El plazo para que líderes de la oposición de Venezuela recurran contra las inhabilitaciones que les impedirían postularse a las elecciones presidenciales de 2024 vence este viernes, con la ganadora de las primarias de la principal alianza opositora, María Corina Machado, descartando acoger ese llamado.
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Delegados del presidente Nicolás Maduro y la oposición anunciaron el 30 de noviembre, en el marco de un acuerdo firmado en Barbados con vistas a las presidenciales, “un mecanismo” para que inhabilitados que “aspiran a postularse” acudiesen del 1 al 15 de diciembre al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a pedir la revisión de sus casos.
Machado negó el jueves la posibilidad, al alegar que no ha sido notificada formalmente de una inhabilitación.
“Si a mí no me han notificado de procedimiento alguno, difícilmente puede haber lapso alguno corriendo, ¿verdad?”, dijo a la prensa la exdiputada, quien una semana atrás había declarado que evaluaba los escenarios “día a día”.
El dos veces candidato presidencial Henrique Capriles, que renunció a la primaria por la sanción fijada contra él en 2017, llamó hace unos días a “todos los inhabilitados inconstitucionalmente e ilegalmente” a acudir al TSJ, pero aún no lo ha hecho.
Capriles recurrió su inhabilitación cuando fue impuesta y avisó que consultaría con sus abogados si era necesario repetir el procedimiento. La AFP se comunicó con el equipo del político, que evitó confirmar si acudirá al TSJ en el último día del plazo.
Las inhabilitaciones son ordenadas por la Contraloría, organismo facultado por ley para tomar medidas administrativas contra funcionarios investigados. La Constitución, sin embargo, establece que solo una sentencia judicial “definitivamente firme” impide aspirar a la presidencia.
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“Panorama cargado de incertidumbre”
La negativa de Machado de ir al TSJ “pudiese empeorar las cosas dentro de la mesa de negociación”, dijo a la AFP el politólogo Pablo Andrés Quintero, quien resalta que “el panorama está cargado de incertidumbre” en torno a una candidatura que “representa un riesgo para el gobierno”. Abstenerse, considera la consultora política Egleé González, podría ser “un error” para la exlegisladora tras su arrollador triunfo en las primarias opositoras.
“Se autoexcluiría”, comentó a la AFP González. “Si ella piensa que esos electores van a seguirla en una vía distinta a mantenerse en la ruta electoral (...), puede significarle una caída estrepitosa”.
Hasta el momento acudieron al TSJ dirigentes minoritarios como Daniel Ceballos, quien estuvo preso por cuatro años acusado de incitar a una rebelión en masivas protestas contra Maduro en 2014.
“Estoy aquí para respaldar el diálogo y el acuerdo de Barbados”, dijo a las puertas del tribunal.
Según Quintero, el gobierno busca “más participantes” en las elecciones de 2024, sin poner en peligro su continuidad, con la eventual habilitación de estos dirigentes de bajo perfil. Intentaría así evitar un escenario como el de 2018, cuando Maduro fue reelegido en unos comicios boicoteados por el grueso de la oposición -que los denunció como un fraude- y desconocidos por países como Estados Unidos.
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El factor Esequibo
El gobierno y la oposición acordaron en octubre en Barbados elecciones presidenciales en el segundo semestre de 2024. Estados Unidos, en respuesta, flexibilizó por seis meses sus sanciones al petróleo y el gas de Venezuela, pero condicionó todo a definir un procedimiento para levantar las inhabilitaciones.
La controversia entre Venezuela y Guyana por el Esequibo -área de 160.000 km2 rica en petróleo que administra Georgetown y reclama Caracas en una centenaria controversia territorial- ha entrado en el debate.
Por un lado, la administración de Joe Biden respalda a Guyana cuando Venezuela reavivó sus reclamos por concesiones a la petrolera ExxonMobil en aguas en disputa. Por otro, Machado dijo temer que Maduro pueda usar una “escalada” entre ambos países para eludir las elecciones: “Preocupa enormemente”.
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