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Incluso en las filas violentas de la pandilla transnacional MS-13, Vladimir Arévalo Chávez destaca como un gestor de asesinatos muy eficaz, según los fiscales.
Conocido como “Vampiro”, ha sido acusado de supervisar asesinatos en al menos tres países: de migrantes en México, de rivales en El Salvador y de sus propios compatriotas en Estados Unidos.
Su detención en febrero de 2023 fue un gran triunfo para los investigadores estadounidenses, quienes solo unos meses antes lo habían acusado a él y a otros 12 líderes de pandillas de terrorismo, masacre y corrupción, en una acusación federal en Long Island, Nueva York.
Pero en abril de este año, los fiscales que presentaron esos cargos pidieron de manera repentina —y discreta— a un juez federal que los retirara. Alegaron “motivos de seguridad nacional” y dijeron que necesitaban devolver a Arévalo a El Salvador, su país de origen.
El sorprendente cambio se produjo poco después de un acuerdo que el gobierno del presidente Donald Trump alcanzó este año con Nayib Bukele, presidente de El Salvador, quien accedió a aceptar a más de 200 migrantes expulsados de Estados Unidos en una prisión que construyó para terroristas.
A cambio de ayudar al republicano a llevar a cabo su agenda de deportaciones, Estados Unidos le pagó a El Salvador millones de dólares y añadió un importante elemento extra a petición de Bukele: la devolución de los principales líderes de la MS-13 bajo custodia estadounidense.
Funcionarios de ambos países han dicho que los líderes de la pandilla serían devueltos para que se enfrenten a la justicia en El Salvador.
Pero el gobierno de Trump no ha reconocido otra razón por la que Bukele querría que volvieran: los fiscales estadounidenses han acumulado pruebas sustanciales de un pacto corrupto entre el Gobierno salvadoreño y algunos altos dirigentes de la MS-13, quienes, según dicen, acordaron reducir la violencia y reforzar políticamente a Bukele a cambio de dinero y beneficios en la cárcel, según una investigación de The New York Times.
El acuerdo con El Salvador, anunciado por Trump como parte de una campaña contra el crimen, en realidad socava una larga investigación estadounidense sobre la pandilla, según varias personas con conocimiento de la iniciativa. Dos importantes casos en curso contra algunos de los líderes de más alto rango de la pandilla podrían resultar gravemente perjudicados, y otros acusados podrían mostrarse menos dispuestos a cooperar o a testificar ante el tribunal, señalaron.
El acuerdo también ha debilitado las reiteradas promesas de Trump de desmantelar la MS-13, uno de los pilares de su discurso de mano dura contra el crimen. A principios de este año, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, emitió un memorando interno en el que pedía la “eliminación total” de la pandilla, que la Casa Blanca ha designado como organización terrorista extranjera.
En su primer mandato, Trump creó un grupo de fiscales e investigadores conocido como Fuerza de Tarea Conjunta Vulcan, que presentó numerosos casos contra líderes de la pandilla. Algunos de quienes formaron parte de ese esfuerzo ahora están alarmados por el acuerdo con Bukele, y les preocupa que quiera recuperar a los cabecillas de la pandilla para evitar que revelen información perjudicial sobre su Gobierno.
La investigación del Times descubrió que, desde hacía años, los funcionarios estadounidenses tenían indicios fuertes de la preocupante relación entre el gobierno de Bukele y la MS-13 y sus líderes, y habían empezado a examinar al propio Bukele. Las conclusiones se basan en documentos gubernamentales y entrevistas con más de 30 personas que tienen conocimiento de la investigación Vulcan o de la relación entre Estados Unidos y El Salvador, muchos de los cuales hablaron bajo condición de anonimato para describir la investigación federal en proceso.
- El primer gobierno de Trump recibió una advertencia sobre el pacto secreto desde agosto de 2020 de un alto funcionario salvadoreño que se presentó en la embajada de Estados Unidos en San Salvador para compartir información.
- Al año siguiente, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones a ese mismo funcionario y a otro asesor de alto rango de Bukele, tras determinar que les ofrecieron a los líderes de la MS-13 dinero, celulares y prostitutas en la cárcel a cambio de su ayuda para reducir la tasa de homicidios y asegurar votos.
- Los investigadores federales estaban investigando si parte de la ayuda estadounidense proporcionada a El Salvador se canalizaba ilícitamente en beneficio de la MS-13.
- En un momento dado, un líder de la pandilla ordenó el asesinato de un agente del FBI que trabajaba en el caso en El Salvador, con el fin de obstaculizar la investigación. El agente y su familia tuvieron que abandonar el país.
- Los investigadores federales también empezaron a indagar sobre las actividades de Bukele y tomaron medidas para solicitar una revisión de sus registros bancarios y así examinar una posible malversación de fondos estadounidenses, según Christopher Musto, miembro de Vulcan en ese momento. ProPublica informó anteriormente de algunos aspectos del caso, incluida la atención puesta en Bukele.
“Fue pionera”, dijo Musto sobre la investigación Vulcan, y señaló que algunos agentes arriesgaron sus vidas para ayudar a localizar y detener a los líderes de la MS-13. “Pasamos por muchas cosas para hacerlo”.
Aunque apoya en general la deportación de miembros de pandillas por parte de Trump, Musto dijo que le sorprendió verlo recibir a Bukele en la Casa Blanca para celebrar su acuerdo.
“Estaba sucio”, dijo sobre el presidente salvadoreño: “Era corrupto, y ahora está sentado junto al presidente en la Casa Blanca y tiene acceso privilegiado al líder del mundo libre”.
Bukele ha negado reiteradamente que existiera un pacto entre su gobierno y los líderes de las pandillas. Las autoridades salvadoreñas no respondieron a las peticiones de comentarios.
Abigail Jackson, una vocera de la Casa Blanca, dijo en un comunicado que “cualquier insinuación de que el presidente Trump no está erradicando con éxito las bandas criminales terroristas de Estados Unidos es simplemente estúpida”. Dijo que el Gobierno estaba “agradecido por la colaboración del presidente Bukele” y por el uso de su prisión de máxima seguridad. Al respecto, añadió: “No hay mejor lugar para estos criminales enfermos e ilegales”.
Un portavoz del Departamento de Justicia señaló en un comunicado que la agencia estaba “centrada en hacer que Estados Unidos vuelva a ser seguro, lo que incluye poner fin a la invasión de delincuentes ilegales violentos”.
Un portavoz de la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York, la cual llevó los dos casos de los líderes de la MS-13, declinó hacer comentarios.
No está claro cuántos dirigentes del grupo criminal ha devuelto el gobierno de Trump a El Salvador hasta ahora, ni cuántos más tiene previsto devolver.
Al menos uno de ellos, César López Larios, fue trasladado en avión a El Salvador en marzo junto con otros migrantes enviados a la prisión de máxima seguridad. López llevaba menos de un año bajo custodia estadounidense y estaba a la espera de un juicio en Long Island por cargos de conspiración narcoterrorista.
Los abogados de Arévalo, quien permanece bajo custodia federal tras declararse inocente, han intentado evitar que enfrente un destino similar. En una carta reciente dirigida al juez que supervisa el caso, argumentaron que el gobierno de Trump había hecho “un trato corrupto” para devolver a los acusados del caso “para ser silenciados por el gobierno de Bukele”.
El cambio abrupto de postura del Gobierno inquieta a Richard Loeschner, exdirector de la escuela Brentwood Ross de Long Island, donde hace casi una década dos de sus alumnas fueron asesinadas por miembros de la MS-13.
“Fueron actos atroces, y solo espero, Dios mío, que los hombres que estuvieron detrás de ellos, los autores intelectuales, purguen una condena, sea donde sea”, dijo Loeschner: “Me molestaría mucho que retiraran todos los cargos aquí y los llevaran de vuelta a El Salvador, y los dejaran libres sin más”. Eso, según él, “sería devastador”.
‘Desmantelar, diezmar y erradicar’: la política de Trump ante las pandillas
El espasmo de violencia cometido por la MS-13 en Long Island llamó la atención de Trump durante su primer mandato. En julio de 2017, pronunció un discurso en Ronkonkoma, en el que llamó “animales” a los miembros de la pandilla y afirmó que la política de su gobierno era “desmantelar, diezmar y erradicar” el grupo, que fue creado por migrantes centroamericanos en Los Ángeles en la década de 1980, antes de transformarse en un sindicato internacional.
Al año siguiente, invitó a la madre de una de las estudiantes de Loeschner asesinadas a asistir a su discurso del Estado de la Unión, y dijo ante los asistentes que las niñas fueron asesinadas por “miembros de la salvaje pandilla MS-13”.
En agosto de 2019, su fiscal general, William Barr, creó una unidad especial contra el grupo criminal. Se pidió a la Fuerza de Tarea Conjunta Vulcan que persiguiera y enjuiciara no solo a los subalternos de la pandilla en las calles de las ciudades estadounidenses, sino también a sus principales dirigentes en el extranjero.
El hombre elegido para supervisar la fuerza Vulcan era descendiente de un fiel miembro del Departamento de Justicia: John J. Durham, hijo de John H. Durham, fiscal federal durante muchos años (y aliado de Barr), más conocido por haber inspeccionado a los investigadores que escudriñaron las conexiones entre Rusia y la campaña de Trump en 2016.
El joven Durham, con gafas como su padre, pero sin su imponente barba, labró una reputación de probidad e implacabilidad muy pronto. Al trabajar desde su base en la Fiscalía Federal de Long Island, se le puso al frente de un equipo que aprovechaba los recursos del FBI, de la Administración de Control de Drogas, la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional y de al menos 10 fiscalías estadounidenses de todo el país en focos de la MS-13. Al año siguiente, el equipo había recibido una pista muy importante.
El pacto entre el Gobierno salvadoreño y la MS-13
Dos veces en agosto de 2020, un invitado inusual con un secreto sorprendente visitó la Embajada de Estados Unidos en San Salvador. Se llamaba Osiris Luna Meza, un ayudante de alto rango de Bukele que dirigía el sistema penitenciario salvadoreño.
Aunque el mandatario ha negado durante mucho tiempo tener vínculos corruptos con las pandillas de su país, Luna —uno de los confidentes más cercanos suyos— les dijo a los diplomáticos estadounidenses que precisamente existía tal pacto entre el Gobierno salvadoreño y la MS-13, según un cable telegráfico del Departamento de Estado revisado por el Times.
Al confesar su “incomodidad por las interacciones del Gobierno” con la pandilla, decía el cable del 10 de septiembre de 2020, Luna mostró a los funcionarios de la Embajada una captura de pantalla de una cámara de seguridad en la que aparecían varios hombres enmascarados que entraban en una de las prisiones que supervisaba.
Uno de ellos, dijo, era un líder de alto rango de la MS-13 buscado por las autoridades salvadoreñas. Luna reconoció que lo había introducido personalmente en las instalaciones para reunirse con algunos de sus colegas encarcelados, aunque negó saber nada de sus conversaciones.
Los funcionarios de la Embajada no sabían qué hacer con la información, según el cable telegráfico, porque creían que Luna, quien tenía fama de corrupto, probablemente no estaba informando de la profundidad de su propia participación. Los funcionarios también se mostraron escépticos porque había hecho una gran petición: asilo en Estados Unidos —con alojamiento de lujo— a cambio de testificar contra el Gobierno de Bukele.
Aun así, gran parte de lo que Luna reveló en la Embajada llegó a Durham y a sus investigadores de Vulcan, según tres personas familiarizadas con el asunto. Entonces, poco después de su visita, el medio salvadoreño El Faro publicó una extensa investigación en la que describía el pacto entre el Gobierno de Bukele y la MS-13.
En cuestión de meses, Vulcan emitió su primera acta de acusación significativa contra las más altas esferas de la dirigencia de la pandilla. En diciembre de 2020, los fiscales acusaron a 14 hombres, entre ellos 10 que formaban parte del grupo fundador, los Doce Apóstoles del Diablo. El documento de acusación se hizo público el 14 de enero de 2021, menos de una semana antes de la toma de posesión del sucesor de Trump, el presidente Joe Biden.
El documento revelaba, entre otros actos de violencia, que la MS-13 había intentado asesinar a un agente del FBI. El agente había sido destinado a El Salvador como parte de un grupo especial antipandillas que ayudaba a la fuerza Vulcan a reunir información de inteligencia cuando se encargó su asesinato, según tres personas con conocimiento del caso. Él y su familia tuvieron que ser trasladados rápidamente fuera del país.
El acta de acusación contenía también una sección titulada “Influencia política en El Salvador”, en la que se explicaba cómo los dirigentes de la MS-13 habían ayudado a asegurar votos para el partido que gobernaba El Salvador antes de que Bukele asumiera el poder, a cambio de dinero y otras prebendas.
La acusación no decía nada sobre Bukele —quien había asumido la Presidencia en junio de 2019—, Luna o las visitas ilícitas a la prisión. Solo había una tentadora referencia a cómo la MS-13 había “seguido negociando con los partidos políticos de El Salvador y utilizando su control del nivel de violencia para influir en las acciones del gobierno”.
‘Elegir bien nuestras batallas’
A medida que avanzaba el trabajo de la fuerza Vulcan, el gobierno de Biden hizo público lo que sabía sobre la relación entre la administración de Bukele y la MS-13.
En diciembre de 2021, el Departamento del Tesoro estadounidense impuso sanciones a Luna y a otro alto funcionario salvadoreño, Carlos Marroquín Chica, tras descubrir que los hombres no solo facilitaron reuniones en prisión con miembros de la MS-13 tras la toma de posesión de Bukele en 2019, sino que participaron en ellas. Esas reuniones, decía el informe del Tesoro, formaban parte de los “esfuerzos del Gobierno por negociar una tregua secreta con los líderes de la pandilla”.
Durante las negociaciones, los cabecillas de la MS-13 acordaron dar su apoyo político al partido Nuevas Ideas de Bukele, que finalmente obtuvo una mayoría absoluta de dos tercios en las elecciones legislativas de 2021. Para cumplir su parte del pacto, dijeron los funcionarios estadounidenses, el gobierno del salvadoreño proporcionó a los pandilleros dinero, además del celulares y prostitutas a los detenidos.
Bukele se burló de las acusaciones. “¿Cómo pueden poner una mentira tan obvia sin que nadie se las cuestione?”, escribió en una publicación en las redes sociales.
Dentro del gobierno de Biden, la preocupación por el presidente salvadoreño iba creciendo. Cuatro exfuncionarios que se centraban en asuntos latinoamericanos dijeron que los funcionarios estadounidenses estaban inquietos por las acusaciones de los vínculos de Bukele con las pandillas salvadoreñas desde su época como alcalde de San Salvador, entre 2015 y 2018.
Pero hubo debate sobre hasta qué punto llamarle la atención en medio de una creciente crisis migratoria, sobre todo cuando el presidente tomó medidas que hicieron que grupos internacionales se pronunciaran sobre la suspensión del debido proceso y posibles violaciones de derechos humanos en El Salvador. En palabras de un exfuncionario, el gobierno de Biden quería “elegir bien nuestras batallas” con Bukele.
En 2022, un estallido de violencia señaló la ruptura de cualquier pacto entre el gobierno de Bukele y los principales dirigentes de la MS-13. El presidente impuso un régimen de excepción, lo que llevó a la Policía y a las fuerzas de seguridad a llevar a cabo detenciones masivas de decenas de miles de personas acusadas de ser miembros de pandillas o colaboradores, muchas de las cuales eran inocentes, según los grupos de derechos humanos. A pesar de ello, sus índices de aprobación subieron cada vez más, mientras el nivel de violencia bajaba.
El gobierno de Bukele había estado desmantelando las unidades de investigación salvadoreñas que habían investigado el pacto del Gobierno con las pandillas y ayudado a los investigadores estadounidenses, y también amenazó a los reporteros de El Faro por su trabajo para divulgar sus tratos con las pandillas, según han dicho los periodistas. Fiscales y periodistas han huido del país por su propia seguridad.
Vulcan 2.0
A principios de 2023, Durham dirigió a sus colegas de la fuerza Vulcan a una nueva fase de sus esfuerzos por acabar con la MS-13.
En febrero de ese año, la fuerza anunció la detención de tres líderes de la pandilla, entre ellos Arévalo, el hombre conocido como Vampiro, quien fue capturado en México y luego enviado a Estados Unidos. Las detenciones se basaron en una extensa segunda acusación, en la que se imputaba a Arévalo y a otros 12 miembros de alto rango de la MS-13 una serie de delitos de narcoterrorismo.
“Solo al combatir la estructura de mando y control de la MS-13, y llevar ante la justicia a los dirigentes de más alto rango de la organización delictiva transnacional en Estados Unidos, podremos romper los persistentes ciclos de violencia que han asolado a nuestras comunidades”, dijo Durham en el anuncio.
Algunas de las revelaciones más explosivas se referían a Luna y Marroquín, identificados en el documento de 42 páginas solo por sus cargos en el Gobierno.
Los fiscales de Durham revelaron que los dos hombres se habían reunido numerosas veces dentro de prisiones salvadoreñas con altos dirigentes de la MS-13, entre ellos Elmer Canales Rivera, también conocido como “Crook”.
El acta de acusación afirmaba también que los pandilleros habían pedido garantías al gobierno de Bukele de que no serían extraditados para ser procesados en Estados Unidos.
De hecho, cuando Washington le pidió originalmente a El Salvador que extraditara a Canales, “funcionarios salvadoreños de alto nivel” instalaron al líder de la pandilla en un apartamento de lujo, le dieron un arma de fuego y luego, dijeron los fiscales, hicieron los preparativos para sacarlo del país. Permaneció prófugo hasta que fue capturado por las autoridades mexicanas y puesto bajo custodia estadounidense en noviembre de 2023.
Mientras el equipo de la fuerza Vulcan perseguía su segundo caso, los investigadores hallaron pruebas de que no eran solo “unas cuantas manzanas podridas” en el gobierno de Bukele las que trabajaban con la MS-13. Había vínculos con la pandilla “al más alto nivel”, dijo un exfuncionario con conocimiento de la investigación.
Las autoridades sospechaban que Marroquín, un funcionario cercano a Bukele, había canalizado hacia la MS-13 recursos procedentes de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por su sigla en inglés) por medio de un programa salvadoreño que él dirigía, llamado Tejido Social, según tres personas familiarizadas con el caso. Se cree que la ayuda, que financiaba centros comunitarios equipados con bibliotecas, computadoras y otros servicios, se dirigía a los barrios de la MS-13 como incentivo para que los líderes de la banda cooperaran.
El Gobierno salvadoreño también parecía estar desviando directamente la ayuda del Gobierno estadounidense a las pandillas. Un funcionario salvadoreño de alto rango expuso el plan a los investigadores de Vulcan en una reunión celebrada en Washington en la primavera de 2021, según Musto, uno de los primeros miembros de la fuerza. Aunque la mayor parte de los fondos estadounidenses se destinaban a proyectos reales, “parte de ese dinero también pagaba a los miembros de las pandillas”, dijo.
Fue por ese entonces que el equipo de Vulcan pidió al Departamento del Tesoro que revisara las cuentas bancarias de altos cargos salvadoreños, incluido Bukele, para intentar rastrear los fondos estadounidenses, según Musto.
De vez en cuando, los fiscales estadounidenses investigan a jefes de Estado extranjeros, pero es poco frecuente que persigan a un presidente en funciones, algo que puede tener importantes consecuencias diplomáticas. Musto, quien dejó la fuerza de tarea a finales de 2021, dijo que desconocía el resultado de la petición. El Departamento del Tesoro no respondió a una solicitud de comentarios.
En el mismo momento en que los funcionarios del Tesoro impusieron sanciones a Marroquín a finales de 2021, USAID puso fin a su relación con Tejido Social, según cinco exfuncionarios estadounidenses.
El desmantelamiento
El desmantelamiento de parte del trabajo de Vulcan comenzó a las pocas semanas del inicio del segundo mandato de Trump. A principios de febrero, Estados Unidos había llegado a un acuerdo con El Salvador, y Bukele quería de vuelta a los líderes de la pandilla.
Al día siguiente de anunciarse el acuerdo, la embajadora salvadoreña en Washington, Milena Mayorga, dijo en una entrevista que Bukele pidió que los líderes de la MS-13 estuvieran entre los sujetos expulsados a El Salvador por “un tema de honor”.
Para algunos miembros del equipo de Durham, que llevaban años preparando casos, el giro del gobierno de Trump fue profundamente frustrante.
No obstante, el 11 de marzo, Durham envió una carta a la jueza Joan M. Azrack, que supervisaba las dos acusaciones contra los líderes de la MS-13, en la que decía que Estados Unidos quería desestimar todos los cargos contra López, acusado en el primer caso.
La carta, presentada como confidencial, afirmaba que el equipo de Vulcan creía que las pruebas del caso eran “sólidas”. Pero el nuevo Gobierno tenía “importantes consideraciones de política exterior” y “preocupaciones de seguridad nacional” que exigían el sobreseimiento del caso y la devolución de López a El Salvador, escribió Durham.
Ese mismo día, antes de que los abogados defensores tuvieran tiempo de reaccionar, Azrack accedió a la petición. Cuatro días después, López fue trasladado en avión y puesto bajo custodia de las autoridades salvadoreñas.
El 1 de abril, los fiscales volvieron a dirigirse a Azrack, y solicitaron de nuevo de forma confidencial que desestimaran los cargos contra Arévalo. Esta vez, los abogados defensores presentaron batalla.
Louis M. Freeman y Thomas H. Nooter, abogados de Arévalo, dijeron en una carta dirigida a la jueza este mes que el Gobierno estadounidense sabía que era probable que su cliente fuera “torturado o ‘desaparecido’” si regresaba a El Salvador, porque Bukele quería silenciarlo. Pidieron a la jueza que desclasificara la solicitud del Gobierno de desestimar los cargos, a lo que ella accedió.
En respuesta, Durham no abordó el fondo de esas acusaciones, pero reiteró que los cargos contra Arévalo “deben ceder” ante los imperativos “geopolíticos” del Gobierno.
Un abogado defensor familiarizado con algunos de los procesamientos de la MS-13 describió los acontecimientos como “algo alucinante”. El Departamento de Justicia, dijo, les “había quitado literalmente” sus casos.
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Nate Schweber colaboró con reportería desde Central Islip, Nueva York. Kitty Bennett colaboró con investigación.
Alan Feuer cubre el extremismo y la violencia política para el Times y se enfoca en los casos penales relacionados con el atentado del 6 de enero en el Capitolio y contra el presidente Donald Trump.
Maria Abi-Habib es corresponsal de investigación radicada en Ciudad de México y cubre América Latina.
Zolan Kanno-Youngs es corresponsal del Times en la Casa Blanca, donde cubre al presidente Donald Trump y su gobierno.
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William K. Rashbaum es un periodista del Times que cubre la corrupción municipal y política, los tribunales y temas más amplios relacionados con el cumplimiento de la ley en Nueva York.
Devlin Barrett cubre el Departamento de Justicia y el FBI para el Times.
Nate Schweber colaboró con reportería desde Central Islip, Nueva York. Kitty Bennett colaboró con investigación.
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Por Alan Feuer, Maria Abi-Habib, Zolan Kanno-Youngs, Annie Correal, William K. Rashbaum y Devlin Barrett | The New York Times
