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Desde 2024, en un ambiente universitario marcado por el ejercicio del derecho a la protesta y la defensa de la libertad de expresión, miles de estudiantes —estadounidenses y extranjeros— se han movilizado en decenas de instituciones educativas de Estados Unidos para manifestarse en contra de la situación humanitaria en la Franja de Gaza y las violaciones de derechos humanos en territorio palestino.
Sin embargo, esta ola de protestas no es nueva. Desde el gobierno de Joe Biden se viene registrando una respuesta contundente por parte de las autoridades. Tan solo entre abril y junio de 2024, se reportaron más de 2.000 arrestos relacionados con manifestaciones propalestinas en al menos 30 universidades del país. Uno de los casos más emblemáticos tuvo lugar el 2 de mayo en la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), donde cientos de policías intervinieron para desmantelar un campamento instalado por estudiantes, lo que derivó en más de 130 detenciones.
Aunque el presidente Biden reafirmó públicamente su apoyo al derecho a la protesta pacífica, también advirtió que “el orden debe prevalecer” y condenó cualquier tipo de violencia en el marco de las manifestaciones.
No obstante, durante el gobierno Trump se ha evidenciado un endurecimiento de la postura gubernamental, especialmente en lo que respecta a los estudiantes internacionales. Las autoridades han comenzado a revocar visas y deportar a aquellos que participan activamente en este tipo de protestas, lo que ha encendido las alarmas en comunidades académicas y de derechos civiles, como la libertad de expresión.
Uno de los casos más mediáticos fue el de Rumeysa Ozturk, una estudiante turca de la Universidad de Tufts, en Massachusetts. Ozturk fue detenida por las autoridades tras publicar varios ensayos en The Tufts Daily en apoyo a las protestas estudiantiles propalestinas. Su arresto generó gran repercusión luego de que un video del momento se viralizara en redes sociales, siendo calificado por varios internautas como un “secuestro”.
La grabación fue captada por la cámara de seguridad de Michael Mathis, un ingeniero de software de 32 años que presenció el incidente. “Se acercaron a ella y comenzaron a agarrarla con el rostro cubierto. Iban en vehículos sin identificación”, relató Mathis a la agencia AP. Posteriormente, la universidad confirmó que la visa de Ozturk había sido revocada y que su proceso de deportación estaba en curso.
Casos similares han afectado a otros estudiantes internacionales como Mahmoud Khalil y Yunseo Chung, ambos de la Universidad de Columbia, cuyas visas fueron canceladas debido a su participación en las protestas. Estas acciones han generado preocupación por una posible criminalización de la disidencia y un uso restrictivo del sistema migratorio frente a quienes expresan solidaridad con Palestina en territorio estadounidense.
¿Qué dice el Gobierno Trump sobre la situación?
Hasta el 27 de marzo, según declaraciones del secretario de Estado, Marco Rubio, se habían anulado más de 300 visas estudiantiles. “Seguramente he anulado más de 300. Siempre que encuentro alguno de esos lunáticos no dudo en anular sus visas”, afirmó.
El expresidente Donald Trump también se pronunció en redes sociales sobre su política frente a este tema. “Siguiendo mis órdenes ejecutivas previamente firmadas, ICE aprehendió y detuvo con orgullo a Mahmoud Khalil, un estudiante radical extranjero pro-Hamás en el campus de la Universidad de Columbia. Este es el primer arresto de muchos por venir”, publicó en su cuenta de X.
Adicionalmente, emitió una orden ejecutiva que establece medidas específicas para combatir el antisemitismo, dirigida a disuadir la participación de estudiantes en movimientos pro-Palestina, especialmente aquellos que puedan tener vínculos con organizaciones como Hamás.
¿Por qué nació esta fijación a las universidades por parte de Trump?
Desde su campaña presidencial, Trump ha adoptado una postura firme contra lo que considera antisemitismo, asociando muchas protestas propalestinas con actos de odio. Esta postura se intensificó en 2024, especialmente respecto a lo sucedido en la Universidad de Columbia, donde los campamentos de protesta se mantuvieron desde abril hasta junio. En respuesta, el gobierno federal en el periodo Biden priorizó la deportación de estudiantes extranjeros involucrados en actos de vandalismo, considerándolos una amenaza para la seguridad nacional, aunque no se ha revelado un número exacto de visas canceladas.
Esta postura de la administración no solo se ha dirigido contra los estudiantes, sino que también ha afectado a varias universidades.
La Universidad de Columbia enfrentó la suspensión de 400 millones de dólares en fondos federales por no garantizar la seguridad de sus estudiantes judíos durante las protestas de 2023. Otras instituciones, como Cornell y Northwestern, también fueron objeto de medidas similares, con congelaciones de fondos que en conjunto superan los 1.790 millones de dólares. En el caso de Harvard, la amenaza de retirar 9.000 millones de dólares por supuesta incapacidad para proteger a estudiantes judíos y permitir la proliferación de ideologías divisivas se concretó el pasado 15 de abril, cuando el presidente ordenó la retirada de 2.500 millones de dólares del fondo universitario, acusando a la institución de promover políticas antisemitas.
Como respuesta, el 21 de abril, Harvard presentó una demanda contra la suspensión temporal de más de 2.200 millones de dólares en fondos federales. La acción legal se da en el contexto de varias medidas impuestas por la administración republicana contra la universidad, las cuales buscan frenar lo que consideran un exceso de activismo en el campus.
¿Libertad de expresión en riesgo?
Según un análisis del New York Times, varios expertos en la Primera Enmienda han señalado que estas acciones podrían estar violando el derecho a la libertad de expresión. No obstante, el gobierno argumenta que actúa amparado en una ley de 1952, que permite la deportación de personas involucradas en actos de vandalismo durante manifestaciones.
El mismo medio reveló que la idea del gobierno Trump en fijarse en las protestas sucedidas en universidades privadas como Harvard y Stanford para ver posibles estudiantes que puedan ser una amenaza para la seguridad nacional se ha extendido también a instituciones públicas como la Universidad de Texas y Minnesota State University - Mankato.
Por su parte, The Wall Street Journal reportó que múltiples visas estudiantiles han sido canceladas sin previo aviso ni explicación, generando confusión tanto en los afectados como en las universidades. Las instituciones han manifestado que el Departamento de Estado justificó estas decisiones por motivos de seguridad nacional.
Ante esta situación, el pasado 27 de abril El Espectador conversó con una ciudadana estadounidense, integrante del grupo activista demócrata Indivisible. La entrevista se realizó durante una de las protestas organizadas por esta agrupación en el país. La mujer, quien prefirió no revelar su nombre, expresó su preocupación por varias decisiones del actual gobierno. “Están haciendo todo muy rápido y sin oportunidad de reaccionar. Cualquier persona que intente expresarse en contra del gobierno puede verse envuelta en problemas. Ni siquiera los jueces pueden hacer algo al respecto porque los están despidiendo”, afirmó, en referencia a la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos que otorga al gobierno federal la facultad de despedir a 16.000 empleados públicos en periodo de prueba, así como a los 20 jueces migratorios cesados en febrero.
La manifestante también se refirió a los estudiantes internacionales y a las deportaciones masivas, señalando: “Ellos tienen los mismos derechos que nosotros y deberían ser tratados por igual. Todos tenemos el mismo derecho a la protesta y no es justo que, al momento de expresar su posición sobre lo que sucede en el gobierno, se les deporte o se les cancelen sus visas”.
Al final de la breve conversación, la mujer mencionó que las acciones tomadas por el actual presidente eran semejantes a las de un dictador “seguramente harán todo para mantenerlo en la presidencia por más tiempo, pero si no llega a ser así, estoy segura que cuando vuelva a ser un civil, como todos nosotros, será acusado y llevado a juicio por más razones de las que había antes”, mencionó la mujer.
Sobre este tema, El Espectador habló con Dorian Kantor, politólogo y profesor de la Universidad Javeriana, quien explicó mejor la situación relacionada con la libertad de expresión y las políticas actuales del mandatario norteamericano: “La administración de Trump no solo está reprimiendo la expresión individual, sino también socavando las salvaguardias institucionales. La eliminación de Voice of America, las restricciones al acceso de la prensa a la Casa Blanca y la congelación de fondos para organizaciones que promueven la democracia, como el National Endowment for Democracy and Freedom House, evidencian un retroceso en el compromiso histórico de EE.UU. con la libertad de expresión y las libertades civiles”, mencionó Kantor.
De igual forma Kantor se refirió al caso de Mahmoud Khalil: “este caso resalta una tendencia más amplia bajo la administración de Trump, que ha abandonado rápidamente su supuesto absolutismo sobre la libertad de expresión en favor de atacar a aquellos que considera ‘antiestadounidenses’. Este cambio forma parte de un movimiento iliberal más amplio que busca restringir libertades bajo el pretexto de la seguridad nacional y la soberanía.”
Por último, el profesor habló sobre las políticas actuales del gobierno norteamericano refiriéndose a las repercusiones que han tenido estas prácticas políticas: “A nivel internacional, estas acciones reflejan estrategias empleadas por regímenes liberales, como la continua represión mediática en Hungría, las restricciones a los derechos de las personas LGBTQI+ y los intentos de retirar la ciudadanía a nacionales con doble nacionalidad bajo justificaciones vagas de seguridad. El efecto acumulativo de estas medidas envía un mensaje inquietante a estudiantes y académicos internacionales: Estados Unidos, antes visto como un bastión de la libertad de expresión, se está convirtiendo en un lugar donde las voces críticas pueden ser silenciadas. Esta erosión de derechos socava la confianza en EE.UU. como un espacio para el intercambio académico e intelectual, lo que podría disuadir a investigadores y estudiantes de involucrarse en el debate, la investigación y el activismo”, mencionó Kantor.
Por último, habló sobre las acciones que debería tomar Estados Unidos en la actualidad: “Lo que debería hacer Estados Unidos ya no es una consideración relevante, ya que la administración de Trump está desmantelando activamente tanto la política exterior como la gobernanza interna del país. Trump ha sido sorprendentemente abierto sobre sus tendencias autoritarias y, bajo el marco de Project 2025, su administración está destruyendo sistemáticamente las salvaguardias institucionales y las protecciones de las libertades civiles. Como hemos visto recientemente, incluso están dispuestos a desafiar órdenes judiciales. Tradicionalmente, los presidentes de EE.UU. han ejercido moderación y no han llevado al extremo el uso de su poder, pero Trump está haciendo lo contrario: está construyendo un sistema cada vez más autoritario que viola los principios fundamentales de nuestra democracia constitucional. Las implicaciones de este cambio van más allá de un solo caso; transforman radicalmente la percepción de Estados Unidos como una sociedad abierta y segura, con graves consecuencias para la libertad académica, la libertad de expresión y el propio estado de derecho”.
¿Qué sienten los estudiantes internacionales con respecto a esta situación?
El Espectador conversó con un estudiante colombiano que cursa la carrera de Business and Technology Management en la Universidad de Nueva York (NYU), quien decidió que su nombre no fuera mencionado. En la conversación se logró conocer de primera mano cómo se percibe en su campus el clima de tensión que ha generado la reciente ola de deportaciones a estudiantes extranjeros vinculados a protestas pro-Palestina.
En la entrevista, explicó que, aunque la situación ha generado preocupación en distintos sectores académicos del país, en su institución no ha tenido tanto eco dentro de la comunidad latina. “En mi universidad no se ha sentido tanto el tema por parte de la comunidad latina, como sí lo he notado en otras universidades. Sin embargo, sí ha habido charlas y correos por parte de la dirección de NYU, diciendo que están pendientes de cualquier tipo de situación que pueda surgir relacionada con el tema”, afirmó.
Sobre la dinámica de las manifestaciones dentro del campus, el estudiante indicó que, en su experiencia, estas han sido mayoritariamente pacíficas. “Realmente nunca he evidenciado ningún acto vandálico en estas protestas. Solo una vez se manifestaron frente a la biblioteca y bloquearon el acceso en medio de la semana de exámenes. Pero más allá de eso, no. Esa fue realmente la única protesta, por decirlo así, ‘pesada’, en donde simplemente algunas personas comenzaron a hacer ruido en la zona central de la biblioteca y se pararon en las puertas. Pero nunca hubo vandalismo”, señaló.
Con el inicio de las deportaciones, el entrevistado percibió un cambio en el tono de las manifestaciones dentro del campus. Según contó, estas adoptaron un carácter aún más pacífico: “Una vez comenzaron estas deportaciones, las manifestaciones cambiaron el formato. Se volvieron más tranquilas, sin bloquear absolutamente nada”.
El estudiante también reveló que recientemente recibió un correo de la universidad que confirmaba la revocatoria de visas F1 a algunos estudiantes de NYU, lo que incrementó la inquietud entre los alumnos internacionales. “Justo ayer en la noche recibí un correo donde la universidad nos informaba que ya ha habido estudiantes a los cuales se les revocó la visa F1, algunos de ellos sin justificación. En ese mensaje explicaban que la Oficina de Servicios Globales (OGS, por sus siglas en inglés) está muy pendiente de todos esos casos y, si no se puede restablecer el estatus internacional del estudiante, la universidad ofrece apoyo académico para ayudar a buscar otra institución que lo reciba”.
Aunque hasta ese momento no sentía temor, el entrevistado reconoció que el mensaje cambió su percepción. “Antes de que me llegara el correo, no tenía nada de miedo. Yo hice un proceso muy riguroso para poder acceder a la visa, me mantengo al día con mis documentos —el I-20 y lo que exige la visa F1—, entonces no tenía nervios. Pero después de recibir ese correo, uno se queda pensando. El hecho de que estudiantes con visa F1 estén siendo deportados, y algunos sin una justificación clara, da un poco de miedo”.
Finalmente, la fuente aseguró que su familia en Colombia se encuentra tranquila respecto a su situación y que espera que no surja ningún contratiempo que afecte su permanencia en Estados Unidos.
El Espectador intentó dialogar con otros dos estudiantes, pero debido al contexto actual, estos decidieron no dar declaraciones sobre el tema.
¿Cuántas deportaciones ha habido durante la administración Trump?
Un reciente informe de CNN reveló que, entre el 20 de enero —día en que Donald Trump asumió la presidencia— y el 20 de febrero, se llevaron a cabo 143 vuelos de deportación. Esta cifra representa apenas tres vuelos más que los registrados durante el mismo periodo en 2024, bajo la administración de Joe Biden.
Sin embargo, más allá de los números, las declaraciones del nuevo mandatario y de su gabinete han incrementado la tensión y el temor entre la comunidad internacional residente en Estados Unidos, especialmente en el entorno universitario. Los recientes videos de detenciones, las manifestaciones en los campus y los comunicados oficiales han dejado en suspenso el futuro inmediato de miles de estudiantes extranjeros en el país, provocando miedo en aquellos que pensaban con manifestarse pacíficamente con respecto a una situación internacional como la que se vive actualmente en Palestina.
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Por Juan Camilo Beltrán Guzmán
