Este viernes entra en vigor en la Unión Europea (UE) el Pacto Europeo de Migración y Asilo, un paquete normativo muy polémico por su visión enfocada en la seguridad y en la externalización de fronteras, que cambiará algunos aspectos clave del control migratorio y la protección internacional en España.
Fue acordado en diciembre de 2023, bajo la presidencia española del Consejo de la UE, y estas son algunas de las novedades que entran en funcionamiento:
Un exhaustivo triaje para las llegadas
El pacto introduce un exhaustivo proceso de triaje común en toda la UE para los nacionales de terceros países que llegan a la frontera sin permiso de entrada.
Esto incluye un reconocimiento médico preliminar, un examen de vulnerabilidades para detectar a víctimas de trata, una labor de identificación, registro de datos biométricos, el cumplimiento de un formulario y la derivación al procedimiento de protección internacional o al de retorno.
Mientras dure el proceso, el migrante no podrá recibir autorización de entrada y deberá permanecer a disposición de las autoridades. Este triaje puede durar hasta 7 días, pero, en el caso de España, se mantiene el plazo actual de 72 horas.
Recogida masiva de datos, también a los niños
Uno de los puntos más criticados es la recogida de datos biométricos, que se amplía significativamente al pasar del mero registro de huellas dactilares a la toma de una fotografía del rostro y digitalización de la documentación, si la hay.
Otra de las novedades que más han encendido las alarmas es que se rebaja la edad de los migrantes a los que se les recaba estos datos: antes era a mayores de 14 años y ahora, a todos los que superen los 6.
El objetivo es compartir esta información con todos los Estados miembros a través de una nueva base de datos que ya no solo será aplicable a solicitantes de asilo, sino que contendrá información de todas las personas llegadas de forma irregular a Europa.
12 semanas para resolver en asilo en frontera
Otras novedades tienen que ver con el asilo, para el que se establecen tres procedimientos: el de frontera, que se resolverá en 12 semanas incluida la revisión judicial si la hay; el examen acelerado, en tres meses, y el examen estándar, de seis.
En cuanto al de frontera, el solicitante no podrá recibir una autorización de entrada mientras se resuelve y deberá permanecer en unas instalaciones habilitadas, aunque no privados de libertad.
Procedimiento acelerado de 3 meses para algunos casos
El procedimiento acelerado se aplica en ciertos casos, como personas de un país con una tasa de reconocimiento de protección igual o inferior al 20 % en el conjunto de la UE o de un Estado considerado “seguro” por la Unión, como Colombia o Marruecos.
Para el procedimiento general, se acortan los plazos: desde que la persona manifiesta su deseo de pedir protección, en 5 días la petición tiene que estar registrada y en otros 21, formalizada, cuando hasta ahora no había plazos concretos.
Con la entrada en vigor de este pacto, el Ministerio del Interior dejará de reconocer y renovar autorizaciones de residencia temporal por razones humanitarias, como las concedidas en los últimos años a ciudadanos de Venezuela.
Se mantiene la red estatal de acogida para migrantes
En cuanto a la red de acogida de los migrantes que llegan de forma irregular a España y los solicitantes de asilo, el Gobierno ha garantizado que mantendrá su capacidad.
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha puesto a disposición sus centros para el procedimiento fronterizo de protección internacional, con unas 10.000 plazas.
Una solidaridad obligatoria que beneficiará a España
El paquete incluye un mecanismo de solidaridad obligatoria que con los países que presentan más presión migratoria ―que en este momento son España, Italia, Grecia y Chipre―, y que obliga a todos los Estados miembros a colaborar con éstos a través de reubicaciones de migrantes, apoyo operativo o una contribución financiera fijada en 20.000 euros por cada persona que le correspondería acoger.
En el caso de España, la prioridad para el primer ciclo de este pacto ―los primeros seis meses― será la de recibir una contribución financiera destinada en gran parte a costear detalles operativos como la formación de jueces que resuelvan estos casos, según dijeron fuentes diplomáticas.
Eso no implica que España no tenga que contribuir al contingente: todos los países deben hacerlo en función de su PIB y su población, y el Gobierno español propuso hace meses aportar 42 millones de euros este año, una suma sobre la que podría pedir más adelante una reducción o exención.
No a los centros de retorno en terceros países
Dentro del margen que da el pacto, España ha sido tajante al rechazar algunas de las medidas más restrictivas hacia las que caminan muchos otros miembros, como la creación de centros de deportación fuera del territorio de la UE, por tener “serias dudas” sobre su “legalidad y proporcionalidad”.
¿Y otros países? Del entusiasmo alemán al rechazo polaco
El canciller alemán, Friedrich Merz, calificó el jueves la entrada en vigor del Pacto como “el paso más importante” hacia la solución de la entrada irregular de migrantes, en línea con el endurecimiento de la política migratoria por el que aboga el Gobierno frente al auge de la ultraderecha en el país.
En Francia, el grueso de la transposición del pacto migratorio se va a llevar a cabo con un proyecto de ley que se está tramitando aún en el Parlamento y que habilita al Gobierno a legislar por decreto. Además, se prevé la publicación de una circular para precisar la normativa aplicable a partir de este 12 de junio, puesto que una parte importante del pacto no se ha adaptado a tiempo.
Portugal llega a la entrada en vigor con una adaptación parcialmente avanzada: el Gobierno ha presentado en la Asamblea de la República las modificaciones legislativas necesarias para incorporar varias de las nuevas normas, pero el debate parlamentario evidencia que persisten discrepancias sobre algunos instrumentos previstos en el marco europeo.
Mientras, Polonia se ha mostrado contraria a aplicar la parte relativa al mecanismo de seguridad obligatorio, con una oposición explícita del primer ministro Donald Tusk: “no se aceptará ni una reubicación y no se pagará ni un solo céntimo”, postura que subrayó como “definitiva”, hasta el punto de llamar hace unos meses a una “revuelta contra la regulación” de Bruselas.
Varsovia justifica su posición alegando que se encuentra en una situación única debido a la “guerra híbrida” en su frontera con Bielorrusia, además de resaltar la acogida de millones de refugiados ucranianos en los últimos años. Por ello, Polonia ha reclamado una exención de cuotas, tras ser clasificado como país “afectado por una presión migratoria significativa”.
Italia como modelo
El gobierno de Giorgia Meloni ha celebrado abiertamente la activación del Pacto, defendiendo que el texto final de Bruselas convalida y hace suyo el “enfoque italiano” al incorporar medidas que ya están en vigor en Italia.
Las nuevas directrices comunitarias representan la legitimación europea de la estrategia migratoria italiana y del nuevo paquete de medidas restrictivas aprobado por el Ejecutivo de Meloni en enero de 2026, el cual prevé bloqueos navales temporales, retornos acelerados en frontera y mayores supuestos de expulsión.
El nuevo marco de la UE permitirá a Italia reactivar los centros de detención y gestión del asilo en Albania, diseñados originalmente para procesar a migrantes rescatados en el Mediterráneo, pero que han permanecido bloqueados por la justicia desde su apertura en octubre de 2024.
Austria, por su parte, figura entre los países que defienden una aplicación más estricta del pacto: aunque ha avanzado mucho en su adaptación legal, aún tiene el reto de aplicar todos los procedimientos acelerados en frontera e integrar de forma plena el sistema biométrico Eurodac.
Viena ha insistido especialmente en frenar los movimientos secundarios de migrantes y ha sido uno de los principales impulsores de los controvertidos centros de deportación fuera de la UE.
Carencias en las fronteras este y sur
Bulgaria figura entre los países más avanzados en la adaptación técnica al Pacto, especialmente en el sistema Eurodac, aunque la CE advierte de importantes carencias en la capacidad de acogida, recursos humanos e infraestructuras, además de posibles retrasos en la aplicación de los procedimientos fronterizos y en las garantías para los solicitantes de asilo.
Y Hungría presenta un nivel de cumplimiento muy limitado del nuevo pacto, ya que el anterior Ejecutivo de Viktor Orbán no publicó su plan nacional ni ha iniciado preparativos para la creación de centros de acogida, mientras que el nuevo Gobierno tampoco ha avanzado en su elaboración.
Además, Budapest arrastra una multa diaria del Tribunal de Justicia de la UE por incumplimientos previos en materia de asilo, lo que sigue sin resolverse pese a las negociaciones del nuevo Ejecutivo con Bruselas.
En el caso de Grecia, el nivel de cumplimiento presenta importantes carencias. Según un informe de la Comisión Europea previo a la entrada en vigor del Pacto, hasta el 7 de mayo, el país aún no contaba con las instalaciones de acogida ni con el personal suficiente para poner en marcha los nuevos procedimientos fronterizos exigidos.
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