Víctimas de abuso sexual en Chile siguen buscando castigo para Fernando Karadima
El sacerdotede la iglesia católica en Chile, Fernando Karadima, quien dirigió la parroquia El Bosque desde 1980 hasta 2006, es uno de los que más carga denuncias de abuso sexual en sus espaldas. Sus víctimas lo describen como un "depredador sexual".
-Redacción Internacional con información de agencias
Víctimas de los abusos sexuales cometidos durante años por el sacerdote chileno Fernando Karadima emplazaron hoy al Poder Judicial a que actúe con independencia y castigue los abusos y el encubrimiento al interior de la Iglesia católica.
"La historia nos dirá si el Estado de Chile y sus jueces estuvieron a favor del abuso y la corrupción, y subyugados al poder de la Iglesia, o si ha sido un poder autónomo que hace el trabajo que le corresponde, que es juzgar", dijo James Hamilton, uno de los denunciantes de Karadima.
Hamilton y otras dos víctimas presentaron en 2011 una demanda civil contra el Arzobispado de Santiago por el presunto encubrimiento de los abusos cometidos por Karadima, que ese mismo año fue condenado por la Justicia canónica a una vida de reclusión y penitencia. En marzo del año pasado, un juez rechazó la demanda, por lo que los denunciantes, representados por el abogado Juan Pablo Hermosilla, apelarán el fallo.
(Ver más: Los demonios de la Iglesia católica en Chile)
La apelación debía revisarse este jueves en la tercera sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, aunque finalmente el caso se tratará dentro de una o dos semanas. Hamilton consideró que el Poder Judicial debe demostrar su "independencia" de la Iglesia y dar una señal clara de que defiende a los más desamparados.
"Lo importante no es lo que opine el papa ni la Iglesia, sino que somos un pueblo soberano y Chile tiene que seguir siendo soberano en sus leyes y la protección de los más desamparados y los más débiles, que son los niños, adolescentes y adultos vulnerables", dijo en declaraciones a la prensa en el Palacio de Tribunales.
Hamilton hizo hincapié en la delicada situación que vive la Iglesia chilena por los abusos sexuales. "Toda la Conferencia Episcopal chilena está renunciada, es el único lugar del mundo donde han renunciado todos los obispos", dijo.
José Andrés Murillo, otro de los denunciantes, subrayó que los abusos y el encubrimiento cometidos por Karadima y otros religiosos chilenos están demostrados y han sido reconocidos por el Vaticano, por lo que ahora es el momento de que el Estado chileno y sus tribunales se pronuncien.
Hermosilla aseguró que sus expectativas sobre el avance de la causa son "neutras" debido a la "posición ambivalente" que, en su opinión, ha mostrado el Estado en los casos de abusos sexuales.
(Lea también: El colombiano que le ayuda al papa a eliminar el abuso a menores)
El caso de los abusos sexuales cometidos por Fernando Karadima es uno de los más emblemáticos en Chile por la influencia del sacerdote dentro de la Iglesia. Desde la parroquia santiaguina de El Bosque, situada en un barrio acomodado de la capital, Karadima forjó durante años sólidos nexos con sectores de la elite política y económica del país.
Según un catastro publicado por la Fiscalía Nacional de Chile a finales de agosto, actualmente hay 119 investigaciones en curso contra 167 personas relacionadas con la Iglesia imputadas y 178 víctimas cuantificadas, 79 de las cuales era menores de edad cuando ocurrieron los hechos.
Víctimas de los abusos sexuales cometidos durante años por el sacerdote chileno Fernando Karadima emplazaron hoy al Poder Judicial a que actúe con independencia y castigue los abusos y el encubrimiento al interior de la Iglesia católica.
"La historia nos dirá si el Estado de Chile y sus jueces estuvieron a favor del abuso y la corrupción, y subyugados al poder de la Iglesia, o si ha sido un poder autónomo que hace el trabajo que le corresponde, que es juzgar", dijo James Hamilton, uno de los denunciantes de Karadima.
Hamilton y otras dos víctimas presentaron en 2011 una demanda civil contra el Arzobispado de Santiago por el presunto encubrimiento de los abusos cometidos por Karadima, que ese mismo año fue condenado por la Justicia canónica a una vida de reclusión y penitencia. En marzo del año pasado, un juez rechazó la demanda, por lo que los denunciantes, representados por el abogado Juan Pablo Hermosilla, apelarán el fallo.
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La apelación debía revisarse este jueves en la tercera sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, aunque finalmente el caso se tratará dentro de una o dos semanas. Hamilton consideró que el Poder Judicial debe demostrar su "independencia" de la Iglesia y dar una señal clara de que defiende a los más desamparados.
"Lo importante no es lo que opine el papa ni la Iglesia, sino que somos un pueblo soberano y Chile tiene que seguir siendo soberano en sus leyes y la protección de los más desamparados y los más débiles, que son los niños, adolescentes y adultos vulnerables", dijo en declaraciones a la prensa en el Palacio de Tribunales.
Hamilton hizo hincapié en la delicada situación que vive la Iglesia chilena por los abusos sexuales. "Toda la Conferencia Episcopal chilena está renunciada, es el único lugar del mundo donde han renunciado todos los obispos", dijo.
José Andrés Murillo, otro de los denunciantes, subrayó que los abusos y el encubrimiento cometidos por Karadima y otros religiosos chilenos están demostrados y han sido reconocidos por el Vaticano, por lo que ahora es el momento de que el Estado chileno y sus tribunales se pronuncien.
Hermosilla aseguró que sus expectativas sobre el avance de la causa son "neutras" debido a la "posición ambivalente" que, en su opinión, ha mostrado el Estado en los casos de abusos sexuales.
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El caso de los abusos sexuales cometidos por Fernando Karadima es uno de los más emblemáticos en Chile por la influencia del sacerdote dentro de la Iglesia. Desde la parroquia santiaguina de El Bosque, situada en un barrio acomodado de la capital, Karadima forjó durante años sólidos nexos con sectores de la elite política y económica del país.
Según un catastro publicado por la Fiscalía Nacional de Chile a finales de agosto, actualmente hay 119 investigaciones en curso contra 167 personas relacionadas con la Iglesia imputadas y 178 víctimas cuantificadas, 79 de las cuales era menores de edad cuando ocurrieron los hechos.