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Un revés judicial para Donald Trump: este 10 de julio, el juez federal Joseph Laplante, en Concord, New Hampshire, le prohibió al Gobierno de Estados Unidos hacer cumplir su orden ejecutiva que limita la ciudadanía por nacimiento en todo el país.
En la audiencia de este jueves, el togado tomó la decisión luego de que unos grupos defensores de los derechos de los migrantes le solicitaran dar el estatus de demanda colectiva a un recurso que presentaron y que busca representar a cualquier bebé cuyo estatus de ciudadanía se vea amenazado por la implementación de la orden del mandatario.
Se trata de un punto clave, ya que al dictaminar que los demandantes puedan proceder como grupo, el magistrado autoriza emitir una nueva orden judicial que bloquee la implementación de la orden presidencial a nivel nacional.
Se trata del primer revés judicial para el mandatario desde que el pasado 27 de junio la Corte Suprema de Estados Unidos restringió la capacidad de los jueces para bloquear sus políticas mediante órdenes judiciales a nivel nacional.
A finales del mes pasado, el Supremo, sin pronunciarse en concreto sobre la legalidad de las políticas de Trump, limitó la facultad de los jueces de tribunales inferiores para emitir órdenes judiciales a nivel nacional, dejando en manos de las demandas colectivas la posibilidad de anular el decreto.
Hasta el fallo de la corte, varios magistrados federales habían emitido órdenes judiciales a nivel nacional para impedir la entrada en vigor de la orden del presidente.
Los detalles de la demanda
La demanda certificada este jueves como colectiva fue presentada por la Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) y otras entidades solo unas horas después del fallo de la Corte Suprema del 27 de junio.
El recurso se presentó en nombre de ciudadanos no estadounidenses residentes en Estados Unidos cuyos bebés podrían verse afectados.
Este tipo de demandas requieren lo que se conoce como “representantes de la clase” o personas que representen a los miembros del grupo que está detrás del recurso.
Entre los representantes propuestos para este caso están una solicitante de asilo proveniente de Honduras, quien espera un bebé para octubre, y un brasileño que intenta obtener la residencia permanente legal y cuya esposa dio a luz el pasado marzo.
El centro del debate está en lo que dictamina la Decimocuarta Enmienda de la Constitución, la cual establece que “todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción son ciudadanas” estadounidenses.
¿Qué señala el gobierno de Trump?
Frente a esta especificación constitucional, la administración del republicano sostiene que la frase “sujeta a jurisdicción” le da las facultades a la nación para negar la ciudadanía a los recién nacidos de padres que residen de forma irregular en el país, lo que pondría fin a lo que se ha considerado por más de un siglo como una parte intrínseca de la legislación estadounidense.
Al mismo tiempo, sobre la disputa legal en New Hampshire, los abogados federales han señalado que “las interpretaciones erróneas previas de la cláusula de ciudadanía han creado un incentivo perverso para la inmigración ilegal, que ha afectado negativamente la soberanía, la seguridad nacional y la estabilidad económica de este país”.
Por su parte, Laplante ha afirmado que, si bien no considera frívolos los argumentos del Gobierno, los encuentra poco convincentes. El juez aseguró que la privación de la ciudadanía estadounidense claramente constituía un daño irreparable.
Pese al fallo del Supremo, las órdenes judiciales no se detienen
A pesar de que la decisión de la Corte Suprema le abrió paso al decreto ejecutivo, cuya resolución fue celebrada por la administración de Trump como una gran victoria, los jueces federales han seguido emitiendo fallos radicales que bloquean partes clave del proyecto del republicano que consideran ilegales.
El Supremo le ordenó a los tribunales inferiores reconsiderar el alcance de tres medidas cautelares que habían impedido que la orden de Trump se aplicara en cualquier parte de Estados Unidos contra cualquier persona.
Lo anterior, luego de dictaminar que los jueces carecen de la autoridad para emitir las llamadas “medidas cautelares universales” que cubren a personas que no son partes en la demanda ante un juez.
Por el momento, la orden Laplante establece una suspensión de siete días para permitir la apelación y falta ver la respuesta a ese recurso que previsiblemente presentará la administración del republicano.
*Con Reuters, AP y medios locales
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Por France 24
