El Caribe se calienta, y no solo por el clima. El presidente estadounidense, Donald Trump, desató una tormenta diplomática al acusar —sin pruebas— a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, de ser un “líder del narcotráfico que fomenta la producción de drogas”, por lo que justificó la suspensión inmediata de la ayuda económica y los subsidios en la lucha antidrogas que Washington destinaba a Bogotá.
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“Si Petro no cierra esos campos de muerte [refiriéndose a los cultivos de hoja de coca], EE. UU. lo hará por él, y no será algo agradable”, escribió el mandatario, que endurece su discurso en materia de drogas y migración, temas claves de su agenda doméstica.
La ruptura de la cooperación bilateral implica la pérdida de recursos importantes para programas rurales y de interdicción, así como el congelamiento de intercambios en inteligencia. Pero mientras esto ocurre, los líderes políticos locales en Colombia se han enfrascado en una discusión sobre quién es responsable de esta nueva escalada con EE. UU. y si el presidente colombiano está sacando rédito político de esta situación.
Lo que pasa no es sorpresivo. En América Latina, la clase política tiende a leer los gestos de Washington solo en clave de alineamiento o enemistad, pero no como síntomas de una crisis mucho más profunda que, curiosamente, en Estados Unidos sí han logrado identificar.
“Esa lógica de alineamiento y enemistad se da porque, en gran parte del siglo XX, buena parte de las relaciones de Latinoamérica con EE. UU. Se basaron en el respice polum, una doctrina en la que básicamente nosotros observábamos al norte esperando escenarios de desarrollo. A finales de los años 90, con la llegada de los gobiernos de la “marea rosa”, se empieza a mirar otras formas de llevar nuestras relaciones internacionales, como la doctrina respice similia, con la que se busca, a través de la integración regional diferente a los del norte, romper con esa dependencia”, explica Alejandro Chala, politógolo e investigador de la Línea de Democracia y Gobernabilidad de la Fundación Paz y Reconciliación.
En otras palabras, el choque entre políticos locales es entendible cuando vemos a una doctrina de relaciones internacionales tan joven, apareciendo para chocar con otra con décadas de funcionamiento. Pero en Estados Unidos, entre tanto, el debate real sobre lo que ocurre en el Caribe no es ideológico, sino institucional. Es sobre los límites del poder presidencial, el respeto a las normas internacionales y la facilidad con la que Washington ha roto tales reglas.
La declaración de Trump, cabe destacar, llega justo en medio del escándalo por la repatriación de dos individuos heridos durante uno de los bombardeos de EE. UU. en el Caribe, que se justifican en la persecución de narcotraficantes sin realizarles el debido proceso. Uno de ellos es colombiano.
Un grupo bipartidista en Washington, encabezado por los senadores Tim Kaine, Adam Schiff y Rand Paul, busca aprobar una resolución que prohíba al presidente ordenar operaciones militares dentro o contra Venezuela sin autorización explícita del Congreso. A su vez, se buscan explicaciones sobre las operaciones ya ejecutadas y sus resultados. La resistencia a una posible acción militar se ha trasladado con preocupación al Capitolio con un foco en el futuro institucional, no ideológico-electoral, como pasa en Colombia.
Aunque la medida tiene pocas probabilidades de prosperar, según cuenta el exdiplomático estadounidense Lawrence Gumbiner, revela un creciente malestar incluso entre algunos republicanos. Los ataques marítimos contra embarcaciones presuntamente ligadas al narcotráfico —que han dejado decenas de muertos— no fueron notificados al Congreso, lo que podría violar la Ley de Poderes de Guerra de 1973.
“El pueblo estadounidense no quiere verse arrastrado a otra guerra sin debate público ni votación”, advirtió Rand Paul. “Debemos impedir que Estados Unidos se vea arrastrado —intencionada o accidentalmente— a una guerra total en Suramérica”, agregó Kaine.
Pese a estas advertencias, Trump ha sugerido que podría considerar una “guerra terrestre” en Venezuela, tras asegurar que “el mar ya está muy bien controlado”. La ambigüedad en el discurso presidencial y el uso de la CIA para operaciones encubiertas generan incertidumbre sobre el verdadero alcance de la ofensiva. Todos son indicadores de que esta tormenta diplomática podría convertirse en huracán si en la región no se toman acciones más serias sobre Washington.
En medio de la temporada de huracanes, Estados Unidos ha movido discretamente su maquinaria militar cerca de Venezuela. El desplazamiento del buque logístico USNS Kanawha, detectado la semana pasada entre Puerto Rico y el oriente del Caribe, fue interpretado por analistas como una señal de preparación.
El navío forma parte del Comando de Transporte Marítimo Militar de EE. UU. y abastece a grupos de ataque anfibio. Su ruta, unida a reportes previos sobre el retraso de la partida del grupo Iwo Jima ARG por el huracán Erin, sugiere que el Pentágono está calibrando los tiempos de una eventual operación mayor. Este fin de semana, The Financial Times reportó que la administración Trump cambió de objetivo y ahora aspira a “derrocar a Maduro”.
De esta manera, el Caribe, históricamente escenario de proyecciones de poder, se ha convertido en el epicentro de la nueva tensión hemisférica. Por un lado, más allá de si busca rédito político de la situación o no, la posición de Petro, negándose a prestar el territorio colombiano y criticando las acciones de Washington sobre Venezuela, muestra cómo el equilibrio estratégico tradicional de Estados Unidos se ha alterado. Sobre su relación con Nicolás Maduro, debe hacerse otro análisis, tomando en cuenta una lectura de cómo sería más instrumental que ideológica, como dice Chala.
Con Brasil cerrado a una aventura militar y México manteniendo una distancia prudente, la posibilidad de una coalición regional contra Maduro es absolutamente lejana. Pese a esto, hay preocupación en estos países porque se vean arrastrados a un conflicto internacional, mientras ven las normas desafiadas. En el fondo, todo se trata de una disputa por el control político y simbólico de la región que supera de por sí al caso venezolano y sobre la que los políticos de la región deberían observar —y aprender— lo que el bipartidismo estadounidense está estudiando en Washington: ¿Trump sobrepasa sus poderes?
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