El presidente Iván Duque le entregó a Antonio Guterres, secretario de las Naciones Unidas, este jueves las pruebas contra Venezuela.
/ Twitter
Un informe de 128 páginas a todo color con mapas, fotografías y coordenadas fue el instrumento con el que el presidente de Colombia, Iván Duque, denunció al gobierno de Venezuela por "dar apoyo logístico y operativo a grupos armados colombianos en su país".
Ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, Duque, con informe en mano, dijo que presentaba ante la organización la lista de “una cuadrilla de menos de 20 criminales que traicionaron la generosidad de los colombianos, y hoy residen en Venezuela a sus anchas, con todas las capacidades logísticas, promovidos por la dictadura”. El presidente se refería a las disidencias lideradas por Iván Marquez.
En su reporte, el presidente colombiano afirmó también que en territorio venezolano hay más de 1.400 guerrilleros de los bloques más peligrosos del ELN, y entregó 207 ubicaciones controladas por esta guerrilla en ese país. El documento le fue entregado al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y Duque posó con él en una foto en el momento de dárselo personalmente.
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Cuando Duque mostró el documento durante su intervención el día de ayer la duda era si se haría público. Este jueves, en su cuenta de Twitter, el presidente colombiano publicó algunas de las 128 páginas del dossier, en el que según su gobierno están las pruebas del vínculo de Nicolás Maduro con grupos terroristas y narcotraficantes colombianos.
“Proteger la democracia, la paz y seguridad internacionales, exige aplicar RES 1373-2001 del Consejo de Seguridad ONU respecto a Estados que alojen, protejan, financien o permitan circulación en su territorio de grupos que cometan o planeen cometer actos terroristas en Colombia”, trinó Duque este jueves.
En su trino, el presidente colombiano hace referencia específicamente a la resolución 1373 del año 2001 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, emitida poco después de los atentados terroristas del 11 de septiembre de ese año en Estados Unidos. Aprobado por unanimidad, dicho documento fue la primera respuesta de la comunidad internacional ante los ataques y estableció por primera vez, de manera clara, varias medidas para contrarrestar y combatir el terrorismo a nivel mundial.
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Así como el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), la resolución 1373 de 2001 ha hecho parte de los argumentos más utilizados por la oposición venezolana para buscar acciones más fuertes contra el gobierno de Maduro en Venezuela. Rocío San Miguel, experta venezolana en asuntos militares, considera esta la jugada “más peligrosa y estratégica de Colombia hasta ahora”.
“Sin duda, tendrá consecuencias”, asegura San Miguel.
Pero contrario a lo que se ha sugerido, tanto en medios de comunicación como en las redes sociales, esta resolución no es algo que se le pueda “aplicar” a un estado de las Naciones Unidas.
La resolución 1373 de 2001 es más que todo un compromiso de los países miembros de las Naciones Unidas para prevenir y reprimir la financiación de actos y grupos terroristas, en el que se establecen las acciones que debe tomar cada país para cumplir con el objetivo de combatir el terrorismo. Sin embargo, el documento no tiene ningún apartado en donde queden establecidas sanciones o acciones concretas por parte de las Naciones Unidas contra un estado que patrocine a grupos terroristas.
(Ver resolución)
De hecho, el documento únicamente enumera acciones y recomendaciones que debe tomar cada nación para prevenir y combatir el terrorismo. Entre sus varias exhortaciones están que se “prevengan y repriman la financiación de todo acto de terrorismo”, “se abstengan de proporcionar todo tipo de apoyo, activo o pasivo, a las entidades o personas que participen en la comisión de actos de terrorismo”, “denieguen cobijo a quienes financian, planifican o cometen actos de terrorismo” y “cooperen, en particular mediante acuerdos y convenciones bilaterales y multilaterales, para prevenir y reprimir los ataques terroristas”, entre otras.
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Las acciones de Colombia, más allá de pedir una aplicación de esta resolución, buscan exponer al gobierno venezolano ante la comunidad internacional y exigirle que cumpla con lo establecido en el mismo. En otras palabras, Colombia y Duque han querido evidenciar cómo Maduro y su gobierno, según él, se han convertido en una amenaza para la paz y seguridad del país y de la región.
"Lo que ha hecho la dictadura de Nicolás Maduro auspiciando y protegiendo terroristas es lo mismo que hizo el régimen talibán con Al Qaeda", ha dicho Duque sobre esto. "El mundo va a tener que apreciar la evidencia de las fechorías de ese régimen protegiendo terroristas", agregó.
Pero Colombia no es el único país que quiere mostrar una violación e incumplimiento a la resolución 1373 de 2001. Venezuela, a través de su vicepresidente Delcy Rodríguez, manifestó que denunciará al gobierno colombiano con “pruebas contundentes sobre la protección y amparo de Iván Duque a grupos terroristas, entrenados y armados en Colombia para atentar contra nuestro orden constitucional”.
El argumento venezolano se basa en el supuesto atentado del 7 de agosto de 2018 en Caracas, Venezuela, durante la posesión presidencial de Nicolás Maduro. El gobierno venezolano afirmó en su momento que ese episodio fue fraguado y organizado con ayuda de las autoridades colombianas.
Tanto Colombia como Venezuela aseguraron que su contraparte está violando la resolución, una actitud paradójica, pero predecible, teniendo en cuenta que, como ha sucedido a lo largo de este pleito diplomático, todo depende de la interpretación de cada una de las partes.
Por Jesús Mesa / @JesusMesa
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