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La incertidumbre vuelve para los trabajadores altamente calificados que busquen migrar a Estados Unidos o que están en proceso de hacerlo. El gobierno de Donald Trump está reviviendo una propuesta con la que busca imponer una tasa de USD 103.265 a las visas tipo H-1B, una categoría que le ha permitido a empleadores estadounidenses patrocinar a trabajadores extranjeros altamente calificados en áreas como ciencia, medicina o ingeniería, con un permiso para que puedan ejercer su profesión en el país.
¿Qué significa la visa H-1B para EE. UU.?
El Congreso creó el programa H-1B en 1990 con el objetivo de fortalecer ciertas industrias en el país con talento extranjero. Actualmente, Estados Unidos concede unos 85.000 de estos visados al año, por el límite fijado para este programa, lo que ha ayudado a consolidar el sector tecnológico en el país principalmente. De hecho, cabe destacar que algunos destacados directores ejecutivos del sector tecnológico, como Elon Musk (SpaceX) y Sundar Pichai (Google), tuvieron en su momento visados H-1B.
Este se trata del segundo esfuerzo de la administración Trump por imponer una tasa sobre este tipo de visado. En junio, el juez federal Leo Sorokin bloqueó el primer intento del gobierno derivado de una proclamación presidencial que imponía una tasa de USD 100.000 para combatir lo que calificó como un “abuso sistémico” de este programa de visados. El juez Sorokin calificó la acción del presidente como un “impuesto” disfrazado y recordó que solo el Congreso tiene la potestad de crear ese tipo de cobro.
El gobierno sostiene que este programa de visados se ha explotado para sustituir, en lugar de complementar, a la fuerza laboral estadounidense. La tasa para las visas H-1B funcionaría como un “mecanismo de ingresos” para recuperar los costos que conlleva administrar el sistema de inmigración legal, según indicó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en su nueva normativa.
Los críticos de la medida sostienen que las nuevas normas generarían graves carencias de personal en ámbitos como la medicina, la ingeniería y las ciencias en un momento crítico. Estudios de Georgetown y de la firma Lightcast, retomados por JPMorgan Chase en un informe de este año, proyectan un déficit de entre 4,6 millones y 6 millones de empleados para finales de la década. Esto se debe a un cambio demográfico, pues entre 2024 y 2032 se espera que más de 18 millones de trabajadores con estudios universitarios se jubilen, mientras que menos de 14 millones ingresarán al mercado laboral.
Solo en el área de salud, el 18 % de los trabajadores del sector procede de fuera del país, incluido uno de cada cuatro médicos y uno de cada cinco enfermeros titulados.
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Ahora, en este segundo intento por tasar el tipo de visa, el plan del gobierno cambió. En lugar de repetir la jugada por decreto presidencial, el DHS está usando el proceso formal de reglamentación administrativa que consistente en publicar la propuesta en el Registro Federal, un paso que se llevará a cabo este martes, 25 de agosto. Luego de esto se abrirá un período de 30 días de comentarios públicos antes de que la norma pueda entrar en vigor.
Mediante este proceso, el DHS intenta blindar la medida haciéndola pasar por el trámite administrativo estándar, con notificación pública y oportunidad de comentarios, algo que normalmente le da más solidez legal frente a una demanda porque cumple con los requisitos de procedimiento que exige la Ley de Procedimiento Administrativo (APA) en EE. UU.
Desde luego, esto no significa que la propuesta tarifaria de Trump esté a salvo de nuevas demandas. Los mismos actores que impugnaron la versión anterior, como sindicatos, universidades, o los mismos estados, probablemente argumentarán de nuevo que sigue siendo un “impuesto” que excede la autoridad del Ejecutivo, sin importar qué proceso se haya seguido para imponerlo.
Esta maniobra hace parte de un plan más amplio del gobierno para restringir programas de inmigración y dificultar las rutas para que la población migrante obtenga la residencia en el país, de acuerdo con el medio Politico, que destacó la suspensión de visas de inmigrante para 75 países ordenada por el Departamento de Estado en enero. Esta decisión fue anulada por un juez el pasado viernes.
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