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Al menos 29 personas murieron por la violencia desatada el jueves en el estado mexicano de Sinaloa (norte), tras la detención de Ovidio Guzmán, uno de los hijos más buscados de Joaquín “el Chapo” Guzmán, según reveló este viernes el Gobierno.
El secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, puntualizó que, de los 29 fallecidos, diez pertenecían a las Fuerzas Armadas mexicanas y 19 a los grupos criminales que generaron los disturbios violentos. “Diez militares perdieron la vida en el cumplimiento de su deber, en aras de garantizar la seguridad. El Estado mexicano les dará honores fúnebres”, dijo en la rueda de prensa del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador. Sandoval celebró que, de acuerdo con la información actual, ningún civil inocente perdió la vida.
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En cuanto al saldo de heridos, el responsable del Ejército contabilizó a 35 militares lesionados por armas de fuego, así como mencionó la afectación de varios vehículos terrestres y aéreos de las Fuerzas Armadas. También se detuvieron a 21 miembros del crimen organizado, detalló Sandoval.
En el operativo, durante y tras la detención de Ovidio Guzmán, participaron 3.586 efectivos de las Fuerzas Armadas, quienes también afrontaron la violencia desatada en las calles de ciudades como Culiacán (capital de Sinaloa), Los Mochis y Mazatlán.
López Obrador dijo que el Gobierno actuó de manera “responsable” para “cuidar a la población civil, para que no hubiera víctimas inocentes”. Además, añadió que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, le comunicó que la situación en la región se está normalizando, después de sufrir una jornada de bloqueos, agresiones a balazos y autos incendiados.
Los hechos en Sinaloa han despertado temor en la ciudadanía porque recuerdan el polémico “culiacanazo”, el operativo en el que las fuerzas federales arrestaron el 17 de octubre de 2019 a Ovidio Guzmán. Sin embargo, lo liberaron horas después por los actos violentos del Cártel de Sinaloa.
Ovidio Guzmán fue trasladado la noche del jueves al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1 Altiplano -conocido también como el penal de Almoloya-, ubicado en el estado de México, donde fue recluido su padre y del que se fugó en 2015. Todo ello sucede días antes de la visita del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, con motivo de la Cumbre de Líderes de América del Norte.
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La extradición de Ovidio Guzmán será demorada, dice México
El Gobierno mexicano avisó que la extradición a Estados Unidos de Ovidio Guzmán será lenta, ya que también enfrenta acusaciones penales en México. “(La extradición) es un proceso. Se hace la solicitud por parte del gobierno, en este caso de Estados Unidos, pero se tienen que presentar las pruebas y ya los jueces en México deciden”, comentó López Obrador en su rueda de prensa diaria. Además, insistió en que la extradición no se realizará por la vía rápida.
Por su parte, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, detalló que México cuenta con elementos para llevar a Ovidio Guzmán ante los tribunales por delitos contra la salud (narcotráfico) y relacionados con armas de fuego. Además, aseguró que también existen investigaciones relativas a la posibilidad de que el detenido y otras personas hubiesen cometido delitos relacionados con la delincuencia organizada. “Claro que lo anterior es independiente de lo que resulte en los hechos suscitados en ocasión de su detención”, puntualizó.
Estados Unidos, que presentó la solicitud de extradición en 2019, imputa al narcotraficante delitos que versan sobre la conspiración para la introducción de drogas a ese país, detalló Rodríguez. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, añadió que, tras poner al detenido a disposición de un juez, el mecanismo de extradición cuenta con un plazo para que el país solicitante presente pruebas penales, que estima que en el caso de Estados Unidos se demorarán entre cuatro y seis semanas.
Una vez puestas dichas pruebas ante las autoridades judiciales, la decisión sobre la extradición correrá a cargo del juez y de la Cancillería que él dirige. “No es una decisión política solo de la Cancillería, sino esencialmente del juez, para verificar que los derechos de esa persona se respetan, dado que es un ciudadano mexicano”, comentó.
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