo grupo propietario él fue accionista hasta el año pasado. La entidad financiera tenía cerca de tres millones de clientes, en un país con 6,5 millones de habitantes. Su intervención afectó a unos 32.000 jubilados que cobraban sus pensiones a través suyo. Además de los depósitos particulares, también administraba alrededor de USD 850 millones en fondos públicos.
De ahí que los diputados que apoyaron el juicio político acusaran a Peña de utilizar su cargo para favorecer a un banco con el que mantenía vínculos económicos. Sostuvieron, entonces, que él antepuso intereses privados a sus responsabilidades como presidente, pues le reclamaron que haya conservado acciones en el grupo propietario del banco a lo largo de los dos primeros años de sus funciones como jefe de Estado, así como que haya dejado al frente del Banco Central en 2023 a Carlos Carvallo, quien había presidido Financiera Ueno, la entidad de la que surgió Ueno Bank. Esta crisis también dejó ocho detenidos, entre ellos el presidente, los vicepresidentes y miembros del directorio, además de ejecutivos vinculados al Grupo Vázquez.
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Juan felipe(82042)•07 de noviembre de 2026 – 16:16Esa no es la rata q adora este filipichin ambidiestro en cosas.
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Yolanda(58593)•06 de noviembre de 2026 – 11:15Caerán.Las contradicciones se ahondan
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Jose(18935)•05 de noviembre de 2026 – 21:02Otro de la Derecha que fracasa.