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El panorama en América Latina está más incierto que nunca: la región superó los 25 millones de contagios de COVID-19, en un alarmante avance de la pandemia que está obligando a varias naciones a aumentar las restricciones mientras se trata de acelerar la vacunación, en plena crisis económica (en 2020 la contracción fue del 8 %) que sumó cuarenta millones de personas más a la pobreza, que ya golpeaba la zona antes de la pandemia.
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Países como Chile y Perú batieron los récords de infecciones diarias, mientras que las alarmas comienzan a dispararse en Ecuador, Venezuela y Brasil por la aparición de nuevas infecciones. Y con este panorama varios países prevén celebrar elecciones el próximo fin de semana.
Chile, que ya vacunó al 24 % de la población con dos dosis y es ejemplo de vacunación en Latinoamérica, ha registrado las peores cifras de muertes y contagios de la pandemia, por lo que las autoridades anunciaron que cierran fronteras y pedirán al Congreso aplazar las megaelecciones del 10 y 11 de abril, cuando serían elegidos los miembros de una asamblea para redactar una nueva Constitución y de otras autoridades municipales y regionales; ayer el Senado aprobó mover la cita electoral para el 15 de mayo, como propuso el presidente Sebastián Piñera.
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Pero hay otros dos países que mantienen su calendario electoral. Ecuador, que declaró el estado de excepción por treinta días en varias provincias, elegirá un nuevo mandatario en una segunda vuelta electoral este domingo; Perú, por su parte, decidió confinarse durante la Semana Santa para contener el avance del COVVID-19 y poder ir a las urnas este 11 de abril, cuando están convocadas las presidenciales y legislativas. El presidente interino, Francisco Sagasti, descartó postergarlas, a pesar de que ninguno de los diez candidatos en disputa tiene acceso a más del 15 % de los votos, por lo que se anticipa una definición en una segunda vuelta, el 6 de junio.
¿Qué está en juego en Perú?
Algunos dicen que la democracia peruana es casi un espejismo. Los presidentes de los últimos años, salvo uno que se suicidó para evadir la justicia, están procesados, presos o destituidos; un historial nefasto de corrupción del que los peruanos no han podido escapar. Con este panorama, los peruanos se alistan para elegir al sucesor del presidente interino Francisco Sagasti en uno de los comicios más abiertos en dos décadas: con 16 candidatos presidenciales, más de un tercio de los peruanos no saben qué hacer con su voto, y los candidatos elegidos raramente superan el 20 % de intención.
“Este casi 35 % de indecisión contrasta fuertemente con la media de los presidenciables que lideran tímidamente las encuestas: Yonhy Lescano (10,8 %), George Forsyth (9,2 %), Keiko Fujimori (7,1 %) y Verónika Mendoza (6,9 %)”, se lee en un análisis de Jorge Galindo en el periódico El País, de España.
Lescano (de Acción Popular, uno de los partidos que destituyeron al expresidente Martín Vizcarra en plena crisis sanitaria) pasaría a la segunda vuelta presidencial. “Ha construido una carrera de 19 años en el Congreso con base en tres pilares: la defensa del consumidor, la oposición al fujimorismo y al aprismo, y la reivindicación del gobierno ochentero de Fernando Belaúnde Terry, fundador de su partido, y su escudo personal para señalar que no es izquierdista”, se lee en una columna del investigador Jonathan Castro en el Washington Post.
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Lescano dice que si llega a la presidencia, pedirá a los laboratorios las patentes de las vacunas contra el coronavirus para producirlas en Perú, pese a que el país no cuenta con la industria para esto. Es distante frente a temas como el aborto y el matrimonio entre parejas del mismo sexo, pero dice que comprará un satélite de comunicaciones para tener mayor cobertura de internet y mejorar la educación.
El segundo lugar en las encuestas se lo disputan George Forsyth y Keiko Fujimori. El primero es un exfutbolista candidato de centro-derecha del partido Victoria Nacional. Tiene 38 años y nació en Caracas, cuando su papá era embajador en Venezuela. Forsyth entró en la lista de candidatos que proponen políticas migratorias xenófobas. “Vamos a expulsar a los malos extranjeros, a esos que no respetan el Perú, y si vuelven a entrar, se irán presos porque el Perú se tiene que respetar”, dijo el exfutbolista. Keiko Fujimori, hija del encarcelado expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), también aspira a la presidencia. Tras concluir 28 meses de investigación, la Fiscalía peruana pidió treinta años de prisión para la candidata, a quien acusa del delito de lavado de activos por presuntamente recibir dinero ilegal de la brasileña Odebrecht para financiar sus campañas de 2011 y 2016. Keiko criticó las propuestas de cambiar la carta magna que impulsan algunos candidatos, entre ellos el centroderechista Lescano.
La confianza en la representación política de Perú está en el piso. Y no es para menos; con tres presidentes en menos de una semana, unas movilizaciones que dejaron dos muertos, y un escándalo por la vacunación irregular de políticos, los peruanos ya no saben a quién creerle. “No se puede descartar que la desafección, con una desgastada clase política acosada por la corrupción, facilite la emergencia de fuerzas populistas, como la ultranacionalista Unión por el Perú, de Antauro Humala, o de movimientos que defienden la “mano dura” (Daniel Urresti) o “teóricos outsiders” como el exfutbolista George Forsyth”, explicaron Carlos Malamud y Rogelio Núñez, del Real Instituto Elcano.
Castro plantea una proyección similar: “Es probable que el ciclo de crecimiento de Yonhy Lescano y Rafael López Aliaga no se detenga antes de las elecciones del 11 de abril, y ningún otro candidato con mejores propuestas les haga competencia. La precariedad de los partidos que los respaldan sumada a la crisis y la alta fragmentación del voto harán que los próximos años sean turbulentos para el país”. Este continuo choque de poderes puede generar impactos en el desempeño económico de Perú, a pesar de la solidez de sus macrofinanzas, advirtió la agencia calificadora Moody’s, en diciembre de 2020.
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“Ninguno de los candidatos presidenciales actuales está respaldado por un partido político fuerte, y es poco probable que el eventual ganador reciba un fuerte apoyo de un Congreso que probablemente permanecerá fragmentado”, se lee en el informe de la agencia calificadora publicado por el diario El Comercio, de Perú. Advierten además que esto marcaría una desviación del entorno político anterior del Perú que, “aunque propenso a las luchas internas, rara vez condujo a una interferencia política en la gestión fiscal, lo que proporciona señales de deterioro institucional que pueden socavar la fortaleza fiscal del soberano con el tiempo”, agregaron.
Alberto Fujimori: ¿la raíz de todos los males?
“Todo empieza con la Constitución de Fujimori de 1993, que precariza el sistema público, entrega el Estado a los grandes poderes económicos y lo hace con suficiente margen para la proliferación de la corrupción. La sensación es de estar viviendo la democracia como una farsa”, escribió Gabriela Wiener, columnista del New York Times.
El entramado de Alberto Fujimori (1990-2000), en el que estuvieron implicados cerca de 200 funcionarios públicos y asesores, fue tan grave que la deuda acumulada de las reparaciones por corrupción supera los US$525 millones, según un análisis de 2016 del portal Ojo Público, que investiga los abusos de poder en Perú. Su gobierno corrompió a la sociedad peruana; nadie se salvó: periodistas, empresarios, banqueros, políticos, jueces, militares y hasta presentadores y actores cayeron en el esquema de dinero sucio y extorsión. Fujimori cumple una condena de 25 años de prisión por corrupción y otros delitos.
Desde entonces, la historia pareció repetirse por veinte años más: el expresidente Martín Vizcarra (2018-2020), quien llegó con la promesa de limpiar la política, fue destituido por el Congreso acusado de haber recibido millonarios sobornos. Vizcarra asumió el cargo tras la renuncia de su antecesor, Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), que se vio obligado a dimitir salpicado por el caso Odebrecht, la trama de corrupción más grande que ha sacudido a América Latina. También pisó la cárcel el que lo antecedió, Ollanta Humala (2011-2016), señalado de haber recibido US$3 millones para financiar su campaña. Mientras que el exmandatario Alan García (2006-2011) se suicidó tras verse implicado en el caso Odebrecht, escándalo en el que también estuvo involucrado Alejandro Toledo (2001-2006), quien huyó a Estados Unidos para evitar la prisión preventiva; dos años más tarde fue detenido en California.
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“Observamos a lo largo de la historia peruana una práctica extendida, grave y recurrente de cohechos, tráfico de influencias y colusiones en contrataciones estatales”, escribió el historiador Alfonso Quiroz, quien explica que la corrupción se impregnó en la política peruana mucho antes de la llegada de Fujimori al poder. De hecho, Mauricio Jaramillo Jassir, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario, le explicó a este diario en noviembre de 2020, fecha en la que el país tuvo tres presidentes en una semana, que Perú es un caso distinto en América Latina “porque desde los años 90 intentó convertirse en un semipresidencialismo y el Congreso tiene funciones que en otro país no. Y en estas coyunturas es que se ve ese papel. Antes de Odebrecht, el país ya estaba azotado por la corrupción”.
“Esas tramas han derivado en un ciclo de inestabilidad en el que se suceden medidas cautelares, liberaciones, vueltas a prisión o arresto domiciliario. En el que todos enarbolan la idea de regeneración y, sin embargo, esta acaba a menudo confundida con intereses particulares o partidistas”, se lee en un artículo publicado por El País, de España, en medio de la crisis política de noviembre. “Un ciclo que ha puesto al desnudo un sistema que necesita una reconstrucción radical y dejar atrás las sospechas. Ese es el legado de las últimas décadas”, concluye.
Ecuador, segunda vuelta
Pero si en Perú reina la incertidumbre, en Ecuador arrasa una campaña electoral marcada por las noticias falsas, los ataques personales y las pocas propuestas para sacar a los ecuatorianos del pozo profundo que dejó la pandemia. Las encuestas no dan un ganador claro: una semana el favorito es Guillermo Laso (del partido CREO-PSC, de centro-derecha) y al siguiente día es Andrés Arauz, aspirante de la alianza UNES, auspiciado por Rafael Correa.
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Esto hace que las predicciones electorales sean muy austeras y que el debate se haya salido de control; a pocos días de la cita en las urnas, ninguno se ha comprometido con las medidas que tomará cuando gobierne para sacar al país del hoyo en el que lo dejó la pandemia. Analistas advierten, sin embargo, del repunte de los últimos días de Lasso, quien sigue regalando bonos a diestra y siniestra y acusando a su rival de mentir. El candidato de derecha hizo viral una frase durante el único debate de cara a la segunda vuelta, que le ha costado mucho a Arauz: “Andrés, no mientras otra vez”.
Los datos indican que con el debate Lasso consiguió llegar al público joven y sumar votos en las principales ciudades del país, Quito y Guayaquil, donde tiene su principal caladero. Un informe de la consultora internacional Atrevia indica que ese debate, auspiciado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), habría cambiado la tónica dominante y dado la vuelta a la tortilla beneficiando ligeramente a Lasso por encima de Arauz.
La indecisión, señalan las encuestas, es la que inclinará la balanza este domingo. La última encuesta divulgada el miércoles por la firma Cedatos situaba la indecisión del electorado en el 28,8 %, porcentaje que asciende al 32,9% entre los menores de 25 años.
“Votaré nulo porque no me convence ninguno de los dos [candidatos], no creo que sean aptos para ser presidentes de Ecuador”, manifestó a EFE Consuelo Curillo, vendedora ambulante en el norte de Quito.