Los principales órganos del Sistema Andino de Integración (SAI) emitieron este jueves un comunicado conjunto en el que expresan su “profunda preocupación” por la escalada de tensiones comerciales entre Colombia y Ecuador.
El bloque regional hizo un llamado urgente a los presidentes Gustavo Petro y Daniel Noboa para frenar las medidas unilaterales que, según los firmantes, están afectando seriamente el proceso de integración y el tejido socioeconómico de ambas naciones en el marco de la Comunidad Andina (CAN).
La reacción institucional surge en medio de un cada vez más complejo escenario judicial y comercial. El gobierno de Ecuador presentó precisamente este jueves una nueva alza en sus aranceles hacia Colombia, que pasan del 30 % al 50 % desde el 1 de marzo.
Además, Quito ya presentó tres reclamos formales contra Colombia ante la CAN en una respuesta directa a los recursos legales de Bogotá para tumbar la tasa arancelaria del 30 % que había impuesto Ecuador a productos colombianos.
El conflicto ahora se centra en la validez de los aranceles. Mientras Colombia busca que la medida sea calificada como un “gravamen” ilegal, el gobierno de Noboa sostiene que la tasa es una herramienta de “seguridad nacional”.
Según la Cancillería ecuatoriana, la medida responde a que Colombia no estaría realizando esfuerzos suficientes para combatir el crimen organizado en la frontera.
“Se hace un llamado urgente a encontrar un entendimiento negociado y mutuamente satisfactorio, en el marco de la Comunidad Andina, de los compromisos internacionales asumidos por ambos países, así como de los esfuerzos conjuntos para luchar contra la delincuencia organizada transnacional”, señala el comunicado firmado por la Secretaría General, el Parlamento Andino y la Universidad Andina Simón Bolívar.
Una escalada de represalias económicas
Colombia suspendió la venta de energía eléctrica a su vecino y aplicó aranceles del 30 % a 23 productos ecuatorianos. Por su parte, Ecuador elevó en un 900 % la tarifa para que Colombia transporte petróleo a través del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE).
Por ahora, la Secretaría General de la CAN ya admitió a trámite una de las demandas de Bogotá, lo que iniciará una investigación para determinar si se violó el principio de libre comercio del Acuerdo de Cartagena.
Del lado diplomático, aunque ya hubo un primer encuentro entre delegaciones en Quito, las conversaciones cerraron sin acuerdos concretos.
El impacto de los aranceles
Como ha informado El Espectador, el Consejo Gremial Nacional estimó en su momento que, si los aranceles se mantenían en el tiempo, las pérdidas para exportadores colombianos podrían ubicarse entre USD 250 millones y USD 750 millones anuales. Esa proyección se hizo cuando la tasa aplicada por Ecuador era del 30 %. Con el anuncio de un incremento al 50 %, el impacto económico podría ser mayor.
Laura Cecilia Gamarra Amaya, profesora de Derecho Internacional de la Universidad Católica de Colombia, señaló que “las consecuencias más severas serían de orden económico. La imposición de estos aranceles podría desacelerar el comercio bilateral, que actualmente supera los USD 2.700 millones anuales y se aproxima a los USD 3.000 millones. Además, la balanza comercial favorece a Colombia, lo que introduce una asimetría en el impacto de estas medidas”.
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